Ciudad Judicial de Saltillo: más que un edificio
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Ayer, el Poder Judicial de Coahuila inauguró la nueva Ciudad Judicial de Saltillo, lo cual más allá de ser un simple edificio, debe representar la oportunidad para mejorar los procesos de impartición de justicia en la entidad.
Como se reporta en esta edición, la Ciudad Judicial, construida con una inversión de 347 millones de pesos, representa un esfuerzo significativo por concentrar en un solo espacio los servicios de justicia civil, familiar, mercantil y laboral, facilitando el acceso para miles de ciudadanos de la Región Sureste. Sus casi 14 mil metros cuadrados, la infraestructura tecnológica y la capacidad para albergar a unos 800 servidores públicos reflejan una apuesta clara por la modernización administrativa y operativa.
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Sin embargo, el verdadero valor de este complejo no radica en su diseño ni en su escala, sino en lo que puede detonar al interior del Poder Judicial. Un edificio moderno, funcional y bien equipado solo cobra sentido si se traduce en mejores procesos, mayor eficiencia y una gestión más ágil y transparente. De poco serviría centralizar juzgados y oficinas si no se logra reducir tiempos, simplificar trámites y ofrecer un trato más cercano y efectivo a la ciudadanía.
La inauguración ocurre, además, en un contexto particularmente relevante. El año 2025 marcó una renovación profunda del Poder Judicial de Coahuila, derivada de la reforma judicial federal, que obligó a replantear no solo la infraestructura, sino también el marco legal, la estructura institucional y los perfiles de quienes imparten justicia. La elección de jueces y magistrados mediante voto popular, la creación de nuevas instancias como el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración, así como la entrada en vigor de una nueva Ley Orgánica, configuran un nuevo modelo que aún se encuentra en proceso de consolidación.
En ese sentido, la Ciudad Judicial debe entenderse como una herramienta, no como un fin. El reto está en que abogados, secretarios, actuarios, jueces y magistrados asuman este nuevo entorno como una oportunidad para transformar prácticas arraigadas y responder a una carga de trabajo creciente, que supera los 220 mil asuntos anuales en primera instancia.
La presencia de los tres poderes del Estado en este acto envía un mensaje de respaldo institucional. Corresponde ahora al Poder Judicial demostrar que la inversión realizada y la renovación emprendida se reflejarán en una justicia más accesible, más eficiente y, sobre todo, más confiable para la sociedad coahuilense.
