Coahuila: Anunciar no es invertir

En lo que va de este año, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, ha realizado dos anuncios de programas de obras para la entidad.

Primero, el “Mega Obras Coahuila 2026”, “considerado el plan de infraestructura carretera más ambicioso en la historia del estado, con el objetivo de fortalecer la conectividad, detonar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de la población”.

En esta semana, anunció la firma del acuerdo “En Equipo le Entramos”, para atender necesidades prioritarias mediante acciones de infraestructura, servicios primarios y rehabilitación de espacios públicos.

En el primero se dijo que habría una inversión mixta con la iniciativa privada de 14 mil millones de pesos, destinada a la construcción de libramientos, puentes y a la ampliación de carreteras en todas las regiones de Coahuila.

En el segundo se dijo que, en conjunto con los 38 municipios, se invertirán más de 3 mil millones de pesos para atender necesidades prioritarias mediante acciones de infraestructura, servicios primarios y rehabilitación de espacios públicos.

El primero prometía proyectos como la conexión del bulevar Óscar Flores Tapia con la autopista Saltillo–Monterrey; la ampliación a cuatro carriles de la carretera Saltillo–Monclova; la construcción del libramiento Castaños–Monclova; la extensión de la autopista Premier hasta Piedras Negras; la ampliación de la ruta fiscal en esta frontera y del Puente Internacional 2. Además, un corredor que conectará la región Laguna con el centro del estado y su integración con la Carretera 57.

¿Cuántas han empezado? ¿Cuántas están en proceso? ¿Cuántas concluidas?

El segundo está enfocado en acciones de pavimentación, recarpeteo, drenaje, pozos de agua, rehabilitación de plazas públicas, canchas, espacios culturales, infraestructura educativa, aulas, techos estructurales, servicios primarios, ambulancias, camiones de basura, luminarias, entre otros.

Evidentemente, la inversión pública se celebra, pero también existe la necesidad de auditar los anuncios y que estos no se conviertan simplemente en propaganda política.

La inversión pública en Coahuila ha estado siempre en la mira, no sólo por el tipo de obras –unas necesarias, otras no tanto; algunas con los clásicos sobrecostos–, sino también porque se celebran como si fueran la última coca del desierto, cuando tendrían que ser el reflejo natural de lo que como ciudadanos aportamos.

También porque se tiene que hacer todo tipo de malabares para disfrazar que el gasto en inversión pública con recurso estatal es mínimo. Y por eso las maromas de “inversiones mixtas” o “en equipo con los municipios”.

Me explico: para este 2026 se destinaron 3 mil 53 millones de pesos para inversión, lo que representa apenas el 3.7 por ciento del presupuesto estatal. En contraste, se asignaron más recursos en el rubro de ayudas sociales –4 mil 300 millones después de una ampliación de mil 100 millones– y en el pago de la megadeuda –5 mil 669 millones de pesos–.

Pero es una tendencia ya de años. En 2024, lo gastado en inversión pública representó el 5.1 por ciento del presupuesto –3 mil 672 millones de pesos– de ese año, apenas por encima de lo gastado en ayudas sociales, pero mucho menos que los 6 mil 644 millones del pago de la megadeuda.

Mientras que en 2025 el gasto en inversión pública fue de 5.4 por ciento, el equivalente al presupuesto de ese año.

AL TIRO

Se entiende la alharaca que hacen –todos– los gobiernos con los anuncios. Pero el problema no es el anuncio ni que se incluya a la iniciativa privada o a los municipios, sino presentar como extraordinario lo que debería formar parte de la responsabilidad ordinaria de un gobierno: invertir los recursos públicos en infraestructura que la población necesita y demostrar, con números, cuánto se gastó, en qué y qué resultados produjo.

La inversión pública tampoco debería medirse por la espectacularidad de una conferencia de prensa, sino por lo que finalmente queda construido y por el dinero de nuestros bolsillos que se ve reflejado en ello.