Condenar a los vivos, ‘rescatar’ a los muertos

Las familias de los mineros atrapados en el “pocito” El Pinabete dieron a conocer, el jueves pasado, la existencia de una nueva propuesta del Gobierno de la República para el rescate de sus familiares: realizar un tajo en el lugar para drenar el pozo y posibilitar la localización de los cuerpos.

El planteamiento, según explicaron los familiares, implica invertir entre seis y once meses adicionales en dicha tarea. La alternativa fue propuesta, es dable suponer, porque el proceso de drenaje actual tomaría aún más tiempo y esta sería una ruta más eficaz. La nueva estrategia ha sido rechazada por los familiares y por lo pronto, se supone, se mantendrá la actual.

En su habitual conferencia de prensa, el presidente López Obrador se refirió ayer al tema. Admitió la existencia de la propuesta, garantizó la permanencia del diálogo con las familias e hizo una promesa: “no va a suceder lo de Pasta de Conchos, que se decretó que no había ya ninguna posibilidad de recuperar a los mineros...”.

El titular del Ejecutivo aprovechó para explicar la forma en la cual su gobierno ha atendido el caso Pasta de Conchos y dio un detalle digno de análisis: a las familias de los mineros muertos en el accidente de 2006 se les propuso dos alternativas: una implicaba intentar el rescate y la segunda entregar indemnizaciones y convertir el lugar donde se encuentra la mina en un memorial.

Ambas propuestas eran mutuamente excluyentes y por ello se les planteó, dijo López Obrador, la necesidad de un acuerdo unánime en la elección de una u otra. Al final 11 familias habrían demandado la entrega de los cuerpos de sus familiares y por ello se está trabajando en el intento de rescate.

El proyecto, puntualizó el mandatario, tomará cerca de tres años y costará unos dos mil millones de pesos. Hacer énfasis en la cifra es relevante para dimensionar la magnitud de la incongruencia con la cual actúa el Gobierno de la República: destina miles de millones de pesos –y arriesga vidas de paso– en la búsqueda de los despojos de personas muertas, pero abandona de forma criminal a los vivos.

Me explico: uno de los datos más difundidos en las últimas semanas es el relativo a la ausencia de supervisión en las minas de carbón de Coahuila. ¿Cuál es la razón de tal realidad? La “austeridad republicana”, de acuerdo con la cual debió recortarse el personal en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entre ellos quienes hacían inspecciones a las minas.

En otras palabras: con el cuento de “ahorrar”, el gobierno de López Obrador abandonó a su suerte a los mineros. La pregunta obligada es, ¿para cuántos supervisores alcanzan 2 mil millones de pesos? La respuesta es simple: para cientos de profesionales bien pagados cuyo trabajo sería impedir la operación de los “pocitos” y evitar tragedias como la reseñada.

Una pregunta adicional: ¿cuánto se ha gastado –y cuánto se gastará todavía– en el intento de rescate de los 10 mineros atrapados en El Pinabete? Difícilmente conoceremos la cifra exacta pero puede ubicársele fácilmente en los cientos de millones de pesos, por lo menos.

Pasada la tragedia, el gobierno hace bien en no escatimar recursos para permitir a los familiares de las víctimas tener al menos un cierre emocional del episodio. Pero, ¿no habría sido mejor invertir ese dinero en contratar inspectores, impedir el funcionamiento del “pocito” siniestrado y evitar el luto y el dolor causados por este suceso?

No sé usted, pero a mí me resulta imposible encontrarle la lógica a un razonamientos según el cual estamos dispuestos a gastar miles de millones de pesos en localizar los despojos de personas infortunadamente muertas, pero somos incapaces de invertir ese mismo dinero en mantenerlos vivos.

Es la esquizofrenia discursiva de la T4.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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