Coahuila: Fraude notarial, es una conducta intolerable

“Coahuila es el Estado que tiene un mayor número de notarios per cápita, lo cual es bueno, pero sí tenemos que intensificar la supervisión y garantizar que se ejerza el profesionalismo con sentido de ética”.

La frase anterior corresponde a declaraciones realizadas por el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, al referirse al hecho de que se ha retirado el fíat a cinco notarios locales en lo que va de la presente administración, debido al uso fraudulento de la fe pública.

Sin duda, es importante que las instancias públicas responsables de vigilar el correcto ejercicio del servicio público cumplan su labor y, en casos específicos como el señalado, impongan las sanciones necesarias para impedir que una función como la notarial se ejerza de espaldas a lo deseable.

También debe reconocerse el que la autoridad exprese el compromiso de “intensificar” la supervisión en torno a la función notarial, de forma que se impida la multiplicación de casos como el del notario Fernando Nicolás Muñoz San Juan, quien recientemente fue aprehendido en España, acusado de participar en un fraude múltiple desarrollado en la Región Laguna.

Sin embargo, también hace falta que se reconozca un par de aspectos en torno al citado fenómeno:

El primero de ellos es el relativo al proceso de selección de los abogados a quienes se otorga un fíat. Porque resulta difícil creer que quien desempeña la función notarial sin ajustarse a la legalidad desarrolló tal propensión después de convertirse en notario.

Contrario a tal posibilidad, lo más probable es que se tratara de una persona cuya conducta ya era desviada desde antes, lo cual invita a que el proceso de selección de futuros notarios sea endurecido, a fin de evitar que ingrese al gremio alguien que no debería pertenecer a éste.

El segundo aspecto tiene que ver con la existencia de cadenas de complicidad gracias a las cuales pueden perpetrarse delitos en los cuales participan fedatarios públicos.

Porque para perpetrar una operación de compraventa de forma fraudulenta, el notario no puede hacerlo solo, sino que requiere de la participación de servidores públicos en instancias como el Catastro o el Registro Público de la Propiedad. De otra forma, es prácticamente imposible que pueda alcanzar su cometido.

No basta entonces con retirar el fíat a los notarios deshonestos. Además de ello, es imprescindible desmantelar las cadenas de complicidad que han hecho posible que la función notarial se pervierta. Los casos denunciados son suficientes como para tener clara la necesidad de tomar acción en este rubro.

Cabría esperar, pues, que a las acciones que se han desplegado y pasan por el reconocimiento de que el problema existe, se sumen decisiones que avancen con mayor rapidez en el camino de construir una solución de fondo.