Coahuila: Delitos al alza, un indicador preocupante
La extorsión ha crecido de forma preocupante en la entidad. Cabría esperar que las autoridades responsables de prevenir el delito actúen de inmediato
Se ha dicho en todos los tonos posibles, pero habrá que insistir en ello cada vez que sea necesario: la estadística sobre incidencia delictiva no es un hecho anecdótico, sino un llamado de atención respecto de aquello que está mal en nuestra sociedad.
No es la anterior una frase de ocasión, sino la directriz que debiera guiar el actuar de quienes tienen como responsabilidad la prevención y combate de las conductas delictivas.
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Lo anterior es así porque en las sociedades democráticas las conductas indeseables deben ser combatidas por las instituciones del Estado con la finalidad principal de garantizar que las reglas sobre las cuales se construye la convivencia colectiva puedan ser eficaces.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición relativo al incremento que tuvo, durante el año 2024, el delito de extorsión en el Estado de Coahuila y que, de acuerdo con el Reporte Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto 2015-2024, elaborado por la organización México Evalúa, creció más del 60 por ciento, comparadas las cifras contra las del año 2023.
Es verdad que, de acuerdo con dicho reporte, nuestra entidad registró una tasa de incidencia, en este delito, de 1.5 casos por cada 100 mil habitantes, lo cual nos ubica en el sitio 27 del País. Sin embargo, el crecimiento que registró en los 12 meses del año pasado es preocupante.
Al respecto, conviene precisar la conducta que este tipo delictivo sanciona: “obligar a alguien a hacer o dejar de hacer algo a través de amenazas o violencia para obtener un beneficio”.
En otras palabras, de lo que estamos hablando es de personas a quienes se les ha forzado, mediante tácticas ilegales, a actuar en contra de su voluntad para que un tercero se beneficie de ello.
La pregunta resulta obligada: ¿por qué una persona actuaría contra su voluntad o dejaría de actuar en el sentido más benéfico para ella?
La respuesta es simple: porque no cree que las instituciones del Estado puedan protegerle frente a la acción de quien le amenaza o le presiona utilizando para ello la violencia.
Para decirlo más claro: quien se deja extorsionar lo hace porque no tiene confianza en las instituciones públicas y considera que actuar en el sentido que le demandan quienes le extorsionan es “el menor de sus males”.
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Se trata no solamente de una realidad inadmisible, sino de la evidencia de que el Estado de derecho se ha deteriorado en nuestra sociedad debido a la existencia de un clima de impunidad que impulsa a quienes han decidido hacer de la delincuencia un estilo de vida, a actuar con libertad.
Cabría esperar, desde luego, que quienes tienen la responsabilidad de atajar este tipo de conductas asuman que la incidencia delictiva es un llamado de atención que les convoca a reaccionar, de inmediato, en defensa de las libertades personales que están siendo vulneradas.
