2025: Falacias presupuestales que dejan incertidumbre a México

Opinión
/ 13 diciembre 2024

El verdadero problema será en 2026, cuando se vean los malos resultados obtenidos en el siguiente año y no quede nada que dar o repartir

Apenas el día de ayer en la madrugada, la Cámara de Diputados terminó el Presupuesto de Egresos junto con los ajustes a educación que eran necesarios para que no hubiera un rezago tan grande en ese sector. Los resultados y las críticas no se hicieron esperar porque 2025 será un año complicado en términos de comercio internacional por la llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana, y desde una perspectiva interna, la desaceleración de la economía nacional requiere estrategias, tanto económicas como fiscales, para incrementar la inversión privada que genere empleos y, sobre todo, ingresos para el país.

En términos generales, el presupuesto de ingresos del Gobierno Federal será de 7.5 billones de pesos, de los cuales 5 billones son de impuestos, un billón de ventas petroleras, 1.2 billones que provienen de empresas paraestatales y organismos gubernamentales como el IMSS o la CFE, y algo más de 300 mil millones de pesos de otros rubros. Sin embargo, el problema es que el presupuesto de egresos gubernamental es mucho mayor a lo que estamos generando y para el 2025 se estima que gastaremos poco más de 9.3 billones de pesos, un incremento muy pequeño comparado con los 9 billones de este 2024.

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El gasto se divide en dos partes y queda asignado en la parte programable (1ra parte) en 1.8 billones para servicios personales y gastos de operación; 1.6 billones en pensiones tradicionales (no las del bienestar), esquemas pensionarios nuevos, becas y otros programas sociales se llevarán 2 billones y sólo un billón será para inversión. El gasto no programable, la segunda parte del gasto total, se irá en gastos financieros, que son principalmente pagos por servicio de la deuda o, lo que es lo mismo, intereses, y las participaciones a los estados como parte del “pacto fiscal”. Cada rubro tendrá 1.3 billones de pesos (2.6 billones en total).

Llama la atención que se dedique lo mismo al pago de interés que al dinero que se dará a los estados, sobre todo en un momento en que las necesidades de infraestructura, educación y, sobre todo, cuidado de la salud, están tan abandonadas. Este último concepto recibió una reducción presupuestaria de cuando menos un 13 por ciento con respecto al año pasado, que ya había sido reducido un 18 por ciento con respecto a 2022. Simplemente la salud ha sido olvidada en el sexenio anterior y, desde luego, en este.

El presupuesto es tan reducido que muy poco se podría hacer para cambiarlo. Hay que pensar que México sólo capta el 14.7 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos y, aunque se hace mucha publicidad sobre el aumento de la captación fiscal, en realidad sigue siendo muy limitada en comparación con países con economías similares como Colombia, Brasil o Chile, donde llega al 28 por ciento del PIB. Es por eso que no se entiende por qué se crean programas sociales sin primero tener el origen de esos recursos. Lo correcto para que el gobierno tuviera unas finanzas públicas sanas sería que sólo gastara lo que ingresa o genera, pero eso es imposible en estos momentos, por todos los compromisos de los programas sociales, los intereses de la deuda y pensiones, estos renglones representan casi el 60 por ciento de los gastos.

También hay que recordar que es necesario reducir el déficit, la diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa a nivel estructural respecto a lo que ha pedido prestado el gobierno porque ya se llegó al 6 por ciento y el reto ahora es bajarlo al 4 por ciento cuando menos, como lo argumentó el secretario de Hacienda.

Y es aquí donde viene el gran asunto, como las pensiones y los programas sociales, prácticamente entre ellos dos, van a quebrar las finanzas públicas, se requiere una reforma fiscal de gran calado o, lo que es lo mismo, un aumento de impuestos. Además, cada año crece exponencialmente el número de personas que reciben programas sociales. De acuerdo con datos del propio Gobierno Federal, de lo que se ufana grandemente y no se entiende por qué, el 73 por ciento de los hogares mexicanos recibe al menos un programa social.

Cada año sube el número de personas de la tercera edad como proporción de la población total, lo que incrementa el número de pensiones del bienestar y de organismos como Pemex, CFE, que también paga el Gobierno Federal. Es obvio que la población mexicana está envejeciendo y con ella crece el número de pensiones que se tienen que pagar con el esquema de contribución social.

El siguiente año, como sea, ha sido cubierto bajo un esquema que a nadie dejó satisfecho. Los cambios hechos dejan en claro que el gobierno actual prefiere dar dinero en mano que invertir. En el caso de la educación, se incrementó el presupuesto, pero se enfocó en dar más becas, prácticamente nada a infraestructura, casi nada en capacitación o materiales a los maestros y mucho menos, casi nada, a la inversión en tecnología educativa. En salud el aumento se fue a sueldos, muy necesario por el rezago que mantenían, aunque no hubo nada para infraestructura hospitalaria, investigación o capacitación.

Lo preocupante del presupuesto para 2024 es que está sustentado en una serie de factores económicos que muy pocas probabilidades tienen de cumplirse. Por ejemplo, un tipo de cambio a 18 pesos con 70 centavos, que con la amenaza de los aranceles de Trump, lo más seguro es que haya una depreciación mayor a la actual, que sería lo natural para compensar el incremento de los precios en Estados Unidos. También se ha dicho que el país crecerá a una tasa del 2 al 3 por ciento, lo cual es sumamente dudoso bajo el esquema de muy baja inversión productiva que hay y que habrá con la potencial renegociación del tratado de libre comercio.

Ya hay proyectos detenidos y que muy seguramente así seguirán a la espera de ver en qué terminan los cambios constitucionales, incluyendo el del Poder Judicial para ver si México tiene la capacidad para seguir siendo un país competitivo en la arena internacional, ya que por lo visto, los cambios presupuestales solo eliminan los síntomas de una enfermedad económica (más gasto que ingresos) que ya se volvió crónica.

Los resultados del presupuesto no formulan una certidumbre de que el país será una potencia mundial, como hasta el momento se nos ha querido hacer ver. El verdadero problema será en 2026, cuando se vean los malos resultados obtenidos en el siguiente año y no quede nada que dar o repartir. Allí es cuando el presupuesto volverá a crecer a costa de todos los que trabajamos para darles a los que no trabajan. Allí sí necesitaremos aumentar los impuestos grandemente para que el gobierno siga gastando sin favorecer la inversión.

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