Ayotzinapa, 9 años después; el fracaso voluntarista de AMLO

En sociedades como la nuestra, poseedoras de una cultura política construida alrededor de la figura del caudillo, del individuo providencial, del líder todo poderoso, el voluntarismo representa, para la inmensa mayoría de los individuos, la única fuerza capaz de modelar el entorno.

El viejo régimen del PRI se encargó, con una tenacidad digna de mejores causas, de instalar al voluntarismo en el centro del discurso con el cual se justificaba el ejercicio autocrático del poder público: en el camino de resolver cualquier problema -sobre todo si se trataba de uno complejo- lo más importante nunca eran las reglas o las leyes, sino la voluntad política de los detentadores del poder.

Así, la característica más deleznable del régimen era, al mismo tiempo y sin contradicción de por medio, solución y coartada. Si una carencia era resuelta sólo era merced a la “gran voluntad política” del Tlatoani en turno, lo cual debía ser reconocido y agradecido. Sí, por el contrario, el problema se mantenía sin solución, tal cosa ocurría porque alguna parte involucrada no había mostrado -o se reveló incapaz de concitar- la voluntad política requerida.

Esta lógica se arraigó profundamente en nuestro imaginario colectivo al grado de convertirse en el eje del razonamiento de todos los segmentos del espectro ideológico. Por ello, no importa si un político mexicano es de izquierda, derecha, o centro -con todos los matices de cada una de esas porciones-: su adhesión a la cultura voluntarista puede darse por descontada.

Tener en cuenta lo anterior es necesario para entender las razones por las cuales Andrés Manuel López Obrador fracasó en la tarea de esclarecer la masacre ocurrida hace ya 9 años en el municipio de Iguala, Guerrero, la cual le costó la vida a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Heredero destacadísimo de la cultura priísta, el hijo pródigo de Macuspana sostuvo largamente el pregón de su cuna ideológica: no hacía falta sino su arribo al Poder Ejecutivo para resolver el caso. Y eso era así por una razón esencial: él era el único poseedor de la voluntad necesaria para lograrlo.

De hecho, el diagnóstico lo hizo -y lucró con él- mucho antes de ganar las elecciones: fue el Estado. Sentarse en la Silla del Águila solamente permitiría exponer la evidencia de tal acierto. Y para eso, una vez más, solamente se requería voluntad.

Casi cinco años después de asumir el poder los padres de los normalistas desaparecidos y sus asesores legales coinciden al caracterizar el trabajo realizado por esta administración en relación al caso: sus resultados pueden considerarse incluso peores a los ofrecidos por el gobierno de Peña Nieto.

Hoy, de espaldas al discurso de campaña con el cual tantos votos conquistó, López Obrador matiza convenientemente: “No es culpar por culpar, no es nada más: ‘fue el Estado y fue el Ejército’, y ya. No; vamos a conocer la verdad, lo que sucedió”.

¿Cuándo se agotó la “voluntad política” de AMLO, esa suerte de varita mágica con la cual resolvería rápida y fácilmente el caso? ¿Cómo le abandonó la convicción respecto de la responsabilidad del Estado Mexicano en la desaparición y muerte de los normalistas?

La respuesta la sabemos todos: cuando decidió convertir al ejército en su principal aliado y compañero de viaje con tal de mostrar eficacia en el desarrollo de sus proyectos emblemáticos. Así, el cuerpo castrense ayudó a López Obrador a probar cómo sólo hace falta voluntad para erigir un aeropuerto, levantar una refinería o construir unas vías férreas. Al mismo tiempo, sin embargo, demostró cómo la voluntad se extingue justo allí donde comienzan la complicidad y los pactos de impunidad.

La lección es simple: en lugar de la veleidosa voluntad de un iluminado -sea López Obrador o cualquier otro-, las sociedades democráticas requieren de instituciones públicas sólidas, capaces de realizar su trabajo con independencia y apego a los principios constitucionales y las leyes.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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