Ayer, 1 de junio de 2025, murió un frágil e incipiente intento de democracia en nuestro país, que inició −con mayor fuerza− en el año 2000 con el arribo de Vicente Fox a la presidencia de la República.

¿Qué faltó para ofrecer una mayor resistencia al arribo de la 4T en 2018 y, quizá, evitar la defunción de nuestra democracia el día de ayer?

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En lo económico, existió un modelo económico neoliberal que ahondó las desigualdades estructurales entre ricos y pobres. Y, en lo político, hubo una democracia incapaz de responder −mediante el voto y los candidatos− a las postergadas aspiraciones de igualdad, justicia y dignidad de las grandes mayorías. La colusión entre élites partidistas y económicas −purulenta de corrupción e impunidad− cerró este círculo del infierno que el mismo Dante hubiese envidiado.

En esa dimensión política es justo añadir otro elemento: una transición democrática fallida. Las esperanzas, aparejadas con la llegada de Fox al poder en 2000, buscaban fortalecer una democracia electoral a la par de una democracia política. Empero, dichas esperanzas quedaron truncas.

La democracia electoral fue posible hasta el arribo de Guadalupe Taddei al Instituto Nacional Electoral (INE), el 31 de octubre de 2023. De esa fecha a hoy, Taddei −torpe, pero confiada− desmoronó la estructura organizacional y logística que cimentaba la autonomía del INE y la confianza de nuestro voto como base de un proyecto democrático por construir.

Por ello, el papel del INE en esta reforma judicial fue contraria a los principios rectores de la institución: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

La democracia política, también responsabilidad del INE (y de los OPLES), ni siquiera despegó. Por ello, la participación ciudadana nunca creció de manera sostenida y la ciudadanización del poder público tampoco emergió de abajo hacia arriba, sino desde las élites partidistas hacia abajo, cuando estas lo vieron como necesidad pragmática para validar su pérdida de legitimidad y representatividad ante las clases medias y altas.

El INE (y los OPLES) comparte con los partidos políticos la responsabilidad de esa transición democrática fallida. La burla de las candidaturas ciudadanas independientes es un botón de muestra. Y aunque hoy la oposición partidista está castrada −para variar− de responsabilidad con la patria y el INE (y los OPLES) sufrirá una reingeniería mayor −a favor de la 4T− en una próxima reforma electoral, la colusión entre partidos políticos e INE (y OPLES) será juzgada de manera negativa por la historia. Porque ambos actores, de distintas maneras, se negaron −juntos y separados− a impulsar una democracia política en México.

Por su parte, de 2000 a 2018, las organizaciones de la sociedad civil −en su gran mayoría− no profesionalizaron sus competencias para constituirse en un contrapoder con bases territoriales y rebasar la denuncia indignada con ribetes morales y/o mediáticos; e ir más allá de un despertar o aleteo coyuntural para mantenerse con los ojos bien abiertos y las alas desplegadas en los cielos, con una vocación de lucha ciudadana bien arraigada y sostenida en el tiempo.

Ojalá estas organizaciones entiendan, más allá de su agenda particular (animales, medio ambiente, transparencia, movilidad, etcétera), su responsabilidad con el momento histórico del país para repensar, reorganizar, unificar y rearticular su quehacer bajo este contexto inédito. Por ser, a mi parecer, el reclamo histórico del país.

A partir de hoy, 2 de junio, analistas y estudiosos de la política fuera del mecenazgo de la 4T o sus aliados no podrán hablar del arribo a “una nueva forma de democracia” porque esta, en sentido estricto, dejó de existir.

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Con acordeones o no, con casillas vacías o no, con voto inflado o no, llegó a México un régimen populista autoritario que desaparecerá la autonomía de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; concentrará mayor poder en el Ejecutivo y ahondará la incertidumbre jurídica y operativa del Poder Judicial. Además, hará más discrecional la impartición de justicia, confrontará cláusulas del T-MEC que protegen la certidumbre legal del inversionista, debilitará la autonomía de los juzgadores −porque una mayoría es militante o simpatizante de la 4T− y degradará la impartición de justicia con personajes de dudosa reputación legal, limitada capacidad profesional y/o vinculada al crimen organizado.

Ante esta jodida bienvenida que abre una caja de Pandora con aluxes, nahuales, chaneques y alebrijes; la pregunta, también jodida, pero urgente, es la misma: ¿qué hacer?

Poco a poco, la luz entre las grietas iluminará la oscuridad para ofrecer posibles respuestas.