‘Ahí está el detalle’: El juicio pendiente del Poder Judicial y el llamado al voto

Opinión
/ 28 abril 2025

Una justicia absurda y elitista convierte al inocente en sospechoso y a la verdad en un trámite. Nuestro tiempo exige que la justicia deje de ser una comedia de enredos para convertirse en una garantía real de derechos

La historia mexicana está marcada por instituciones que, en muchos momentos, han funcionado no como garantes de derechos, sino como laberintos de burocracia, clasismo y privilegios. De entre todas ellas, pocas han gozado de una percepción tan lejana del pueblo como el Poder Judicial. Hoy, ante la inminente oportunidad de renovar a sus integrantes mediante el voto popular, es preciso recordar que el juicio pendiente no es sólo a los jueces, sino también a nuestra propia voluntad democrática.

Hace más de ochenta años, Mario Moreno “Cantinflas” retrató en la película “Ahí está el Detalle” una parodia brutal —bajo la apariencia de comedia— de los absurdos del sistema de justicia mexicano. El protagonista, enredado en tecnicismos legales, manipulaciones procesales y autoridades incapaces de distinguir la verdad del papeleo, termina siendo víctima de un aparato que parece más interesado en sostener su propia ficción que en impartir justicia.

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La metáfora sigue vigente. El sistema judicial que Cantinflas criticó con ironía sigue siendo, en muchos espacios, inaccesible para el ciudadano común, refractario a la transparencia y, en ocasiones, funcional para intereses de poder antes que para las demandas de justicia popular. “Ahí está el detalle” —podríamos decir—: no basta con proclamar un Estado de derecho si los encargados de administrarlo están desconectados de la voluntad democrática y de los principios constitucionales que dicen defender.

El próximo proceso electoral del Poder Judicial representa, en este contexto, una oportunidad extraordinaria: someter a evaluación pública una instancia que por décadas operó como el castillo de la pureza. Que los jueces, magistrados y ministros provengan ahora de la decisión ciudadana no garantiza por sí mismo una transformación profunda, pero sí abre la posibilidad de terminar con el corporativismo judicial, de democratizar los méritos y de colocar a la justicia en el terreno donde siempre debió estar: al servicio del pueblo y no al margen de él.

Sin embargo, el panorama actual revela desafíos significativos. Según una encuesta realizada en 2024, el 71 por ciento de los encuestados reconoce correctamente la división del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunque existen discrepancias en la percepción de la jerarquía. Por ejemplo, el 39 por ciento sitúa a la Suprema Corte al mismo nivel que la Presidencia, mientras un 32 por ciento considera que la Presidencia está por encima y un 23 por ciento opina lo contrario. Además, hay confusión en cuanto a las funciones: un 35 por ciento cree que los jueces investigan delitos, un 44 por ciento afirma que son quienes reciben denuncias y un 55 por ciento piensa que son responsables de perseguir a los delincuentes, funciones que en realidad corresponden a fiscalías y cuerpos de seguridad (Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 2024).

La confianza en el Poder Judicial también presenta matices. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024, el 60.5 por ciento de los mexicanos manifestó su confianza en jueces, magistrados y ministros, alcanzando el mayor nivel en nueve años. No obstante, este dato contrasta con otras percepciones: el 60 por ciento de los mexicanos cree que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obedece a la Presidenta, lo que evidencia una percepción de falta de independencia judicial (Infobae, 2025).

Además, el conocimiento sobre el actual proceso de elección judicial es limitado. Una encuesta reciente indica que el 76.6 por ciento de los mexicanos están poco o nada informados sobre el proceso, aunque el 38.9 por ciento declara tener mucho o algo de interés en conocer sus detalles. Sólo el 11.1 por ciento de los encuestados sabe cuántas boletas podrá utilizar para votar, lo que evidencia un bajo conocimiento operativo del ejercicio (Mitofsky, 2025).

Los detractores de este proceso sostienen que el voto popular podría politizar la impartición de justicia. Pero sería ingenuo pensar que el sistema actual ha sido apolítico: basta revisar sentencias que han favorecido intereses de élite, decisiones judiciales que blindaron pactos de impunidad o resoluciones que negaron derechos fundamentales para comprender que el Poder Judicial ya ha sido, por omisión o por complicidad, históricamente un actor político de primer orden.

El reto no es evitar la política en la justicia —eso es imposible—, sino someterla al escrutinio público, al juicio de quienes padecen las resoluciones judiciales. Votar para renovar el Poder Judicial es, por tanto, un acto de emancipación democrática, no de subordinación partidista. Es rescatar el espíritu de la justicia como un bien común, no como un privilegio de casta.

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En ahí está el detalle, Cantinflas nos recuerda, entre risas, que una justicia absurda y elitista convierte al inocente en sospechoso y a la verdad en un trámite. Nuestro tiempo exige que la justicia deje de ser una comedia de enredos para convertirse en una garantía real de derechos. Para lograrlo, la participación ciudadana es indispensable.

El voto es la herramienta que puede romper el círculo vicioso de la impunidad. Renunciar a él es aceptar que el “detalle” siga siendo siempre el mismo: un sistema lejano, indiferente y, a menudo, injusto. La decisión está en nuestras manos. No dejemos pasar esta oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de la justicia en México. Vayamos a votar.

X: @JuanDavilaMx

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