Lavado de dinero
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Santiago Creel
Senador del PAN
El crimen organizado es crimen porque es un gran negocio. La rentabilidad, es tal, que 28 mil mexicanos han arriesgado y perdido su vida. No hay mejor negocio en el mundo, no paga impuestos, no está sujeto a ninguna regulación y no respeta fronteras.
El monto que manejan estas organizaciones en el país es de 30 a 35 mil millones de dólares por año, lo que representa alrededor de cuatro puntos del Producto Interno Bruto. No por nada la revista Forbes destaca que un capo mexicano está dentro de la lista de los más ricos y probablemente se queda corta, puesto que deben haber muchos más. Cuando se captura a un criminal esto no quiere decir que su red financiera se desmantele. Por el contrario, se reagrupa. Además, esos recursos le dan trabajo a cuando menos medio millón de personas. Es por eso que la aprehensión de capos, así como la incautación de droga o el desmantelamiento de laboratorios o plantíos, sin duda ayuda, pero ciertamente no es suficiente. La lucha hasta ahora se ha hecho con esos fines. Sin embargo, el negocio prácticamente ha quedado intocado. Los montos de dinero que se le han quitado a estas organizaciones no representan ni siquiera el uno por ciento de lo que vale el negocio. Los criminales mueren en las refriegas o se les encarcela, pero el dinero queda a salvo. Es urgente otorgarle al Gobierno los instrumentos que le permitan identificar y decomisar esos recursos ilícitos. En el Senado se han presentado diversas iniciativas. En los próximos días se someterán otras -incluyendo una de quien esto escribe-. Este nuevo enfoque puede dar los resultados que los ciudadanos están esperando. La nueva legislación debe tener por objeto combatir las "lavanderías de dinero" que el crimen organizado utiliza. Toda operación a partir de cierto monto, digamos 100 mil pesos, tiene que poder revisarse e investigarse en caso de ser necesario. También, para dejar huella o registro, tendrán que realizarse siempre a través del sistema de trasferencias o pagos bancarios. Sé que estos nuevos controles traerán aparejadas molestias a los gobernados, pero se convierten en indispensables para pegarle al motor de esta criminalidad. Los recursos que se le incauten a las organizaciones criminales deben servir para financiar su combate.