A precios de remate

La bancada morenista de la Cámara de Diputados impulsa una ley para sancionar a quien injurie al jefe del Poder Ejecutivo, a los secretarios del gabinete, ministros, Fuerzas Armadas, legisladores, gobernadores y al fiscal general de la República.

En realidad se votó por reavivar una vieja ley de la época de don Venustiano Carranza, actualizando las sanciones económicas correspondientes para que desalienten las irrefrenables ganas que tenemos todos de mentarle su madre a esa manga de HDP buenos para nada.

La ley ya contemplaba hasta dos años de prisión para los infractores, aunque en lo económico las multas iban de los 25 a 200 pesos, lo que convierte en una verdadera ganga el gusto de descoserse en improperios contra la élite del poder en México.

-¿Y tú qué vas a hacer con tu aguinaldo, Tancredo?

-Le voy a comprar algo bonito a mi señora y les voy a decir a la ministra Esquivel, a Ricardo Monreal y a Gertz Manero que se vayan a tomar por cu...

-¡Wow, wow! Oye: ¿Y por qué de una vez no metiste al Presidente en el paquete?

-Es que también tengo que pagar unas cosas que debo en Coppel, pero a ver si cuando repartan las utilidades.

La ley es una de las tantas que constituyen letra muerta en nuestros códigos, pues por más que un gobernante estuviese tentado a hacerla efectiva, se exhibiría como un auténtico dictador, ya que sancionar o hacer encarcelar desde el poder a alguien por lo que dijo, atenta contra uno de los derechos humanos primordiales, el de la libre expresión, no importa cuán duros sean los epítetos, los denuestos o la crudeza del escarnio.

Y es que imponer una pena corporal como lo es el encarcelamiento por proferir unos cuantos insultos, estará en la ley y lo que usted guste, pero es totalmente desproporcionado. Además, entablar una lucha sobre lo que se puede y no se puede decir, también desde el privilegio del poder y en contra de un ciudadano o particular, siempre será una batalla desigual.

Por si fuera poco, conceptos como “injuria” están tan abiertos a la interpretación que un juicio por este “delito” sería complicadísimo, un verdadero dolor de hemorroides.

Por ejemplo, si en efecto le acomodásemos a alguien (digamos, a un diputado federal) la categoría de “hijo de puta” y nos acusaran de injuria, nuestra defensa podría alegar que una de las muchas acepciones que el diccionario recoge para esta expresión es la de “persona que actúa con mala intención y que molesta o perjudica a otros con sus faenas o malas pasadas”. De manera que uno siempre podría acogerse al beneficio que nos otorga la polisemia:

“Por lo tanto no se puede acusar dolo en los comentarios vertidos por mi cliente, Su Señoría, ya que en ningún momento trató de ser irrespetuoso, sino descriptivo. La expresión podrá ser vulgar, pero es perfectamente legítima y veraz, es decir, apegada a la realidad. Así que no sólo la parte acusadora, sino también sus abogados, la LXII Legislatura, los miembros del jurado y usted, Señor Juez, quedarán como unos reverendos hijos de puta si deciden condenar a mi cliente. ¡He dicho!”.

Lo mejor es obviar estas leyes hasta que alguien tenga el buen tino de reformarlas para hacerlas más consistentes con la manera en que opera el mundo real, o de plano sean mejor derogadas.

Pero una dipu-tonta por Morena, con muy pobre calidad moral para andar promoviendo iniciativas o siquiera formar parte del cuerpo legislativo (consulte sus antecedentes), una tal Bennelly Jocabeth (nombre teibolerísimo) Hernández Ruedas, pretende desempolvar esta ley que data, ya le digo, de 1917 y actualizarla de acuerdo al valor actual de nuestra moneda para que nos la pensemos dos veces antes de vociferar contra funcionarios y representantes.

¿Pero qué cree?

Que el Presidente rechazó esta moción y se pronunció en contra de actualizar y revitalizar esta ley. Agregó que la vetará porque, como bien sabemos, él es todo un paladín de la libertad de expresión... ¿cierto?

¡Seguro!

La verdad es que no sería la primera vez que la 4T crea un problema donde no lo había, sólo para luego echarse atrás y finalmente querer colgarse una medalla por haber “resuelto” dicha bronca, aunque ellos mismos la hayan generado en primera instancia.

Aquí intuyo este patrón recurrente. Ahora se supone que vamos a tener que agradecerle al Presidente su rechazo a esta iniciativa y ensalzarlo como demócrata, cuando dicha ley dormía el sueño de los justos sin estorbarnos, hasta que sus propios lacayos legislativos tuvieron el poco tino de despertarla (y si usted es de los que piensa que la bancada morenista actúa con independencia del Presidente de la República, sáquese mucho a la goma de aquí, por favor).

Acaban de hacer uno de los números más gastados de su repertorio: Provocar un incendio para que AMLO venga con el extinguidor en busca de nuestro aplauso.

Si en verdad fuese López Obrador un demócrata, partidario de la pluralidad y respetuoso de la libre expresión, jamás habría dicho ni la mitad de lo que suelta desde hace cuatro años en La Mañanera, espacio desde el cual trata de imponer, a través del descrédito, la intimidación y (él sí) la injuria en contra de sus críticos, su versión unipersonal de la realidad.

Mientras tanto y aprovechando que las injurias contra servidores públicos todavía están a precios de 1917, hay que ir desahogando todo lo que lleva uno en su recargado pecho.

Ya si después nos asestan un incremento a las sanciones por este concepto, organizamos la vaquita entre todos para pagarle la multa a aquel que sepa echar las mejores y más sonoras mentadas de madre.

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