Abuso del derecho: Cuando todo es violencia, nada lo es

Opinión
/ 20 marzo 2025

El abuso de un derecho afecta no sólo a las personas directamente involucradas, sino que además genera un impacto negativo en la sociedad porque, cuando esta práctica se vuelve cotidiana, crea desconfianza y desigualdad

En fechas recientes se hizo viral el caso de #LadyUber, en el que una usuaria del servicio de transporte a través de la aplicación digital amenazó al conductor con acusarlo de acoso, en virtud de que el mismo se detuvo y le pidió que descendiera de la unidad, tras los constantes gritos y reclamos de la pasajera para que siguiera sus indicaciones y se apresurara en llegar a su destino.

El conductor del vehículo grabó el episodio, cuya difusión se hizo viral y causó indignación entre los usuarios de las redes sociales, quienes mostraron preocupación ante la facilidad con que una persona puede levantar una denuncia falsa, lo que motiva la reflexión en este espacio.

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La lucha para prevenir, sancionar y erradicar los actos de violencia en contra de las mujeres es una causa legítima que nos ha reunido a miles de mujeres, desde diferentes trincheras, por el reconocimiento de nuestros derechos para que se garantice la igualdad de oportunidades, para que se reconozcan los sesgos estructurales existentes en la sociedad que durante años limitaron el ejercicio efectivo de prerrogativas tan básicas como la libertad, el percibir un salario igual por el mismo trabajo, la seguridad de nuestros cuerpos y nuestras vidas.

En esa causa estamos incluidas todas sin importar nuestros defectos o virtudes, nuestros aciertos o errores y, a pesar de que existen innumerables avances en los tiempos recientes, aún faltan muchos kilómetros por recorrer.

Sin embargo, casos como el que he narrado también deben recordarnos que, en materia jurídica, existe la teoría del abuso del derecho, que no es otra cosa sino una figura legal que se refiere al hecho de que una persona ejerza un derecho de forma excesiva o desproporcionada con el objetivo de causar daño o perjuicio a otra persona, lo que se considera una conducta ilícita y antijurídica que va en contra de los principios de buena fe y equidad, la cual se puede dar en cualquier ámbito o materia: civil, laboral, administrativa y penal.

Esta figura ha sido ampliamente estudiada por diversos autores y ha sido reconocida en la práctica y en la jurisprudencia que, en términos generales, refiere que el ejercicio del derecho en cuestión es excesivo o anormal cuando va más allá de la finalidad prevista en la norma y vulnera derechos de terceros.

Lamentablemente, también en ocasiones los mecanismos creados para proteger derechos tan sensibles, como la integridad física, la vida, la libertad, la salud de las mujeres, y que han costado tantos años de lucha de miles de mujeres, pueden ser utilizados bajo la figura del abuso del derecho, lo que banaliza y devalúa el significado de temas tan sensibles como la violencia.

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Ante tal escenario, debe hacerse conciencia de que el abuso de un derecho afecta no sólo a las personas directamente involucradas, sino que además genera un impacto negativo en la sociedad porque, cuando esta práctica se vuelve cotidiana, crea desconfianza y desigualdad, pues personas que son protegidas por mecanismos creados para evitar desigualdades y abusos, paradójicamente los utilizan, precisamente, para ese mismo fin.

Es por este motivo que resulta importante el rechazo y la condena social, así como mecanismos eficaces de control y sanción para que se establezca y garantice un sistema de justicia equitativo y eficaz, donde se respeten los límites y restricciones establecidos por la ley, pero además que los jueces y tribunales tengan la preparación y experiencia para identificar los casos de abuso de derechos, de manera que garanticen la protección de las personas afectadas. Sin embargo, lo más trascendente, como en muchos otros temas, es que se promueva la educación y concientización en la sociedad para que podamos identificar y dar el valor correspondiente al uso de los mecanismos legales creados para proteger y garantizar una vida libre de violencia.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila; Maestra en Justicia y Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste; Especialista en Justicia Electoral y Maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral y Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.

Es magistrada en el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Fue consejera del Instituto Electoral de dicho estado de 2015 a 2020. Con anterioridad a este nombramiento, se desempeñó como secretaria general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila, además durante periodos de licencia fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Monterrey del TEPJF, en la cual se encuentra habilitada, para dicho cargo, al día de hoy. También laboró en el Poder Judicial del Estado de Coahuila en diversos cargos judiciales en la Sala Colegiada Civil y Familiar y en juzgados del fuero común en materias Civil, Mercantil, Familiar y Penal.

Entre sus actividades de actualización y formación continua destacan los cursos y seminarios en materia de igualdad de género, derechos humanos, políticas públicas, planeación estratégica, justicia abierta, así como cursos específicos en diversos temas electorales. Además, ha combinado sus responsabilidades como servidora pública con las de docente y ha participado como autora en revistas especializadas en materia electoral y capítulos de obras colectivas.

Forma parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), es fundadora de la Red +Mujeres Coahuila y miembro de la Red de Mujeres en Plural (MenP), Red de Mujeres Líderes de las Américas (MLA), Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos (AMMEL), Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM), la Barra Mexicana de Abogados (BMA), del colectivo 50+1 Capítulo Coahuila y de la Asociación de Licenciadas en Derecho de Coahuila.

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