Crimen en Chilpancingo: Un escándalo que no es escándalo
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En un país donde las muertes se han convertido en estadística, el asesinato del alcalde de Chilpancingo tuvo un tratamiento periodístico de mediana relevancia. Ningún periódico generalista de la Ciudad de México, el mercado informativo más grande, salvo Reforma, lo jerarquizó como su noticia principal. La Jornada decidió que era más importante hablar de los pandas chinos que darle un espacio en su doble portada. El Universal, Excélsior y Milenio le dieron una modesta cobertura por debajo del doblez, que es donde menos se fija el lector. El de Chilpancingo, sin embargo, no fue un asesinato como muchos otros, al tener una equivalencia que no habíamos visto: la bota criminal sobre el pescuezo del Estado Mexicano.
Desnudó que quien manda en Chilpancingo −y en Guerrero, para todos los efectos− es el crimen organizado. Expuso de manera dramática la debilidad institucional del estado y el gobierno de opereta que encabeza Evelyn Salgado, que junto con su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, el verdadero poder, se han entregado a la delincuencia. Y aunque es un problema que no nació con su Presidencia, puso a prueba a Claudia Sheinbaum, cuyas primeras declaraciones y acciones han sido tímidas.
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El asesinato de Alejandro Arcos Catalán, este domingo en Chilpancingo, es el síntoma de la enfermedad crónica que vive Guerrero. Pero también marca un hito. Es el primer alcalde en funciones de una capital estatal que es asesinado. Es el primer político de primer nivel a través del cual los criminales mandan un mensaje al decapitarlo y dejar su cabeza sobre el toldo de un automóvil, con su cuerpo en el asiento del copiloto. Igual hacían Los Zetas hace dos décadas para imbuir terror a sus enemigos, copiando el recurso propagandístico de Al Qaeda. Pero en este caso, el aviso no se quedó en los rivales de los criminales, sino que fue también para aquellos que los protegen.
Arcos Catalán fue asesinado seis días después de tomar posesión. Tres días antes, ahí mismo en Chilpancingo, asesinaron a Francisco Gonzalo Tapia, su secretario del Ayuntamiento, el segundo cargo más importante en la naciente administración. Cuatro días antes de la toma de posesión acribillaron en la misma capital a Ulises Hernández Martínez, quien se presumía sería nombrado secretario de Seguridad. En casi una semana, los criminales descabezaron a la parte más alta del organigrama de gobierno municipal y la gobernadora no hizo nada para evitarlo.
Los crímenes de González Toledo y Hernández Martínez eran más que un aviso; integraban una lista de la muerte. Tras el asesinato de su secretario, Arcos Catalán dijo en entrevistas de radio que había buscado a la gobernadora para pedirle protección, pero no le había tomado la llamada. Afirmó también que estaba trabajando de la mano con el Ejército, pero no sirvió de nada porque lo mataron.
Estos crímenes no se fraguaron en las dos últimas semanas. Las condiciones que llevaron a su asesinato probablemente se comenzaron a construir en julio del año pasado cuando se difundieron videos de la entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, en una reunión con Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal Los Ardillos, que en ese momento tenían el control de la capital del estado. Hernández dijo que no sabía con quién se había reunido. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los malos pasos de la alcaldesa, pero los ignoró. En un exceso de imprudencia, se postuló para la reelección, pero la frenaron y la expulsaron de Morena, por “supuestas conductas contrarias a la normatividad interna del partido”, ¡14 meses después!
Si no por diseño, pero sí en los hechos, la clase política guerrerense decidió hacer a un lado a Los Ardillos. Morena y la coalición opositora presentaron a Jorge Salgado Parra y a Arcos Catalán como sus respectivos candidatos, quienes habían trabajado en el gobierno del priista Héctor Astudillo. No parece coincidencia que Tapia y Hernández Martínez también hubieran colaborado en el gobierno de Astudillo, que tenía alianzas con Salgado Macedonio.
Durante su gestión se protegió a Los Tlacos, se contuvo a La Familia Michoacana en Tierra Caliente y se distribuyeron los territorios con Los Ardillos. En la administración de Salgado, aparentemente para reforzar esa estrategia, su padre intentó nombrar como fiscal a un excolaborador suyo en la alcaldía de Acapulco, sospechoso de pactos oscuros con los Beltrán Leyva. El Ejército nombró como fiscal a la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos, quien quería desmantelar la red de protección de Los Tlacos, y logró obtener órdenes de aprehensión contra sus líderes, pese a las presiones y sabotajes de los Salgado, que finalmente lograron que la sustituyera el general de Brigada, Rolando Solano, cercano al exsecretario de la Defensa.
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El equilibrio de fuerzas criminales se mantuvo hasta el relevo en la alcaldía de Chilpancingo, donde Los Ardillos deben haber calculaban que la impunidad de sus líderes era insuficiente porque la nueva administración municipal estaría respaldado por los grupos políticos que permitieron la expansión de Los Tlacos a costa suya. No se ha confirmado que ellos ordenaran el asesinato de Arcos Catalán, pero debería de ser una sólida hipótesis del asesinato.
Sheinbaum dijo que están recopilando información para elaborarla, pero bastaría pedirla a la Fiscalía. El dilema es que calla como López Obrador o actúa en consecuencia, lo que pudiera afectar a la gobernadora y al senador. No parece estar en esa línea, pero si queda impune el asesinato del alcalde, la fuerza de los delincuentes no tendrá freno y más adelante podría darse el asesinato de un gobernador o gobernadora, o alguien más arriba, cuando el poder político no se someta al poder criminal.
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