Centro de Identificación Humana ‘Blanca Isabel Martínez Bustos’: historia de una decisión

Por Ricardo Martínez Loyola

En la última sesión plenaria con los colectivos se tomó una decisión que parece sencilla: que el Centro Regional de Identificación Humana lleve el nombre de Blanca Isabel Martínez Bustos. El gobernador aceptó la propuesta de las familias y la Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó el acuerdo.

No obstante, detrás de ese gesto hay una historia que empieza en una oficina muy pequeña del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y que, creo, es valioso contar.

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Recuerdo esa oficina: libros apilados, papeles por todas partes y paredes cubiertas de fotografías. En varias aparecía una Blanca Martínez joven, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, junto a comunidades indígenas y al lado de los zapatistas, con ese brillo de esperanza en la mirada que nunca perdió.

Cada vez que entrabas a esa oficina sabías que no ibas a una audiencia, sino a una conversación horizontal, donde las decisiones se construían a partir del consenso con las víctimas.

A mediados de 2016 me entregaron un proyecto de iniciativa de la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas, y me dijeron: “Es la ley que está impulsando Blanca”. La idea central de la ley era simple y profunda: que toda persona fallecida tiene derecho a ser identificada y devuelta a su familia.

Días después fui a visitarla. Su espíritu revolucionario impregnaba su corazón, pero también sus pensamientos, que corrían al ritmo en que generalmente discurren las ideas revolucionarias. Blanca insistía en que esa ley no era sino un primer ladrillo de una política de Estado frente a la crisis forense, y que concebía relacionada con la desaparición.

Blanca no sólo acompañaba casos: enseñaba a leer la realidad desde abajo, a construir estructuras sociales donde la última palabra no fuera la de la autoridad, sino la del acuerdo colectivo. Muchas de las cosas que hoy damos por sentadas nacieron de esas largas pláticas.

Cuando en 2019 los derroteros de la vida me llevaron a la Comisión de Búsqueda, ya teníamos la ley y el plan de exhumaciones, pero no capacidad institucional. En una sesión de la mesa de coordinación forense hicimos la cuenta: con las capacidades con que se contaba en el estado, tardaríamos más de catorce años en recuperar todos los cuerpos. Blanca ya tenía la respuesta: un Centro Regional de Identificación Humana, pensado para la crisis forense y no para la rutina diaria. Luego vino la parte menos romántica: el presupuesto. En una reunión con el entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme expusimos el proyecto; la cifra rebasaba los cientos de millones de pesos. La cara del gobernador fue el mejor resumen de nuestras finanzas.

La respuesta ahora la tenía el magistrado Luis Efrén Ríos Vega, y esta era acudir a la Federación y a los organismos internacionales. A partir de ese momento, el magistrado Luis Efrén, el contador público Eduardo Llanes, de la Secretaría de Finanzas, y quien escribe estas líneas, comenzamos una ruta de gestiones con la Comisión Nacional de Búsqueda y con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Hubo reuniones en Gobernación, en Palacio Nacional, en oficinas donde las historias de las madres convivían con planos arquitectónicos y cuadros de inversión; donde el magistrado exponía los avances que se habían alcanzado hasta ese momento en la entidad y cómo habían sido construidos con las familias. Reuniones donde el contador Eduardo Llanes hacía ver al equipo administrativo de la Comisión Nacional de Búsqueda la importancia de no tener un subejercicio en el presupuesto federal que se había dirigido a subsidios para los estados y cómo podía ser redirigido al proyecto de Coahuila.

De ese proceso, de las gestiones de ellos, de Blanca y de las familias, y desde luego de la voluntad política del Ejecutivo del Estado, así como del Mtro. Alejandro Encinas y la Dra. Karla Quintana, nació el convenio que permitió construir y equipar el CRIH. En 2020 se inauguró el Centro Regional de Identificación Humana, como el primer centro de este tipo en México y en Latinoamérica, y desde entonces se han exhumado y analizado cientos de cuerpos, logrando más de 160 identificaciones que han cambiado la historia de muchas familias.

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Esta historia es relevante porque hoy, más que nunca, en Coahuila se tiene un gobierno con gran apertura a la cooperación y coordinación con la sociedad civil, y para las agendas relacionadas con el desarrollo y garantía de los derechos humanos es quizá el atributo más valioso. La anterior afirmación tiene su base en la experiencia que permite arribar a la conclusión de que el éxito de una política pública como el Centro Regional de Identificación Humana radica, en gran medida, en la participación de diversas personas y perfiles que impregnan y aportan valiosos insumos con su visión, conocimiento y experiencia.

Por ello, cada coincidencia entre un perfil genético y un expediente es también un pedazo del sueño que Blanca compartía en aquella oficina llena de fotos. Por eso el nombre importa. Llamarlo Centro de Identificación Humana “Blanca Isabel Martínez Bustos” no es sólo un homenaje póstumo, sino un recordatorio de que este proyecto nació del compromiso radical de una mujer con las víctimas, de sus ideales revolucionarios y de su empeño en construir estructuras horizontales donde las familias fueran las protagonistas.

El reto es que el letrero no se vuelva costumbre. Que cada identificación, cada restitución digna, nos recuerde que este centro existe porque hubo quienes se negaron a aceptar la indiferencia como destino. Y que, mientras exista una sola persona desaparecida, la mejor manera de honrar la memoria de Blanca Martínez será seguir aprendiendo de ella: mirar de frente el dolor, escuchar a las víctimas y no rendirse.

El autor es el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH