Desde octubre del año pasado, la empresa CBH+ Especialistas en Innovación Médica, que encabeza Samantha Bárcenas, ha estado metida en un problema de anestesias. En aquel mes, una empresa impugnó un contrato del Seguro Social por más de 5 mil millones de pesos, argumentando que CBH+ y tres de las que participaron en el concurso estaban ligadas entre sí y se habían coludido al presentarse en la licitación. Mientras la impugnación corría por los conductos legales del Seguro Social, CBH+ comenzó a distribuir las anestesias, donde volvió a toparse con otro problema: cambió de último momento de proveedor y no pudo cumplir con el contrato. Sus fallas estuvieron a punto de costar vidas.

Las autoridades responsables en el Seguro Social no tomaron en cuenta las primeras alertas que dieron los medios de comunicación desde noviembre, cuando registraron que no estaba brindando los servicios comprometidos en su parte del contrato de casi 3 mil 500 millones de pesos porque no contaban con el equipo que prometieron, ni las anestesias que debían entregar. La omisión de la autoridad llevó a casos más graves. Una investigación de Animal Político, publicada en mayo, reveló que por la falta de material se tuvieron que posponer o cancelar cirugías y que hubo una incluso donde, por problemas de una máquina de anestesia, un paciente despertó en medio de una operación.

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En la actualidad, varias de las partidas que ganó CBH+ ya están en proceso de cancelación por incumplimiento, luego de haber sido amonestada y penalizada. El 10 por ciento del contrato que se anuló como resultado de la impugnación aún está por resolverse. No está claro por qué el Seguro Social ha sido tan parsimonioso para proceder contra la empresa, pese a tener evidencias de los riegos que causó su servicio. En la industria y en el Gobierno Federal señalan que más allá de conductas éticas y formas que le atribuyen a la señora Bárcenas para lograr las licitaciones, hay un tema más profundo de tráfico de influencias.

Bárcenas tiene relación con el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, un bróker audaz, que según fuentes de la industria le ha brindado ayuda, incluso tras haber renunciado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para tocar las ventanillas correctas para ganar licitaciones. Pero también, como sucedió con el contrato de las anestesias, estuvo coludida con otras empresas para aparentar competencia y quedarse con la licitación.

Una de ellas fue Casa Plarre, de su exesposo Adrián Cervantes, cuyas propuestas tenían similitudes. En una carta que envió a este espacio en noviembre para refutar lo señalado en una columna que tocaba su caso, la señora Bárcenas dijo que las similitudes se debían a que Casa Plarre era uno de sus proveedores, negando que tuviera relación empresarial alguna con su exesposo. No obstante, el domicilio fiscal de las dos empresas era el mismo, y un mes después del concurso de anestesias se presentaron de manera conjunta a otra licitación de anestesias en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por 215 millones de pesos, que le fue asignado.

No era la única similitud. La otra empresa ganadora del concurso de anestesias, GNK Logística del Bajío, presentó los mismos catálogos de los equipos que utilizarían que entregó CBH+ a los representantes del Seguro Social. Aunque la señora Bárcenas también negó que fueran los mismos catálogos, pese a ser idénticos, salvo por una serie de ediciones que hicieron a las fotografías y los textos acompañantes. GNK es presidida por Alexis Nickin Gaxiola, el principal socio de Latinus, y es yerno del exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, que es muy cercano de Eduardo Robledo, un político chiapaneco contemporáneo muy experimentado, que es padre de Zoé Robledo, director del Seguro Social.

El caso de las anestesias peligrosas se mantuvo fuera del radar federal, a excepción del Seguro Social, hasta que apareció la investigación de Animal Político, que prendió las alertas en la Fiscalía General. El fiscal Alejandro Gertz Manero le envió una tarjeta al Presidente a mediados de mayo donde señalaba que las fallas en la proveeduría de anestesias podría crecer como un escándalo mediático que, en algún momento, podría tocar a su hijo Andrés.

Gertz Manero no detalló en la tarjeta si el hijo del Presidente estaba involucrado con CBH+, una empresa donde no hay ni documento o información que lo vincule, o si se refería al contexto que se manejaba en la opinión pública sobre los presuntos negocios de la familia presidencial. Previamente, Mexicanos Contra la Corrupción había revelado que Romedic, una empresa propiedad de un amigo de Andrés López Beltrán, había ganado contratos por 490 millones de pesos para vender medicamentos y material de curación. Romedic es de Jorge Amílcar Olán Aparicio, que aparece como protagonista de negocios turbios en decenas de grabaciones telefónicas que le entregaron a Latinus, incluidas licitaciones en el Seguro Social.

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El caso de la adjudicación de CBH+ y la señora Bárcenas apunta a que se la van a cancelar definitivamente por sus fallas flagrantes, y que se abrirán concursos para licitar todas las partidas en donde incumplió. Pero esto no borra todo lo que hay detrás, que tiene como punto de partida a los altos funcionarios en el área de licitaciones del Seguro Social, que podrían aportar información sobre si hubo presiones y tráfico de influencias para que se otorgaran ese y otros contratos, y si fue de así, hasta dónde llega la colusión en el penthouse de la institución, o cuáles son los resortes que tiene el amiguismo en este gobierno.

Sin embargo, esto no va a suceder. Las impugnaciones que se hicieron contra CBH+ tienen que ver con irregularidades en la adjudicación, y las empresas quejosas no iniciaron ningún procedimiento legal adicional. Contraloría Interna del Seguro Social podría actuar de oficio. La Dirección General podría también interesarse, si puede ser imparcial y no tiene conflicto de interés propio. La verdad es que son muchos “podrías” en el país del no se puede. Como por ejemplo, la tarjeta del fiscal nunca tuvo respuesta.

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