Crisis migratoria: La seguridad de los deportados no se puede delegar

El gobierno de México está tratando de prepararse para la crisis migratoria que viene. Será un reto inmenso. Lo primero que hay que entender es que la crisis no será una sola. Tendrá que atender distintos fenómenos al mismo tiempo. Todo parece indicar que, sin mayor discusión, México ha vuelto a acceder a la puesta en práctica del polémico programa “Permanezca en México”, que obliga a decenas de miles de migrantes a esperar la posibilidad −ahora, prácticamente nula− de pedir asilo en Estados Unidos. La implementación anterior del programa, a la que accedió Andrés Manuel López Obrador, derivó en una crisis humanitaria en la frontera norte, con innumerables casos de abuso, secuestro, extorsión y esclavitud sexual. El gobierno ahora promete trato “humanitario”. Lo mismo dijo el anterior.

Habrá que ver cómo lo garantiza.

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El otro lado del desafío migratorio será la deportación de mexicanos que viven en Estados Unidos.

El gobierno de Claudia Sheinbaum parece advertir la magnitud del reto. Para empezar, ha buscado el apoyo de organizaciones empresariales del país y de decenas de empresas para tratar de consolidar un programa de reinserción laboral. Ese espíritu de colaboración es en sí mismo una buena noticia. El gobierno anterior veía con recelo la labor empresarial en ámbitos como éste. Que el gobierno actual reconozca sus límites y busque la cooperación merece reconocimiento.

La Presidenta ha compartido algunos detalles del programa, que comenzará ofreciendo 35 mil plazas potenciales para los mexicanos repatriados, además de un sistema que trate de identificar la labor que la persona repatriada desempeñaba en Estados Unidos, su nivel de escolaridad, su lugar de origen y otros factores similares. Hay confianza en que la cifra de empleos aumente hasta acercarse a satisfacer las necesidades que implica lo que viene (que puede ser, digamos, diez veces más grande que la oferta laboral actual).

Todo esto, insisto, es una buena noticia, pero es indispensable identificar los límites del programa de colaboración con la iniciativa privada y las responsabilidades indispensables que corresponden únicamente al gobierno.

La más importante es la seguridad.

Ni las organizaciones empresariales ni las empresas mexicanas pueden garantizar la seguridad de los miles y miles de mexicanos que serán obligados a tratar de reconstruir una vida en México, un país del que se fueron hace años, o décadas. Esa variable indispensable le corresponde al gobierno mexicano. Por desgracia, a juzgar por la situación actual en México y el desamparo de los migrantes en el país, habrá que esperar lo peor.

El pesimismo arraiga en los hechos. El crimen en México está particularmente bien organizado en su misión de explotar el fenómeno migratorio. Hay redes de extorsión en buena parte del país. Su sofisticación es siniestra: hay redes criminales que dan brazaletes a los migrantes para identificar más fácilmente a los que ya ha extorsionado.

Eso es lo que le ocurre, por ejemplo, a los migrantes del occidente rural de Guatemala, que se endeudan por miles de dólares para pagar a los traficantes de personas. Eso es lo que les ocurre también a los migrantes venezolanos.

Ahora pensemos en los mexicanos deportados.

Pensemos, por ejemplo, en un pequeño empresario de Chicago que ha construido poco a poco una abarrotería y ha pagado con mucho esfuerzo la hipoteca de una pequeña vivienda para su familia. De pronto, este hombre se encuentra deportado en el AIFA. El gobierno lo transporta de vuelta a Michoacán, hasta donde llega (en el mejor de los casos) con la oferta de empleo en un negocio parecido al que tenía en Estados Unidos. Para su desgracia, se encuentra con que en su pueblo michoacano ya no hay nadie de los que alguna vez estaban. Muchos se han ido a Estados Unidos, muchos más se han ido, punto. Está solo mientras escucha que su familia en Estados Unidos necesita dinero para pagar la luz, el agua y la hipoteca (como es evidente, las probabilidades de caer en la pobreza cuando se pierde la fuente de sustento son muy altas).

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Todo empeora cuando cae en la mira de una banda criminal local. El cártel que opera la plaza se entera de que este hombre tiene un negocio en Chicago. A diferencia de los migrantes de Centroamérica, tiene recursos. Es un objetivo claro para una lucrativa extorsión. Este deportado hipotético tiene entonces dos posibilidades: o cede a la extorsión o trata de volver de inmediato a Estados Unidos. Lo primero, lo mete en una espiral intolerable. Lo segundo es, en estos tiempos, una apuesta casi suicida. La reincidencia derivaría en una pena de cárcel en Estados Unidos.

Ese es el desafío real que enfrenta el gobierno mexicano. Tiene que encontrar el modo de garantizar la seguridad de los deportados, para empezar. Y esa responsabilidad no se puede delegar. Sin ese factor central, el ciclo de la migración no se detendrá. Y la crisis humanitaria, que ha implicado ya tantísimo dolor, crecerá de manera exponencial.

@LeonKrauze