Nadie reclama por un impuesto no cobrado, pero sí por una obra no concluida
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Sin recaudación propia no hay margen de maniobra, ni para el municipio más pequeño ni para el país entero
En diciembre de 1990, durante la XXII Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, celebrada en Huatulco, Oaxaca, a propuesta de quien hoy escribe y con el apoyo de la mayoría de las entidades federativas, especialmente aquellas con menos posibilidades de crecimiento económico debido al mecanismo de distribución de las participaciones que beneficiaba más a los estados ricos, se presentó una iniciativa para cambiar la fórmula.
Fue un trabajo intenso de todos los secretarios de Finanzas; tuvimos varias reuniones, incluso con estados que tenían otros intereses. Sin embargo, logramos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en ese entonces a cargo de Francisco Gil Díaz, aprobara una nueva fórmula de participaciones más equitativa y la creación de una tercera parte del Fondo General de Participaciones, que benefició a nuestras entidades.
Lo que no conté a detalle es un principio que me parece hoy más vigente que nunca: para repartir el Fondo de Fomento Municipal, decidimos premiar el trabajo recaudatorio local, considerando la recolección de los impuestos predial y de agua en cada municipio. No se trataba sólo de repartir mejor el dinero federal, sino de reconocer el esfuerzo local.
Recordemos que la recaudación, a diferencia del gasto, rara vez es tema de sobremesa: nadie reclama por un impuesto no cobrado, pero todos protestan por una obra no concluida. Sin embargo, sin recaudación propia no hay margen de maniobra, ni para el municipio más pequeño ni para el país entero. Esa fue, por cierto, la misma lección que dejó la crisis y devaluación de 1987, la cual hundió a algunos estados que habían apostado sus recursos a las casas de bolsa, pues al depender sólo de lo que les transfieren, quedan a merced de los ciclos ajenos.
El tema viene a colación en esta columna porque los indicadores recientes de la SHCP muestran que las participaciones cayeron en términos reales en 23 estados durante el primer semestre, arrastradas por una contracción del Impuesto Sobre la Renta, que por sí solo representa casi el 48 por ciento de la recaudación federal participable. Aunque el Diario Oficial había calendarizado un crecimiento de las participaciones para este año, el presupuesto sólo crece en el papel, porque la recaudación real que lo sostiene se queda corta.
El informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2026 –elaborado conjuntamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– confirma que el avance de México ha sido lento: en 2024, nuestra recaudación fue equivalente al 18.3 por ciento del PIB, lo que nos sitúa 3.4 puntos por debajo del promedio regional (21.7 por ciento) y muy lejos del de la OCDE (34.1 por ciento).
El mismo documento registra algo que celebro: entre 2023 y 2024, 15 de 28 países de la región aumentaron su recaudación como proporción del PIB, y en la última década lo lograron 21 de ellos; Brasil, por ejemplo, ganó 2 puntos porcentuales gracias a reformas tributarias de fondo. El informe advierte, además, que en América Latina el gobierno central concentra más de dos terceras partes de la recaudación total, frente a apenas 60 por ciento en los países de la OCDE: seguimos centralizando el cobro mucho más de lo que conviene.
El Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026, también de la CEPAL, documenta, en estos casos, estrategias concretas para combatir el incumplimiento del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas en cinco países de la región. Esa es, me parece, la escala correcta de solución: no promesas de reforma integral, sino ajustes técnicos y verificables, como el que hicimos en su momento con el predial y el agua en los municipios de Oaxaca.
El denominador común de los casos exitosos es el mismo que aprendimos en Huatulco hace más de tres décadas: la recaudación mejora cuando se diseñan los incentivos correctos para que estados y municipios cobren. Si entonces pudimos premiar el esfuerzo fiscal de los ayuntamientos oaxaqueños con una fórmula bien pensada y consensuada, hoy el país tiene ejemplos de sobra, en su propia región, para hacerlo también a escala nacional.
