Controlar, reprimir y castigar: el sello del régimen

La libertad de expresión se encuentra bajo asedio; no es nuevo y, de hecho, lo más pernicioso no viene propiamente de la política nacional, sino de acciones delictivas en el ámbito local y no siempre aluden al crimen organizado convencional: con frecuencia tienen como origen la corrupción y la política en el ámbito municipal y estatal. El periodismo desde hace tiempo se ha vuelto una actividad de alto riesgo y más para fotógrafos, periodistas digitales y reporteros en el espacio local, aunque no se pueden ignorar casos como el de Ciro Gómez Leyva o la amenaza contra Azucena Uresti, ambos conductores líderes en la radio nacional.

Todo gobierno resiente la crítica o el escrutinio que hacen los medios de comunicación. Como ninguno, el de López Obrador, quien se autodeclaró como el presidente más observado y señalado por los medios de comunicación, según él, porque su administración eliminó los recursos que, sobre y debajo de la mesa, les daban a medios y a periodistas. Es discutible que el tabasqueño haya sido el presidente más atacado por la prensa; la realidad es que los medios electrónicos con mayor presencia han sido generosos con el obradorismo, particularmente en la cobertura noticiosa. Casi todos los espacios de deliberación o análisis grupal se han “equilibrado”, mientras que buena parte de la prensa ha transitado a la autocensura o, de plano, depuran sus secciones editoriales a manera de obedecer o complacer al gobierno.

Como quiera que sea, López Obrador se propuso controlar la información y el debate público en los medios y en buena parte tuvo éxito. Muchas de las empresas de medios son parte de negocios más amplios y diversos que, en no pocas ocasiones, requieren del favor oficial. Es difícil para cualquiera no someterse al gobierno, porque saben bien las acciones que les pueden emprender, desde auditorías fiscales con propósitos de intimidación hasta la divulgación de datos privados protegidos, con afectación a las personas y a los negocios.

Llama la atención la piel delgada de quienes han hecho de la calumnia y el insulto su relación con el periodismo independiente. El presidente López Obrador y todavía más la presidenta Sheinbaum refieren de manera despectiva y con regularidad noticias, información y hasta opiniones que no les favorecen. Se ha perdido ese sentido de respeto y distancia que permite contener las pulsiones represivas de quienes detentan el poder. La postura facciosa no sólo se presenta en la política, también está presente en la relación del poder con los medios de comunicación. El obradorismo no distingue al mensajero del mensaje que la misma realidad plantea. Aun así, la libertad de expresión da para equivocarse, incluso ser injusto respecto a quien detenta el poder. Así es el juego en una democracia y la mejor prueba de su degradación es la postura del poder público respecto a los medios.

Preocupa que la intolerancia y la represión cobren cada vez más fuerza. En este gobierno se ha utilizado la encomiable figura de proteger a la mujer de la violencia política en decisiones de justicia electoral como recurso del poder para reprimir y no rendir cuentas sobre sus faltas. No sólo se está aplicando a medios y periodistas profesionales, también a quienes hacen uso de las redes sociales. El problema es que este nuevo recurso no sólo castiga; más que todo, intimida. Esto es, las empresas de medios y hasta los mismos periodistas se autocensuran para no ser parte de un litigio costoso y, todavía peor, ser condenados por una sentencia humillante y, eventualmente, onerosa. El caso de Héctor de Mauleón y El Universal es precedente.

El país ha ingresado a una circunstancia inédita por la impunidad galopante. No es nueva, pero ahora cobra expresiones insultantes. Los operativos contra los narcos o alcaldes coludidos con criminales no plantean con claridad un curso de justicia; el problema es generalizado. Y en la medida en que casos tan evidentes, como el del gobernador de Sinaloa, sean objeto de ostensible protección política, se propicia que la justicia se imponga desde el exterior, con las prioridades e intereses del gobierno extranjero y con sus tribunales y modos, porque aquí desde hace tiempo dejó de existir porque se sometió al interés del régimen.

Se ha llegado a una situación límite. Es natural que autoridades, las élites y buena parte de la sociedad se refugien en la negación. Lamentablemente para el país, la realidad se impone y todo es cuestión de tiempo para que se pague a costo elevado la ausencia de un sistema de justicia.