Fiscalización: participaciones y aportaciones...

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Opinión
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El dinero público tiene una naturaleza jurídica, con una fuente, un destino, un calendario y la obligación de reportar lo que se gasta

Hoy quiero abordar un tema básico: la fiscalización es la lógica que acompaña la vida completa del recurso público, desde que se identifica una necesidad y se autoriza una asignación, hasta que se ejerce, registra, comprueba y rinde cuenta ante ciudadanos y órganos revisores. En México esta idea es muy relevante, entre otras cosas porque somos un país federal.

Los recursos públicos operan en una arquitectura compleja (Federación, entidades, municipios, órganos autónomos y servidores públicos) que interviene en distintas etapas de la decisión. Cuando una parte de esta cadena falla, la fiscalización revela una debilidad institucional.

https://vanguardia.com.mx/opinion/relevancia-de-la-cooperacion-internacional-AH23421472

Un gasto público bien ejercido es aquel que puede explicarse de principio a fin. No sólo con pagar, ni con tener una factura, ni con afirmar que el servicio se recibió o la obra se ejecutó: la gestión pública debe poder reconstruir la historia completa del recurso, con documentos, registros, evidencia física e indicadores verificables.

Recientemente, en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que encabeza el Dr. Eber Betanzos, se impartió una conferencia en el contexto de la Inducción a la Fiscalización del Gasto Federalizado en Estados y Municipios, la cual se desarrolló con una visión formativa y, sobre todo, preventiva.

El gasto de los gobiernos es un reflejo claro de la acción del Estado: cada peso presupuestado es una decisión pública, una prioridad y una responsabilidad legal. Por ello, no es únicamente una operación financiera, sino una decisión institucional con consecuencias sociales y obligaciones de legalidad, dado que en algunos espacios de gobierno el manejo de los recursos ha sido arbitrario, como se ha visto incluso en Pemex y en algunas entidades estatales y municipales.

El gasto federalizado es por ello un tema estratégico: son recursos de origen federal que llegan a estados y municipios como parte de la Coordinación Fiscal, mediante participaciones, aportaciones, convenios y subsidios, y que financian servicios públicos, infraestructura social, seguridad, educación y salud.

Recuerdo un episodio en Quintana Roo: un presidente municipal conocido como “el Chacho” abusaba del manejo de los recursos públicos, y fue tal su habilidad política que sumó a su causa al secretario de Gobierno del estado. Sin embargo, en su momento fue castigado y encarcelado.

Los recursos de origen federal se utilizan conforme a la decisión de los gobiernos estatales: se autorizan federalmente, se transfieren por reglas de coordinación hacendaria, se incorporan a presupuestos locales y se reportan en la cuenta pública, sujetos a revisión.

Cuando realizamos la última Comisión Nacional Hacendaria, cuyo titular fue el Dr. Francisco Gil Díaz, me tocó coordinar los trabajos, con la participación de estados y municipios. Ahí detectamos un error común: asumir que recibir recursos federales equivale a poder gastarlos libremente. No es así: el dinero público tiene una naturaleza jurídica, con una fuente, un destino, un calendario y la obligación de reportar lo que se gasta.

https://vanguardia.com.mx/opinion/fortalecimiento-fiscal-de-estados-y-municipios-HF23267514

En el caso del Ramo 28 (participaciones), el énfasis de revisión está en la recepción, distribución, registro, conciliación e incorporación presupuestaria. En el Ramo 33 (aportaciones), la fiscalización se coloca además en el destino específico de cada centavo. La evaluación obliga a separar las participaciones –de libre disposición local– de las aportaciones –condicionadas a los fines que marca la Ley de Coordinación Fiscal–, que requieren evidencia compatible con su destino. Confundir estas dos lógicas produce errores de planeación y ejercicio y, en algunos estados, de corrupción institucional.

Por ello es indispensable administrar el gasto federalizado con responsabilidad: ¿qué recursos llegaron?, ¿con qué fundamento?, ¿a qué cuenta?, ¿para qué?, ¿qué unidad lo ejerció? y ¿qué documento prueba cómo se utilizaron? De ahí el papel que juegan las autoridades fiscalizadoras. Continuaré con esto más adelante...

PD: Perder a alguien con quien compartiste varias décadas de vida es despedir a un testigo de tu propia historia. Cuánto lamento tu partida, querido Óscar Mario Beteta.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

David Rogelio Colmenares Páramo egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2024.

Actualmente es profesor Titular de las materias Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 1978. En 2018 fue nombrado Auditor Superior de la Federación por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión para el periodo 2018-2026. De 2023-2028 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y junto a EFS de Perú es miembro pleno del Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

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