2 de enero en la SCJN: ¿una presidencia interina?

Desde que se decretó la inconstitucionalidad de la maniobra que buscó ampliar la Presidencia del ministro Zaldívar al frente de la SCJN supimos que el lunes 2 de enero de 2023 los integrantes del pleno tendrían su cónclave para designar al sucesor o sucesora. Nadie imaginaba, sin embargo, que dicho traspaso se vería envuelto en otra polémica igual de grave, como la que rodea al plagio de la tesis de licenciatura en la que se ha visto envuelta la ministra Esquivel.

La efervescencia no podría ser mayor, ya que la ministra forma parte de las 5 candidaturas que serán sometidas a votación del pleno en la sesión inaugural del 2 de enero, la cual difícilmente se realizará en un contexto de normalidad, por los señalamientos existentes sobre su persona. En consecuencia, los escenarios que se avizoran son inéditos puesto que no hay registro de que haya ocurrido algo semejante en el pasado. Acaso el escenario más evidente, pero al parecer poco factible, es que en cualquier momento y hasta el inicio de la sesión, la ministra retire públicamente su candidatura, lo que conduciría a que en la sesión se votara por las cuatro candidaturas restantes.

Si dicha declinación no ocurre, el panorama se vuelve más complejo, pues en el poco tiempo que queda, aunque la UNAM diera pasos adicionales a los que ya dio –mostrando las coincidencias de las tesis, convocando a los autores, jurados y asesora, o exhibiendo los documentos que acreditan el proceso de aprobación de la tesis conforme al Reglamento de Exámenes–, disipando así ciertas dudas sobre el autor original, su actuación no sería definitoria todavía porque para ello quedarían por agotar algunas fases previstas por la normativa interna, a partir de la regulación existente en aquél momento, que deberán desahogarse ante el respectivo Comité de integridad académica y científica.

El peor escenario para la autoridad y la imagen pública de la SCJN es el que resulta de forzar la realización de la elección este 2 de enero, dentro de una mecánica opaca que no permite identificar quién vota por quién, sin haber resuelto esta lamentable controversia jurídica de manera previa y bajo el principio de máxima transparencia. Voltear hacia otro lado, como si nada ocurriera, servirá únicamente para sepultar las dudas que permean en la opinión pública, lastimando la presunción de inocencia que debe acompañar a las personas involucradas hasta que haya un pronunciamiento final de las autoridades competentes. El daño podría ser incluso mayor ante la posibilidad de que la ministra Esquivel fuera elegida presidenta, y que posteriormente se confirmara que cometió plagio, lo cual obligaría a que el pleno se viese orillado a cesarla en sus funciones por “causa grave y justificada” como reza el art. 33 del Reglamento, con independencia de las responsabilidades de otra índole que de ello podrían derivarse. Incluso, si se eligiese a alguno de los 4 candidatos adicionales, la designación podría quedar marcada por su falta de equidad si con el tiempo quedase demostrada la inocencia de la ministra.

Dado que son pocas las horas que faltan para esa sesión, es necesario prever algunas salidas que garanticen que la elección se llevará a cabo hasta que las dudas existentes sobre el plagio queden definitivamente resueltas, para que todas las candidaturas concurran a dicha votación en igualdad de condiciones.

No existen reglas que orienten qué hacer frente a esta disyuntiva. De lo que no hay duda es que el mandato del ministro Zaldívar debe terminar este 31 de diciembre. Ante este escenario, la interpretación de los arts. 11 y 13 de la LOPJF parecerían sugerir que lo más adecuado es que en dicha sesión el pleno optara por designar una “presidencia provisional” en caso de que se prevea que tal controversia podría resolverse en pocas semanas, misma que recaería en el ministro decano (Pardo Rebolledo). Aunque también podría preverse la adopción de un Acuerdo General del Pleno en el que se estipule una “presidencia interina” que recaiga en quien genere el consenso –con excepción de Aguilar y Zaldívar, que ya no pueden serlo–, y que por ningún motivo podría extenderse más allá de 6 meses.

El daño a la autoridad, imagen e independencia de la SCJN se ha intensificado en estas últimas semanas, correspondiendo a los ministros demostrar que están a la altura de las circunstancias y que son capaces de sortear estas vicisitudes a través de una decisión ponderada que salvaguarde el rol institucional que está llamada a desempeñar, el orden jurídico establecido, y los derechos de todas las personas involucradas en este episodio, aspirantes o no.