ASE: ¿mucho ruido y muy pocas nueces?

La corrupción, se ha dicho en todos los tonos posibles, constituye uno de los males más extendidos en las sociedades modernas y la nuestra, como corresponde, no escapa a tal fenómeno. La diferencia se ubica, sin embargo, en la forma como en las distintas sociedades del mundo se combate el problema.

Conviene siempre recordar en este sentido la paradoja fundamental que observamos los ciudadanos en relación con la corrupción: no existe partido político, ni político de cualquier signo ideológico, que no se haya reconocido como enemigo de esta conducta, pese a lo cual la corrupción sigue gozando de cabal salud... al menos en nuestro país.

¿Por qué ocurre esto? No hace falta ser demasiado perspicaz para tenerlo claro. La razón fundamental no está en la existencia misma de personas que deciden aprovechar las circunstancias para beneficiarse de la posición que ostentan, sino en la existencia de un clima generalizado de impunidad.

En efecto, la corrupción florece no porque haya “tentaciones”, sino porque todo mundo sabe que la posibilidad de que la conducta sea castigada es muy escasa, cuando no inexistente.

Y para muestra de ello, el reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que, del total de denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), apenas un 1.7 por ciento ha sido judicializado.

Los números son contundentes: entre 2013 y 2023, la ASE ha presentado, ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila, un total de 381 denuncias derivadas de revisiones a las cuentas públicas de los entes fiscalizados. De dichas revisiones, en su opinión, se desprende la comisión de algún delito.

Pero de todas las denuncias presentadas, apenas seis se han convertido en casos que se presentaron ante un juez.

Existe, sin embargo, un dato adicional, contenido en el informe que la propia ASE ha emitido en relación con este apartado de su trabajo: en 216 casos, que representan casi el 57 por ciento del total de denuncias, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal.

En otras palabras, en más de la mitad de los casos en los cuales la ASE afirma haber detectado una anomalía que implicaba llevar a su presunto responsable ante la justicia, el asunto ha terminado en el archivo.

La cifra parece revelar lo que se ha comentado en distintas ocasiones a propósito de las abultadas cifras que el órgano auditor presenta cada año: se trata sólo de pirotecnia discursiva que no conduce a ninguna parte; que no produce ningún resultado que valga la pena mencionarse.

Por ello, cuando algunos políticos señalan que este tipo de instancias no tienen razón de ser, porque no generan nada que sea relevante y útil para la población, el discurso suena creíble, lógico.

Igualmente lógico suenan los llamados a desaparecer instancias que todos los años consumen enormes cantidades de recursos, pero que en los hechos no aportan nada a la hora de combatir fenómenos como la corrupción.