‘Caso Ganem-Rodríguez’: ¿se convertirá en ejemplo?

La noticia corrió como reguero de pólvora desde temprano, ayer domingo: José Elías Ganem Guerrero, secretario del Ayuntamiento de Torreón durante la segunda administración de Román Alberto Cepeda, había sido arrestado, en su domicilio particular, como parte de un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Minutos después, la información se amplió: los agentes de la FGR pusieron igualmente bajo arresto a la esposa de Ganem, la también exfuncionaria de la administración municipal, Martha Rodríguez Romero, quien fungió como titular del Centro de Justicia Municipal de Torreón.

Por la tarde se tuvo una película un poco más completa: además del matrimonio mencionado, los agentes federales detuvieron a otras tres personas: un chofer y escolta del exfuncionario, así como a dos presuntos socios de Ganem en la empresa Grupo Integrador de Servicios de Edificación S.A. de C.V.

Lo que no se sabía, al menos hasta el cierre de esta edición, eran los cargos específicos por los cuales la Fiscalía abrió la carpeta de investigación en contra de los detenidos, lo cual habría derivado en la expedición de las órdenes de aprehensión en su contra.

A falta de información oficial, como suele ocurrir, el vacío se ha llenado con especulaciones. Aunque en este caso, conviene decirlo, las especulaciones sólo pueden girar en torno a los señalamientos que públicamente se han realizado en contra de los exfuncionarios municipales.

A Ganem se le ha vinculado con presuntos desvíos en el Sistema de Agua Potable de Torreón. Incluso, el senador morenista Luis Fernando Salazar presentó una denuncia penal en su contra, señalándolo como responsable del desvío de recursos federales destinados a la perforación y equipamiento de pozos en aquella demarcación territorial.

Adicionalmente –aunque siempre de manera extraoficial– se le ha vinculado con presuntas irregularidades cometidas en el Simas Torreón mediante la contratación de pipas para el reparto de agua a domicilio. Sobre su esposa se ha dicho que las irregularidades en el manejo del Centro de Justicia Municipal habrían llevado a su remoción del cargo hace apenas unas semanas.

Más allá de las especulaciones, lo que puede afirmarse es que no se trata de un asunto trivial, habida cuenta de que ha sido la Fiscalía General de la República la que ha armado el expediente y enderezado las acusaciones. Abona en este sentido el que se difundiera, luego del arresto, que los detenidos serían conducidos al penal de Almoloya.

Habrá que esperar, desde luego, a que se difunda la versión oficial sobre la investigación, pero también que el caso sirva para que el ejercicio del servicio público recobre algo del prestigio que ha perdido.

En otras palabras, cabría esperar que este tipo de investigaciones se conviertan en un eficaz disuasor para quienes deciden no sustraerse a la tentación de buscar beneficios personales a su paso por el servicio público.