Cooperación entre México y EU, la mejor arma contra los cárteles

La tentación de recurrir a la fuerza militar como respuesta rápida a problemas complejos suele reaparecer en los momentos de mayor presión política. Sin embargo, en el combate al narcotráfico, esa salida no sólo resulta simplista, sino también potencialmente dañina.

Lo anterior puede ser la conclusión de la advertencia que lanzan Christopher Shays y Richard Swett, dos excongresistas de Estados Unidos, de acuerdo con el reporte periodístico que publicamos en esta edición.

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Los dos exlegisladores plantean esa alerta en un artículo publicado en The Hill, al subrayar que una eventual acción militar de Estados Unidos en territorio mexicano sería contraproducente en todos los sentidos y pondría en riesgo avances que hoy son medibles.

Shays y Swett recuerdan una verdad incómoda para Washington: el poder de los cárteles no se origina en México, sino en la alta demanda de drogas en Estados Unidos y en el flujo constante de armas de fabricación estadounidense hacia el sur.

Mientras esos dos factores estructurales no sean atendidos, cualquier intento de imponer soluciones desde el exterior está condenado al fracaso. La experiencia de Venezuela, utilizada en su momento como justificación para una postura más agresiva, dejó claro que la militarización no reduce el consumo ni desmantela redes criminales transnacionales.

En contraste, los datos recientes muestran que la cooperación bilateral sí funciona. Bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha intensificado sus acciones contra el crimen organizado y ha fortalecido la coordinación con agencias estadounidenses. Los resultados son elocuentes: las incautaciones promedio de fentanilo en la frontera se redujeron más de 50 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 771 a 338 kilogramos mensuales, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La DEA, por su parte, reconoce dificultades crecientes para que productores de fentanilo accedan a precursores químicos, así como un aumento en extradiciones y presión financiera sobre los cárteles.

Este escenario explica por qué incluso voces influyentes en Washington advierten sobre los riesgos de una escalada militar. Una intervención, aun limitada, violaría la soberanía mexicana y rompería la confianza que sostiene el intercambio de inteligencia, las extradiciones y la cooperación financiera. Además, ignoraría la naturaleza real de los cárteles: no son ejércitos convencionales, sino redes adaptativas capaces de responder con sabotajes logísticos, ataques a infraestructura o desestabilización económica.

En una región profundamente integrada, los costos serían inmediatos. México es el principal importador de gas natural estadounidense y cualquier disrupción tendría efectos directos en los mercados energéticos y en los precios para consumidores de ambos países.

Existe, además, un riesgo político de largo alcance. Una agresión externa podría fortalecer la narrativa de los cárteles como supuestos defensores frente a un enemigo extranjero, debilitando al Estado mexicano y favoreciendo el reclutamiento criminal. La historia demuestra que el crimen organizado prospera cuando se erosiona la legitimidad institucional.

La conclusión es clara: la cooperación entre México y Estados Unidos no es una concesión, sino la herramienta más eficaz contra los cárteles. Apostar por la fuerza militar sería retroceder. El verdadero desafío para Washington está en casa: reducir la demanda de drogas, frenar el tráfico de armas y profundizar una alianza que, con resultados comprobables, ha demostrado ser la mejor estrategia compartida.