Conversaciones entre iguales para significar los derechos humanos

Hace más de 25 años tuve la oportunidad de participar en la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana de Coahuila. Fue uno de los primeros ejercicios de diálogo social que me tocó implementar como profesional del Derecho. En mi formación de grado, sin embargo, no me enseñaron técnicas para hacer bien las leyes, mucho menos a dialogar con los actores de la sociedad para construirlas con mayor legitimidad o participación social.

Sin duda, la actividad legislativa es central para la comunidad. No obstante, la formación universitaria no se ocupa de ella: formamos juristas sin aprendizajes ni saberes para hacer leyes o evaluar su eficacia. Es un problema estructural. Los profesionales del Derecho debemos ser los profesionales de la ley: saber hacerla, interpretarla, aplicarla y evaluarla. Pero, en realidad, la formación tradicional del jurista no incluye el estudio de la Teoría de la Legislación.

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En la mayoría de las escuelas de leyes nos enseñan más a interpretar la ley, en el mejor de los casos. Pero, incluso, ni siquiera se tiene un programa fundamental de la Teoría de la Interpretación. Eso también lo que tenemos que ir aprendiendo en la práctica.

Dicho de otra manera: los juristas salimos de la universidad sin saber hacer leyes ni interpretarlas, mucho menos entender su eficacia. Pero el mundo de las leyes es lo primero, lo último y lo de siempre que enfrentamos los juristas para servir a la comunidad. Muchos profesionales de la ley, por tanto, hemos tenido que ir aprendiendo las técnicas legislativas en la realidad, con grandes maestros o profundizando nuestros conocimientos en los estudios de posgrado.

En mi caso, he tenido mucha fortuna. Ha sido una gran experiencia, nacional y local, el tener la oportunidad de participar en procesos legislativos de grandes cambios constitucionales y legales. Un buen jurista debe saber hacer buenas leyes, códigos, reglamentos, sentencias y contratos. En todo eso nos deben entrenar más.

La ley es la voluntad general. Es la que nos permite resolver, en forma previsible y razonable, los conflictos de la sociedad. Hacerla, además, con la participación de la comunidad es un derecho fundamental. Las personas, en efecto, tienen derecho a participar por una sencilla razón. La ley nos puede perjudicar, ergo, tenemos derecho a que la conformemos con nuestras opiniones e intereses para deliberar la solución justa que nos va a gobernar. Es así como se regula una sociedad libre e igualitaria.

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Existen, sin embargo, cuestionamientos permanentes de la sociedad a la hora de participar en la elaboración de leyes. Por lo regular, la sociedad civil no cree en las consultas legislativas. Siempre dicen: participamos en los foros, los funcionarios vienen a tomarse la foto y luego deciden las leyes sin tomar en cuenta nuestra opinión. Los actores sociales, por tanto, no participan mucho en estos procesos porque sienten que no se les toma en cuenta.

Es cierto. Resulta, sin duda, complejo que una sociedad, en sus diferentes sectores, se organice para que participe en las elaboraciones de las leyes. Es parte de la construcción de una nueva cultura de democracia participativa que, con seriedad, asegure el derecho de las personas a ser tomadas en cuenta para gobernar la comunidad.

CULTURA AIDH

En la consolidación de la AiDH, durante la última década, el cuerpo académico ha ido ensayando diferentes modelos de participación social para elaborar leyes, políticas públicas o participar en la justicia. Es un modelo nacional.

La AiDH no sólo ha generado modelos de diálogo relevantes para que las víctimas de violaciones graves a sus derechos puedan implementar una agenda de protección de sus derechos en forma efectiva. También han construido leyes, políticas públicas y programas de derechos humanos que tienen un impacto importante en la garantía de los derechos. E igualmente ha participado en procesos de justicia para hacer efectivos los derechos en casos concretos.

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Esta conversación social que ha implementado la AiDH con rigor académico es parte del buen patrimonio universitario que hace que Coahuila sea un ejemplo nacional. Existen, por supuestos, mayores retos y desafíos en la agenda de los derechos, pero si nos comparamos con otras entidades federativas e incluso con otras regiones de América Latina, las condiciones que hoy tenemos para avanzar son inigualables.

Es una gran satisfacción haber participado en este edificio morado que pronto se va a inaugurar. Me toco poner algunos ladrillos. Eso fue suficiente.