¿Algo nuevo bajo el sol?
COMPARTIR
Hay fondos que han inhibido la capacidad de trabajo de quienes tienen menos recursos, y a veces incluso las esperanzas de los jóvenes que ingresan a una educación superior
Lo pregunto porque, revisando mis archivos, encontré un texto que publiqué en febrero del año 2000, cuando formaba parte del Colegio Nacional de Economistas –del que fui presidente–; además de coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales en mi región, secretario de Finanzas en mi estado (Oaxaca), así como director de la revista El Economista Mexicano. Y desde entonces se hablaba de un nuevo pacto fiscal.
Han pasado 26 años. En aquel tiempo ya era evidente que había varios tabúes: un rezago histórico del gasto público que inhibía el desarrollo; una fuerte concentración del ingreso y la riqueza; un déficit de empleo formal junto a un crecimiento excesivo del sector informal sin prestaciones sociales; un desarrollo regional inequitativo; pobreza y necesidades básicas insatisfechas, además de la ruptura de cadenas productivas ante la falta de una política de fomento industrial.
Particularmente en los estados del sur, los niveles de desarrollo eran demasiado bajos. Sin embargo, existían algunas fortalezas incipientes: la desaparición de numerosos impuestos especiales entre 1980 y 1990, acompañada de la reducción de tasas; una compensación parcial a la regresividad de los impuestos indirectos –regresivos porque quien tiene menos paga lo mismo por un producto que quien tiene más–; tasas competitivas del Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial frente a nuestros socios comerciales; un régimen de pequeños contribuyentes y un subsidio fiscal para los de menores ingresos. Asimismo, el ahorro interno se situaba en el 22 por ciento del PIB, el déficit fiscal era manejable y la despetrolización del comercio exterior creció del 5.7 al 31.7 por ciento del PIB en diez años.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales fueron otros hitos orientados a repartir mejor los ingresos entre estados y municipios, dada la precariedad en algunas entidades del sur. Había, además, una fórmula de participaciones que compensaba la desigualdad previa a 1990, y se creó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que sigue siendo fundamental para el Gobierno Federal y los contribuyentes; aunque con algunas insuficiencias, su papel es loable en la administración pública mexicana.
Pero también había debilidades: una recaudación insuficiente –a nadie le gustaba cobrar–, un peso excesivo de impuestos indirectos como el IVA, una inequitativa distribución de las cargas fiscales, la petrolización de los ingresos presupuestarios, una baja recaudación del comercio exterior y monólogos en oídos sordos sobre la reforma fiscal que el país requería.
Para el año 2000, el gasto público aún era el más bajo de los últimos veinte años: de 1994 a 1999, un gasto programable de -4 por ciento, un costo financiero de 13.7 por ciento y participaciones de apenas 3.8 por ciento, mientras la sociedad absorbía el costo fiscal del rescate bancario y persistía una recaudación del impuesto predial muy baja.
Y, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre ingresos fiscales entre 1965 y 1997, México se ubicaba al final de la comparación, por debajo de la Unión Europea, Estados Unidos, el promedio de dicho organismo, Japón y Canadá.
Desde entonces, en el Colegio Nacional de Economistas siempre se planteó la necesidad de un nuevo pacto fiscal, con avances muy ligeros. Hoy es necesario poner atención en lo que sucede con los impuestos indirectos y con una economía ralentizada que no se ha recuperado, como se observa en la cuestión salarial de los trabajadores.
Si bien es sana la política de distribución de recursos hacia la gente, con la inflación cada vez resulta insuficiente, incluso para cubrir la canasta básica. Necesitamos fortalecer y brindar mayor certeza al capital privado para invertir, pues hay atonía en la inversión, y la población, que sigue creciendo, necesita mayores ingresos.
Hay fondos que han inhibido la capacidad de trabajo de quienes tienen menos recursos, y a veces incluso las esperanzas de los jóvenes que ingresan a una educación superior con la intención de concluir sus estudios y acceder a mejores oportunidades. Eso se refleja en las universidades: tenemos grandes instituciones del Estado, como la UNAM y el Politécnico, así como algunas universidades privadas.
En fin, todo esto trata de contestar una sola pregunta: si es necesario un nuevo pacto fiscal que incentive la movilidad social y permita a los jóvenes con mejores aspiraciones un futuro mejor.
