Tren Saltillo-Monterrey: Infraestructura ferroviaria que genere derrama local

Los grandes proyectos de infraestructura no solamente constituyen oportunidades relevantes para el desarrollo futuro de las regiones en donde se realizan. También implican la posibilidad de dinamizar la economía local si los recursos invertidos en estos se derraman en esas mismas regiones.

Justamente por ello, múltiples voces han planteado de forma recurrente, desde hace mucho tiempo, la necesidad de establecer reglas –en el esquema de normativas públicas– que privilegien a los proveedores locales al momento de que el sector público adquiere bienes y servicios.

TE PUEDE INTERESAR: Contaminación ambiental: Multar no debe ser el objetivo de la autoridad

No se trata, desde luego, de favorecer a las empresas locales solamente porque forman parte de las comunidades donde se ejerce el recurso. Se trata de privilegiar la competencia de proveedores de la localidad que sean capaces de realizar las obras, o de proveer los servicios a contratarse, en condiciones de competitividad y calidad.

Se trata, en otras palabras, de establecer reglas que deriven en un juego ganar-ganar: el sector público obtiene mejores condiciones en la adquisición de bienes y servicios porque las empresas locales aprovechan sus condiciones de competitividad y el empresariado local gana en experiencia en el desarrollo de proyectos relevantes.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que, en el cúmulo de empresas que participan en la licitación que el Gobierno de la República desarrolla, para adjudicar la construcción de las estaciones del tren Saltillo–Monterrey, no participa ninguna empresa local.

Y es que entre los seis grupos empresariales que acudieron a la convocatoria y, en consecuencia, entregaron una propuesta para ser analizada, únicamente se registraron empresas mexicanas que mayoritariamente tienen su sede en la Ciudad de México, así como cinco firmas extranjeras: dos chinas, dos españolas y una polaca.

No es responsabilidad del Gobierno de la República, desde luego, que las empresas constructoras de Coahuila no hayan concurrido a la convocatoria y, por tanto, no figuren entre las que podrían ser contratadas.

Cabe preguntarse, sin embargo, si se hace lo suficiente para incentivar que la derrama económica representada por proyectos de este tipo beneficie en mayor medida a las regiones donde las obras se desarrollan.

Es claro, desde luego, que habrá una derrama en la región. Se contratará mano de obra, servicios e insumos para la ejecución de las obras. Pero el grueso de la inversión, en términos fiscales, terminará derramándose en otras regiones del país o en el extranjero.

Se trata de una buena oportunidad no solamente para revisar las reglas de asignación de obras, sino también para analizar las políticas públicas de desarrollo económico, a fin de diseñar estrategias que promuevan, desde bases sólidas, que las obras de infraestructura impliquen mayor derrama económica ahí donde se ejecutan.