‘Caso INAI’: la SCJN necesita hacer más para garantizar su operación

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó ayer la razón al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de Datos Personales (INAI) en el sentido de considerar una omisión del Senado de la República diferir el nombramiento de los tres comisionados que le faltan. Se trata de una decisión relevante, pero insuficiente.

Es relevante porque el pleno ha respaldado, mediante una contundente mayoría de ocho ministros, lo que cualquier persona, sin necesidades de estudios jurídicos, puede concluir: si la Constitución y las leyes dicen que el organismo debe contar con siete comisionados, y actualmente solo cuenta con cuatro, el órgano responsable de hacer tales designaciones esta incurriendo en una omisión a sus responsabilidades.

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Más aún: la designación de los comisionados -o de al menos uno de ellos- resulta indispensable para que la institución pueda funcionar, pues de acuerdo con las normas que regulan su operación, el pleno del INAI requiere la presencia de al menos cinco de sus siete integrantes.

Sin embargo, desde abril de 2022, cuando concluyeron su encargo dos comisionados, la mayoría de Morena, que controla el Senado de la República, se ha negado a designar a los sustitutos siguiendo la directriz que públicamente ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se trata de un organismo inútil.

La posición del Poder Ejecutivo, respaldada por el Senado, nos ha colocado en una situación de anormalidad absoluta en el contexto del estado de derecho que, en teoría, nos rige: legalmente existe una institución responsable de garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, pero materialmente está imposibilitada a realizar su labor.

No es una irregularidad cualquiera, sino un auténtico atentado en contra de uno de los fundamentos de la democracia: el derecho ciudadano a saber, a escrutar el trabajo de las instituciones públicas y a juzgar, a partir de la información que se le provea, la actuación de quienes le representan.

Todos sabemos, desde luego, que a ningún político -al menos en México- le gusta ni le interesa la transparencia. La opacidad ha sido el signo distintivo de la actividad pública en el país desde que cualquiera tiene memoria y por ello nadie se indigna demasiado ante la existencia de un INAI inoperante.

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Por ello también, según parece, aunque la Corte emitió ayer un fallo relevante al señalar de manera inatacable que el Senado sí esta incurriendo en una omisión -y, en consecuencia, podría ser obligado a designar a los comisionados faltantes- el mismo tribunal supremo estableció que la determinación sobre la operación del INAI puede esperar hasta agosto, pues la Corte se va de vacaciones.

Más allá de lo anecdótico, lo que este caso revela es la urgente necesidad de establecer salvaguardas institucionales que impidan la repetición futura de episodios como éste, pues implican un auténtico sabotaje institucional que redunda en el escamoteo de los derechos de la ciudadanía.