Austericidio

He de reconocer que cuando comencé a escribir esta columna, hace unos 25 años, dediqué demasiadas líneas, artículos completos, a sumarme a la indignación popular para con las percepciones y prestaciones de toda suerte de funcionarios y representantes del ámbito local principalmente y federal.

Pero con los años comprendí que un análisis así se queda muy corto, está incompleto (aunque es políticamente redituable, claro, desde la demagogia). Veamos:

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El gobierno (todo gobierno, en un sentido amplio) está obligado a pagar sueldos competitivos, ESPECIALMENTE en áreas técnicas, no tanto así en las administrativas.

Por ejemplo, en áreas clave como energía, informática, meteorología (sólo por mencionar algunas, hay muchas más), el gobierno debe ofertar por los mejores perfiles disponibles, incluso peleárselos a la iniciativa privada y para que ésta no se los quede, la única manera de competir es con el mejor sueldo de todo el mercado laboral.

Claro, la lógica detrás de esto es que el gobierno estaría adquiriendo excelencia y una eficiencia perfectamente medible contra los mejores estándares de la IP, incluso superior.

Al menos en teoría, el Estado Mexicano debería contratar al mejor ingeniero petroquímico, al mejor epidemiólogo, al mejor economista y al mejor científico agrícola que el presupuesto pudiera conseguir. Ello no es necesariamente subjetivo, es medible y así mismo sería cuantificable el resultado de dicha inversión, que tendría que ser directamente proporcional.

El problema no es que el gobierno pague altos salarios, sino que paga altos salarios a gente incompetente.

¿Cuántas veces no hemos visto a un mismo funcionario brincando de puesto en puesto, como si en verdad fuera “chingón pa´todo”; o al titular de un área clave cuyo estudios y título académico ni siquiera corresponden con el puesto a desempeñar. En dichos casos, sabemos, que aunque les pagásemos el mínimo, les estaríamos pagando demasiado.

No obstante (y pese a la realidad), siempre se ha alimentado la idea de que los salarios de los funcionarios son ofensivamente altos per se.

¿Pueden llegar a ser ofensivamente elevados? ¡Sin duda! Pero ello estaría determinado, en cada caso, por lo que dicte la oferta laboral de cada especialidad.

Y, para el resto de los servidores públicos (desde intendentes hasta secretarios de estado y presidente), sería excesivo cuando estuviese muy por encima de lo que arroje cualquier fórmula medianamente fiable en ciencias económicas, o arriba de las mejores prácticas en países con buenos índices de solidez institucional y democracia, siempre en proporción a la realidad económica de cada nación.

Invito a cualquier especialista o autoridad en la materia a que venga a corregirme la plana sobre cómo debe establecerse un salario justo y competitivo para un servidor público. Pero sé con absoluta certeza que el razonamiento fundamental será irrefutable: Establecer que el salario de un funcionario es elevado dada su comparativa con los ingresos de las clases populares es falaz, no es equivalente y sólo constituye una mentira populista, es decir, un argumento para inflamar los rencores de clase, los resentimientos contra el privilegio y la animadversión contra la clase política, emociones capitalizables por votos por cualquier demagogo básico.

Lo único en que tenemos que estar de acuerdo es en que la realidad es más compleja de como nos la presenta un populista.

Una de las banderas del presente régimen fue y sigue siendo la austeridad, una austeridad siempre mal entendida, selectiva y malograda.

Mal entendida, porque asume por ejemplo que es costoso poseer un avión presidencial (cualquier aeronave oficial, no necesariamente aquella que se rifó tres veces), pero no considera el enorme desperdicio que es tener al jefe o la jefa del Ejecutivo secuestrada en un vuelo comercial, incomunicada e incapaz de hacer nada durante horas.

Selectiva, porque resulta que no era una austeridad pareja para todos, como pregonaba el viejo ladino ya como presidente desde el púlpito mañanero (nunca olvide que nos invitaba A TODOS a no tener más de dos pares de zapatos y a observar una dieta frugal). Sino que ahora es válido todo lujo que se dé cualquier hijo de la 4T, pueda o no justificarlo con su ingreso de funcionario: Una residencia en Tepoztlán y viajes intercontinentales en primera clase (Noroña); una fortuna en arte, joyas, ropa de marca y eventos exclusivos (los Dato Protegido); colecciones de relojes (Tonatiuh Márquez), de inmuebles (Bartlett). Resulta pues que no era un principio de la filosofía de su movimiento. Era acaso... Hmmm... una recomendación, una mera sugerencia.

Y malograda porque, entre los casos de corrupción y el criterio de “lealtad sobre eficiencia”, la austeridad lopezobradorista ya tuvo un costo para la Nación cuyo cálculo cedo a la inteligencia artificial de su preferencia.

Además de lo razonable que me parecen los salarios competitivos para funcionarios altamente especializados, y la necesidad -no opcional- de una aeronave presidencial, también defendí en su momento prestaciones como las escoltas de seguridad y vehículos blindados para posiciones de alto riesgo, como jueces, magistrados y otros miembros del Poder Judicial.

Pero en aquel entonces, en el discurso del macuspano, esos eran privilegios, gastos superfluos, onerosos atavismos del periodo neoliberal. Y es que su intención no era realmente meter en cintura el gasto de un Poder soberano sobre el cuál no tenía legalmente competencia, sino estarlo chingue y jode hasta apoderarse de él, colocando a los pelmazos de sus minions al frente del órgano supremo de Justicia de la Nación.

Y hoy que tenemos ya una Suprema Corte del Bienestar resulta que las “camionetas machuchonas” siempre sí eran una necesidad y como tal las defendieron, asegurando incluso que su compra constituía un ahorro (aunque Sheinbaum no pudo explicar las matemáticas de tal). Pero tras el escándalo y toda la ámpula que esto levantó, resulta que renunciaron a los vehículos, volviéndose a morder la lengua. ¡Total! ¿Eran o no esenciales? O era un gasto innecesario, o es una necesidad real y están renunciando a ella por mero populismo, lo cual también es inaceptable. Una de dos, pero ambas cosas no se puede, son mutuamente excluyentes.

Bajo el mismo resobado y demolido argumento de la “Austeridat Lopezobradoriana”, el nuevo objetivo en la mira de la Transformación es el INE. Resulta que nuestras elecciones son costosas. ¿En serio? Aplica el mismo principio que para los funcionarios:

En cierto momento de nuestra historia reciente, las elecciones en México eran ejemplo de ciudadanización, certidumbre y transparencia; jornadas exitosas, con cobertura total, funcionarios capacitados, materiales seguros a prueba de fraudes, conteos eficientes... ¿Era caro? ¡No! Caro es un aeropuerto que nadie utiliza, una refinería que no refina y un tren que no puede ir a más de 10 km/h sin sufrir una “interrupción en el flujo de vía”.

Pero como el plan es cuatri-transformar al INE como hicieron con la SCJN y darnos ahora unos comicios del bienestar (sin todas las garantías logradas tras años de lucha), bajo el populista argumento de un supuesto dispendio (que no era tal), no importará si reducen su costo a dos pesos, seguirán siendo las elecciones más caras del mundo.