Corrupción desde lo más alto: el mercado negro del combustible

El mercado negro de combustible ha provocado asesinatos de alto impacto de personas vinculadas a líderes de Morena e investigaciones federales en Estados Unidos. También fue el detonante de la guerra contra el huachicol que decretó Andrés Manuel López Obrador tres semanas después de asumir la Presidencia, con lo cual escondió la incapacidad del nuevo equipo en Pemex de distribuir gasolina, provocando escasez de combustible y racionamientos. Los resultados del combate al robo de combustible vistos, fueron un desastre -hoy hay más robo y pérdidas que en 2018- y la actividad criminal toca alarmantemente a políticos cercanos al Presidente. No obstante, lo que ha sucedido en este sexenio, es mucho más grave y está pasando frente a nuestros ojos: el contrabando de diésel.

Contrabando y robo son dos cosas muy distintas. Todo lo que hemos oído en el sexenio es el huachicol, como coloquialmente se conoce el robo de combustible, y en donde participa activamente el crimen organizado. En el primer trimestre de este año el número de tomas clandestinas se había elevado 2 por ciento más que en el mismo periodo en 2023, detectándose 34 tomas clandestinas diariamente. El incremento del robo de combustible y de las tomas clandestinas que existen en 18 estados, rompe récord cada año. El contrabando, más que un delito de crimen organizado es de cuello blanco.

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Para que esto suceda tiene que haber un proceso de importación, en donde Pemex y las empresas privadas autorizadas tienen que importar el diésel, que para que se pueda consumar como delito, se tendría que llenar una consignación que no indique que es un combustóleo fósil que paga aranceles, como por ejemplo, aceite. Además de Pemex, sólo hay seis empresas privadas, parte de consorcios globales, que tienen vigentes sus permisos para comprar diésel en el exterior e introducirlo en México. En algún punto del proceso, donde se involucra al menos una de las siete empresas activas en ese comercio, se comete el delito.

Documentos de los gobiernos de México y Estados Unidos prueban que existe un huachicol fiscal a partir del robo de combustible donde los responsables de este delito que incluye penas de 20 a 30 años de prisión y una multa de 20 mil a 25 UMAs -que equivalen hoy en día a 39 mil 606 pesos cada una-, se mantienen impunes. Es un daño a la Nación cuantioso, porque el contrabando durante el sexenio asciende a casi 12 mil millones de litros de diésel, por lo cual se dejaron de cobrar 71 mil millones de pesos de impuestos especiales, los llamados IEPS.

Los documentos son públicos, de la Secretaría de Energía y de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. Son los datos de importaciones de diésel de Pemex y empresas privadas, y de las exportaciones estadounidenses a México, que muestran cómo corrieron en paralelo hasta 2018, al reportarse 288 mil barriles importados de diésel de Pemex y privados diariamente contra 286 mil barriles exportados por Estados Unidos, que fueron incrementos congruentes durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

A partir de 2019, las cosas cambiaron radicalmente. Las importaciones registradas por la Secretaría de Energía totalizaron 261 mil barriles por día contra 286 mil barriles exportados, una diferencia que se ensanchó aún más en 2020 y 2021, los años críticos de la pandemia del coronavirus, cuando las importaciones fueron de 199 mil y 197 mil barriles diarios, contra 256 mil y 286 mil barriles diarios exportados por Estados Unidos. En los primeros tres años del gobierno de López Obrador, el contrabando de diésel sumó casi 70 millones de barriles al año, que significó una pérdida de IEPS de poco más de 57 mil millones de pesos. En 2022 y 2023 el contrabando se redujo a 15 mil y 21 mil barriles diarios, que representó 13.2 millones de barriles anuales de diésel desviado, que provocó pérdidas al erario de casi 14 mil millones de pesos.

No hay ningún evento en particular que pudiera explicar esta notable disminución en el contrabando, porque los niveles de exportaciones e importaciones entre los dos países se mantuvieron estables desde 2019, y lo único en el campo de combustóleos adquiridos fuera de la ley fue el asesinato en Monterrey de Sergio Carmona, a quien llamaban “el rey del huachicol”, a finales de noviembre de 2021. Carmona, muy cercano al presidente de Morena, Mario Delgado, era el principal operador financiero del partido en el poder en Tamaulipas, y estuvo asociado con otros empresarios que inyectaron recursos a varias candidaturas en el país, incluida una frustrada para la Presidencia.

El contrabando no fue hormiga. En 2019 fue de 25 mil barriles diarios, cerca del 10 por ciento de lo importado; en 2020 alcanzó 57 mil barriles, casi el 20 por ciento de las exportaciones de Estados Unidos; en 2021, el mayor año en que se consumó el delito, sumó 88 mil barriles, cerca del 40 por ciento de lo que se compró en México; con una caída en 2022 a 15 mil, el año más bajo del contrabando, un 5 por ciento de las importaciones, y 21 mil en 2023, menos del 10 por ciento de lo que entró a este país.

No está claro si algunas de las empresas extranjeras con permisos de importación estuvieron implicadas en el contrabando, pero lo que sin tenerse detalles del ilícito es cierto, es que el contrabando se realizó y amparó desde los más altos niveles del gobierno. La Secretaría de Energía y Pemex disponen de toda la información y en algún momento, pensando lo mejor posible, debieron haber notado la discrepancia entre exportaciones e importaciones. Aduanas, que hoy controla la Marina, tuvo que haber registrado en algún momento las falsificaciones en las consignaciones y darse cuenta de que se estaba cometiendo un delito.

¿Quiénes fueron los funcionarios que autorizaron la importación de diésel?, ¿quiénes los que firmaron los documentos de importación?, ¿quiénes no revisaron qué estaba entrando a México?, ¿por cuáles puertos de entrada llegaron? Nada de esto se ha investigado y las pistas no son difíciles de seguir, si realmente existiera la intención de hacerlo.

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