Avatares para recaudar mejor
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Es evidente que la estabilidad no se improvisa, se diseña con reglas de política económica que sean aceptadas por la población
Recientemente se otorgó el Premio Nobel de Economía a Robert Hall y Michael Woodford por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica; en corto, por explicar cómo una política fiscal y monetaria oportuna y bien diseñada amortigua los ciclos económicos.
Por otro lado, la agencia HR Ratings redujo la calificación soberana de México de BBB+ a BBB –muy cerca de perder el grado de inversión– tras cinco años consecutivos de déficits por encima del 4 por ciento del PIB. La misma calificadora señaló a Pemex, cuya nota global cayó en automático por su dependencia del respaldo federal, a pesar de que sus propios números (la deuda en pesos bajó 11.6 por ciento en el semestre) van en otra dirección.
Los galardonados demostraron que el consumo de las familias no se puede manipular con promesas de corto plazo porque responde a expectativas de ingreso futuro. A partir de esta premisa, se construyó el marco con el cual los bancos centrales anclan esas proyecciones mediante reglas creíbles, no decisiones discrecionales. Es evidente que la estabilidad no se improvisa, se diseña con reglas de política económica que sean aceptadas por la población. En pocas palabras, es lo que HR Ratings documenta que falta en México.
Las cifras lo confirman sin necesidad de calificadoras: la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta una deuda pública neta de 51 por ciento del PIB al primer semestre. Este nivel no se veía desde 1983, que fue un año de crisis, aunque el contexto obviamente hoy sea distinto. Por su parte, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que el indicador pasó de 31.4 a 52.6 por ciento del PIB entre 2008 y 2025, lo que representa un incremento real de alrededor de 111.8 por ciento en 17 años.
Esa fragilidad no se queda en las cifras macro, baja hasta los servicios que la población usa todos los días. Por ejemplo, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla un recorte de 5.9 por ciento en el rubro de medicamentos del IMSS. Y aunque el ingreso promedio de cotización en dicho instituto marca máximos nominales, la proporción de trabajadores que gana hasta un salario mínimo pasó de 12 a 38 por ciento en la última década. Esto representa 11 millones de personas más en ese estrato: los promedios suben mientras la base laboral se ensancha hacia abajo.
Desde mi punto de vista, este asunto involucra a la política económica, donde tanto el secretario de Hacienda como el propio director general del Seguro Social están haciendo lo mejor posible ante esta realidad presupuestaria que atravesamos; ambos factores pueden generar perspectivas diferentes.
Aquí quiero recuperar lo que escribí hace tiempo, porque no es sólo un problema de la Federación. Recuerdo que un gobernador del norte, al hablar de la relación entre estados y municipios, le llamó alguna vez “el padrotismo fiscal”: tú recaudas y luego me das mi parte.
Esa frase describe el vicio de fondo: un número importante de gobiernos locales aún prefiere esperar su participación federal antes que cobrar lo que legalmente les corresponde, empezando por el predial. Este impuesto, administrado de manera exclusiva por los municipios desde los años ochenta, se recauda muy por debajo de su potencial, salvo excepciones muy notables. Alguna vez, un presidente municipal de un estado del sureste alegaba que no lo cobraba por su costo político. Este fenómeno es el mismo que el CIEP ha documentado en relación con el impuesto a la tenencia vehicular, cuya recaudación cayó un poco más del 40 por ciento de 2014 a 2023.
En suma, en un sistema fiscal normal se requiere potenciar la capacidad recaudatoria de los tres órdenes de gobierno, así como fortalecer los mecanismos de capacitación de los responsables de la recaudación y administración de los impuestos. Evitemos ser un país que gasta con una calendarización optimista, pero recauda con una realidad que no alcanza.
