¿Ahora sí habrá justicia por una tragedia minera?

Este fin de semana se cumplió un mes del accidente minero que dejó atrapados a 10 trabajadores en el pozo de carbón conocido como El Pinabete, en el municipio de Sabinas.

En este tiempo, las familias han pasado de la incertidumbre propia de las primeras horas del accidente, a la resignación al tener que desistirse de un rescate a contrarreloj, para que así el Gobierno federal realice un tajo a cielo abierto, cuyas labores podrían tardarse hasta 11 meses.

Las familias de los mineros han exigido respuestas de las autoridades federales –principalmente, al ser la instancia que regula y vigila las operaciones mineras en el país–, incluyendo que este incidente no quede impune.

Desde las primeras versiones que circularon luego del percance, se ha señalado que días antes de la inundación que atrapó a los 10 mineros, se había dejado de trabajar por filtraciones de agua.

“(Dos días antes) ellos sabían que había agua, pero no se tomaron las precauciones necesarias, sólo regresaron a algunos y después se vino todo este accidente”, señaló el primo de uno de los mineros.

Estos testimonios deben tomar relevancia en las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo.

Evidentemente en una situación de este tipo debe haber responsables, pero también culpables de una presunta negligencia al decidirse a continuar con la explotación del pozo, pese a tener conocimiento que había agua que se filtraba.

Ayer, la FGR informó que giró tres órdenes de aprehensión en contra del mismo número de personas “por la probable comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 150 en relación con el 149 de la Ley General de Bienes Nacionales”.

Se esperaría que transcurrido poco más de un mes del incidente, las autoridades ya tengan identificados plenamente a los actores que tuvieron una responsabilidad en la operación de este pozo en donde ocurrió el accidente.

En este tiempo, la autoridad sólo ha identificado a una persona –Cristian S.–, a quien la organización Familia Pasta de Conchos considera que es un prestanombres.

Como se ha dicho en este espacio, un incidente como el de El Pinabete no puede volver a quedar en la impunidad.

VANGUARDIA lo documentó el pasado lunes 29 de agosto: en los últimos 16 años se han presentado 66 accidentes en minas, dejando un saldo de 185 personas muertas... y nadie ha ido a prisión.

La necesidad de establecer un antecedente en el sector minero es de suma importancia, para obligar a que la iniciativa privada y el sector público generen mejores condiciones de seguridad laboral, por encima de intereses económicos e incluso políticos.

Las autoridades deben garantizar que, a diferencia de los anteriores casos, esta vez la justicia sí castigará a quienes verdaderamente son culpables de esta tragedia.

La tan golpeada Región Carbonífera requiere que su dolor no se vuelva a repetir.