Ayotzinapa: Colapsa la ‘verdad alterna’ del obradorato y resurge la ‘verdad histórica’

El 27 de septiembre de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que desaparecieron en Iguala en 2014, a esclarecer el crimen, encontrarlos y que los responsables pagaran por sus delitos. El 18 de mayo siguiente, Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación que era responsable de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa, ratificó el compromiso del gobierno de encontrar a los jóvenes con vida y sancionar a “aquellos gobernantes que le dieron la espalda al pueblo”. Aquellas frases hoy los condenan.

A seis días de que acabe el sexenio, se puede decir que lo que hicieron fue una farsa, inventaron una “verdad alterna” que era una mentira y engañaron a los familiares de las víctimas. Los dos se embarcaron en buscar un crimen de Estado y llevar a la cárcel a generales, tenientes y soldados, y poner tras las rejas a exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. El hoyo en el que están es más profundo de lo que se aprecia.

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Encinas y el fiscal que escogió para el caso, Omar Gómez Trejo, fabricaron testigos y pruebas, violaron la ley, y cuando el Presidente ya no quiso seguir culpando a militares, construyeron la narrativa de la impunidad. El Presidente traicionó a Encinas, a quien después de aprobar la investigación contra el Ejército y avalar las órdenes de aprehensión contra 16, reculó y lo sacrificó.

Esa línea que sustentaba la llamada “verdad alterna” del obradorato se derrumbó. La “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, que está en prisión domiciliaria acusado de encubrimiento, desaparición forzada y tortura, ha cobrado inesperadamente nueva vida.

La Suprema Corte de Justicia determinó reponer el proceso de delincuencia organizada contra siete miembros de la organización Guerreros Unidos, a quienes se les imputó originalmente el crimen de los normalistas −uno de ellos, Felipe Rodríguez Salgado, “El Chereje”, ya fue aprehendido−, y contra el más importante de todos, Gilberto López Astudillo, “El Gil”, jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Iguala, quien ordenó que los asesinaran, como se desprende de chats interceptados por la DEA.

La decisión de la Corte revocó el criterio de oportunidad que le dieron a Gómez Trejo y Encinas, que lo utilizaron como testigo central para inculpar a los militares porque, se desprende de la resolución, no aportó nada, salvo el pretexto para armar lo que hoy se desmoronó, un “crimen de Estado”.

La reposición del procedimiento que pidió la Corte fue resultado de una acción de los criminales de Guerreros Unidos, que presentaron hace tiempo amparos relacionados con el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas sobre supuestos actos de tortura, inscripción en el Registro Nacional de Víctimas y pagos por la reparación de daño, derivado de la resolución del juez Samuel Ventura Ramos, que los liberó, descalificando al ministerio público, y sentando las bases para la Comisión de la Verdad que encabezó Encinas.

Los amparos siguieron su trámite y llegaron a un tribunal de alzada, que es un órgano jurisdiccional que resuelve en segunda instancia la solicitud de una persona para revocar, modificar o enmendar la sentencia de un tribunal inferior, que se declaró incompetente. El caso terminó en la Suprema Corte, donde el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena desestimó lo que pedían y consideró, en cambio, que sí había elementos suficientes para juzgarlos.

La reposición del proceso lleva directamente a Ventura Ramos, por haber incurrido en irregularidades y absolver a 24 criminales confesos sin haber tomado en cuenta una jurisprudencia que establece que, en casos de tortura, desestime aquello que fue obtenido mediante esa ilegalidad de la autoridad, pero sin dejar de revisar si el resto del cúmulo probatorio daba para juzgar a los inculpados, para encarcelarlos, liberarlos o, incluso, ordenar la reposición del proceso.

Conduce también a Gómez Trejo, entonces fiscal para el Caso Ayotzinapa, que no presentó pruebas supervenientes para evitar la liberación de los criminales. Tampoco ordenó nuevos Protocolos de Estambul para determinar si habían sido torturados para obtener sus declaraciones inculpatorias. El gobierno de Peña Nieto había presentado los exámenes, pero era natural que no se aceptaran por ser la parte acusada de tortura. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también realizó los Protocolos de Estambul en 62 personas, pero en sólo 9 dieron positivo de tortura.

Encinas y Gómez Trejo no utilizaron esos resultados porque habrían probado su objetivo, un crimen de Estado, al no ser una acción generalizada contra un alto número de personas. Lo que hicieron, en cambio, fue reclutar a casi dos decenas de matones de Guerreros Unidos como testigos protegidos, encabezando al grupo “Juan”, como llamaron a López Astudillo, quien mintió cuantas veces se lo pidieron para cuadrar las declaraciones y justificara la acusación contra el gobierno de Peña Nieto, y así sentar en el banquillo de los acusados al Ejército, como institución.

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Gómez Trejo renunció a la Fiscalía en el otoño de 2022 y de la noche a la mañana se convirtió en un enemigo del gobierno mexicano. López Obrador lo responsabilizó de la investigación que no le permitiría cumplir con su promesa de 2018, e incluso admitió que pudo haber manipulado a Encinas. López Obrador se ha lavado las manos de cualquier responsabilidad, pero no es ajeno a los resultados de Encinas, a quien ha querido pintar como ingenuo, también para quitarle culpas y trasladar toda la carga a Gómez Trejo.

Al final del sexenio no se sabe dónde están los normalistas, nunca aparecieron y todo apunta que a quienes identificaron como los culpables del crimen −exfuncionarios de la PGR−, no lo fueron, de acuerdo a lo que deja entrever la resolución de la Corte. Los que sí son los asesinos confesos de Guerreros Unidos están regresando a la cárcel para ser juzgados, lo que significa que la base de la investigación sobre el crimen que desarrolló durante los primeros días de la desaparición el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, se reconfirma, así como la “verdad histórica”, que parece haber derrotado, seis años después, a la “verdad alterna” del obradorato.

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