Cómo Coahuila cuida las elecciones

Resulta preocupante el debate que se ha generalizado desde hace un par de semanas y que no es ocioso, ya que siempre que nuestro país se encuentra en dicha circunstancia surge la interrogante: ¿a quién corresponde garantizar la seguridad en las elecciones?

La seguridad pública es una responsabilidad inherente al Estado mexicano y no al organismo encargado de la organización de la fiesta democrática. Lo anterior resulta preocupante en muchas regiones del país porque el fenómeno de inseguridad provoca un debilitamiento institucional y, por ende, afecta la integridad de las elecciones.

Actualmente enfrentamos una realidad distinta: procesos electorales desarrollados en territorios con presencia de delincuencia organizada, presión sobre candidaturas, riesgo para autoridades electorales y posibles intentos de captura política desde estructuras criminales. El problema ya no es únicamente de seguridad pública. Es un problema de integridad electoral. En algunos procesos recientes se han observado, en diversas entidades federativas, agresiones contra personas candidatas, amenazas, inhibición de la participación ciudadana y condiciones de miedo que afectan la libertad del voto.

Parece ser que la preocupación es doble: por una parte, la generación de entornos de violencia y, por otro lado, la normalización de procesos de captura política y penetración criminal en el propio sistema democrático. Garantizar condiciones de paz para el ejercicio de los derechos político-electorales corresponde al Estado mexicano en su conjunto.

Sin embargo, también sería un error pensar que el INE (o para este año, el Instituto Electoral de Coahuila) deba limitarse a organizar procedimientos logístico-administrativos y esperar que otras instituciones resuelvan el problema. Las autoridades electorales no tienen facultades de seguridad pública, pero sí tienen la obligación constitucional de proteger la integridad de los procesos electorales. Porque la integridad electoral no se protege con evasivas burocráticas ni con silencios institucionales. Se protege con responsabilidad de Estado, coordinación, inteligencia y capacidad democrática. Afortunadamente, nuestro estado cuenta con instituciones fuertes a las que les corresponden particularmente tópicos como la procuración de justicia y la seguridad.

Para garantizar la armonía, la paz electoral y ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública han puesto en marcha un operativo de blindaje para efectos de seguridad y procuración de justicia desde días anteriores, durante el día de las elecciones y en los días posteriores.

Se desplegarán en el estado centros de atención especializados, donde el ciudadano tiene a su disposición ministerios públicos, peritos, policías y elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Se trata, pues, de una acción coordinada intrainstitucional e interinstitucional que, en lo que respecta a la Fiscalía, cuenta con la diligencia directa de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.