Morena: Fraude patriota en la cocina del 2027
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El régimen obradorista necesita la victoria total para terminar con la transición democrática y consolidar su transición autoritaria
El 6 de junio de 2027 se ponen en juego 19 mil 609 puestos de elección popular, en lo que será la elección más grande de la historia de México. No será como las que hemos conocido durante los últimos 30 años, sino como eran antes: tramposas, fraudulentas, asimétricas, inequitativas y con órganos electorales listos para intervenir y cambiar los resultados si las cosas no salen como quieren los mandamases de la 4T.
No necesitamos llegar al día de la elección para saber que lo que está en ciernes es un fraude patriótico, como hizo Manuel Bartlett, uno de los ideólogos del cacique Andrés Manuel López Obrador, cuando –como secretario de Gobernación en los ochenta– transformó el triunfo del PAN en Chihuahua en una victoria del PRI.
Todas las encuestas, las manipuladas en Palacio Nacional y las independientes, apuntan a una victoria general de Morena, que tiene votos de sobra para conservar el poder. Pero no le basta tener la mayoría simple en el Congreso o la mayor parte de las gubernaturas. La 4T está articulando una especie de revolución cultural como la de Mao, hace 60 años en China, que quiso arrasar con el pasado y que, aunque no alcanzó su meta, la destrucción fue traumática.
El régimen obradorista necesita la victoria total para terminar con la transición democrática y consolidar su transición autoritaria. Quiere finalizar la lucha entre los dos modelos de país que han estado en conflicto en los últimos años: la democracia liberal –que exige equilibrios y contrapesos, libertades y descentralización del poder central– contra la democracia iliberal –que es una autocracia–, la cual ha ido avanzando en todo el mundo en lo que va del siglo, como en el Estados Unidos de Donald Trump y la Rusia de Vladimir Putin.
La 4T aborrece un sistema político abierto y plural; prefiere uno cerrado y singular. Quiere que el poder quede centralizado en el Ejecutivo y que nadie vigile sus abusos ni se le cruce en el camino, para hacer que el movimiento fundado por López Obrador se convierta en la nueva esencia de un país que, de consumarse, habrá retrocedido una generación en libertades y reformas democráticas. Estas últimas, tal como ocurrió en la Venezuela de Hugo Chávez, sirvieron para que reaccionarios disfrazados de izquierda aprovechen los instrumentos de la democracia liberal para acabarla. Colateralmente, hay otro incentivo para que Morena mantenga el poder y asegure la Presidencia en 2030: impunidad para impedir que figuras de la 4T que son parte del crimen organizado vayan a la cárcel.
México se encuentra en un proceso de erosión institucional y retroceso hacia prácticas hegemónicas, el cual ha venido documentándose en los últimos años en la literatura académica y el periodismo. Voceros de la 4T han inyectado confusión al debate, alegando que la lucha es contra la democracia liberal, sin aceptar que se está instalando un régimen que conduce a prácticas autoritarias. Tienen una ética elástica: critican a Trump, pero cierran los ojos ante lo que ocurre en México, donde las cosas están peor que al norte del Bravo.
Hay abundante literatura sobre la erosión institucional, la cual comenzó con la supresión de órganos autónomos y la desaparición de contrapesos, responsables de controlar el abuso del poder, entre los que destacan la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia. Se suman el aumento de la opacidad tras la eliminación del INAI, encargado de la transparencia; la cancelación de las evaluaciones autónomas en política social y educación; acciones punitivas como la prisión preventiva oficiosa (que se ha utilizado contra políticos ajenos a Morena); la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión automática (un arma en la cabeza de opositores y críticos), así como las intentonas para censurar a los medios y la militarización de la seguridad pública.
El INE ha sido colonizado por la 4T, con nuevas leyes que le quitan su carácter de órgano colegiado y lo vuelven discrecional, aunque todavía hay resistencias internas, lo que no sucede con el Tribunal Electoral, cuyas resoluciones en los últimos años han sido a favor de Morena, como la marullería de haberle regalado el 72 por ciento del Congreso, con lo que obtuvo la mayoría calificada que allanó el camino para el final de un Poder Judicial independiente. Como premio a su entreguismo, la ministra Mónica Soto, que recientemente renunció al Tribunal, recibió el ofrecimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum de ser embajadora en uno de los países del llamado “circuito Revlon” o un consulado general en una de las naciones más importantes para México, que hasta el momento ni ha aceptado ni ha rechazado.
Hay otras acciones recientes en la conformación del fraude patriota. Una es la reforma constitucional para anular elecciones federales y locales si se demuestra la intervención o injerencia extranjera. Esta modificación le permitirá a la 4T, sin prueba alguna y con el sólo dicho presidencial en la mañanera, exigir la invalidez de los comicios cuando la derrota de los candidatos de Morena altere su anhelada correlación de fuerzas o sean retrocesos que sirvan de bandera a la oposición.
La otra es la iniciativa de ley para prohibir que un candidato a la Presidencia pueda tener doble nacionalidad y servir a intereses extranjeros, un traje a la medida para Ricardo Salinas, el empresario que se ha convertido en la némesis del régimen, y frente al cual cada vez es más evidente el miedo que tienen en Palacio Nacional a que construya una candidatura para 2030. Es un debate falso. ¿Impide el no tener doble nacionalidad una traición a la patria? Ya hay traidores a la patria en Morena, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que ofreció dar información a Estados Unidos a cambio de solucionar sus problemas legales en ese país, pero la Presidenta no ha hecho nada.
Los incentivos para cometer fraude en las elecciones de 2027 son enormes para la 4T. Las ruedas del autoritarismo, que fueron desmanteladas en 1997, las están colocando nuevamente. Le llaman democracia en el régimen, cuando la descripción de la arquitectura política que edifican es de una autocracia. Un reciente informe del proyecto Varieties of Democracy, en el que participó un equipo de científicos políticos e historiadores de Estados Unidos y Europa, concluyó que México es una autocracia electoral, con elecciones formales, pero carentes de equidad, libertad o garantías sustanciales, lo que permite que el poder se centralice y el partido gobernante mantenga ventajas “indebidas” tras haber erosionado los contrapesos democráticos. El diagnóstico fue sobre el pasado reciente; sin embargo, con lo que viene en 2027, se reforzará.
