Apatía mañosa en la 4T
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La fiereza de la 4T es inigualable cuando disputa el poder y defiende a sus presuntos delincuentes invocando la soberanía, pero apática cuando se trata de las víctimas
Un tribunal californiano acaba de multar con 17 mil 100 millones de dólares a la tecnológica Meta. Nuestra Presidenta se lava las manos organizando consultas mientras pide a las tecnológicas que se autorregulen.
Meta reconoció haber permitido deliberadamente que niños, niñas y adolescentes se hicieran adictos a Instagram y Facebook. Además de abrir la chequera, accedió a limitar hasta una hora diaria el uso de sus plataformas a esos grupos, aunque pide que YouTube y TikTok hagan voluntariamente lo mismo. Detrás de esta decisión histórica está la presión de familiares de las víctimas y sus aliados, quienes lograron que gobiernos demócratas y republicanos de 47 estados interpusieran la demanda.
La decisión sigue siendo noticia mundial y avivó la competencia entre países por regular a las grandes tecnológicas. Están coincidiendo los diversos: la España socialdemócrata, la Indonesia nacionalista y derechista, y la Turquía autodefinida como populista, islamista y nacionalista. México decidió engrosar las filas de los indefinidos.
La fiereza de la 4T es inigualable cuando disputa el poder y defiende a sus presuntos delincuentes invocando la soberanía, pero apática cuando se trata de las víctimas. En las mañaneras de junio a agosto, la Presidenta circunscribió el asunto de las pantallas al terreno de la salud mental y a la educación preventiva.
Ante la espectacular multa asestada a Meta, anunció el inicio de un proceso de información, concientización y debate público que forje un consenso social que será la base para considerar medidas regulatorias. Relevante, pero insuficiente para un país en guerra en el cual las redes sociales son un importante campo de batalla. La Presidenta lo evade porque en ninguna de las ocasiones que ha hablado de redes sociales menciona a los cárteles, el reclutamiento o a las y los desaparecidos.
Los criminales y sus aliados tienen años utilizando las redes sociales con enorme eficacia. En ellas se glorifica la violencia, se recluta a sicarios, se trafica con personas, se facilita la explotación sexual y se venden armas y drogas.
Las empresas se hacen las desentendidas porque la violencia es una mina de oro. Si sus algoritmos detectan que alguien consume o busca materiales de ese tipo, pronto empiezan a mostrarle contenidos similares y publicidad dirigida a ese perfil. Quienes pagan las consecuencias son nuestros niños, niñas y adolescentes: son un mercado gigantesco e indefenso. Tanto así que especialistas como el matemático Rafael Prieto-Curiel estiman que 20 mil sicarios jóvenes son reclutados cada año, la mayoría de ellos por redes sociales.
Entretanto, el Congreso –dominado por Morena, el Verde y el Partido del Trabajo– mantiene congeladas las iniciativas para regular a las tecnológicas; sus diputados y senadores tienen la mansedumbre de borregos de mirada congelada en Palacio Nacional. Si a esos legisladores les preocupara realmente nuestra niñez y adolescencia, ya habrían aprobado una Ley General de Entornos Digitales Seguros para las Infancias adaptada a la violencia que padece México.
Urge que las tecnológicas hagan evaluaciones semestrales sobre los riesgos que generan sus plataformas y sobre las medidas adoptadas para impedir que dañen la salud y pongan en peligro la integridad de niñas, niños y adolescentes.
El Ejecutivo mantiene diálogos públicos y privados con las tecnológicas y, en ambos espacios, las alienta a autorregularse. Éstas dicen siempre que sí, pero en la práctica se hacen las desentendidas porque no tienen incentivos para modificar aquello que les resulta rentable. Son unas virtuosas de la apatía mañosa.
En suma, el gobierno de la 4T y las tecnológicas intercambian promesas ruidosas, pero inocuas, mientras nuestras niñas, niños y adolescentes siguen expuestos a plataformas controladas por la delincuencia organizada. Mientras otros gobiernos regulan y multan, como recientemente lo hizo Estados Unidos, la Presidenta reaccionó proponiendo este 31 de agosto “que participen maestras, maestros y los propios niños y niñas jóvenes, en la definición de cuál es la regulación a la que queremos llegar”. Una vergüenza.
Víctimas sí, balazos y pantallazos no.
Colaboraron Elena Simón Hernández, Andrea Ramírez Sánchez, Alejandra Arias Vásquez y María José Velázquez Bañares
