Cuando los pueblos pagan las decisiones del poder
Era octubre de 1973 y vivíamos en Rehovot, Israel, cuando estalló la guerra de Yom Kipur. Las sirenas antiaéreas rompían la calma del barrio a cualquier hora, a veces a las tres o cuatro de la madrugada. Corríamos a los refugios con nuestros hijos pequeños en brazos, sin saber qué iba a pasar. Allí nos juntábamos todos: judíos ortodoxos y liberales, palestinos, yemenitas, cristianos y nosotros, una familia mexicana que había llegado a Israel a estudiar. Nadie le preguntaba al de junto en qué creía ni de dónde venía. Teníamos el mismo miedo y, con él, una solidaridad que no he olvidado. Nunca nos cayó una bomba cerca, pero el sonido de aquellas sirenas no se me ha ido.
Más de cincuenta años después, cada noticia de Medio Oriente me devuelve a esos refugios. Pienso en los maestros, los compañeros, los comerciantes y las familias con quienes convivimos. Pienso en los israelíes que hoy vuelven a oír sirenas, y también en los palestinos de Gaza, en los libaneses, los iraníes y los yemeníes que viven a la espera del próximo ataque. Cada uno tiene una historia que no cabe en un titular. A ninguno de esos pueblos se le puede confundir con sus dirigentes. Los israelíes no son Netanyahu, los palestinos no son Hamás, los libaneses no son Hezbolá, y no todos los iraníes están con su gobierno.
La guerra ya no cabe en un solo mapa. Israel y Estados Unidos atacan a Irán; Irán responde. Siguen los combates con Hezbolá y los hutíes disparan desde Yemen. Lo que empezó entre unos cuantos ya alcanza a muchos países, y cada nuevo frente complica el siguiente. Arabia Saudita ha recibido ataques contra instalaciones civiles; Egipto y Jordania tratan de mantener sus compromisos diplomáticos; Turquía cuida su propia seguridad. Cada quien juega su partida, y hablar de “los árabes” como si fueran un solo bloque es no entender lo que está pasando.
Benjamin Netanyahu y Donald Trump cargan con una responsabilidad política particular: fueron ellos quienes decidieron usar la fuerza contra Irán, y las consecuencias se sienten en toda la región. La seguridad de un Estado es un asunto serio, pero no es un cheque en blanco para hacer sufrir a la población civil. Lo mismo vale para los ataques de Irán, Hamás, Hezbolá y los hutíes. No se trata de meter todo en el mismo saco, sino de que cada quien responda por lo que hace y de medir a todos con la misma vara. La vida de una persona no debería valer más o menos según la bandera bajo la que nació. Una vida perdida en Tel Aviv pesa lo mismo que una en Gaza, en Beirut o en Teherán.
También me preocupan los informes de que Rusia y China apoyan a Irán con tecnología o armamento. Conviene ir con cuidado: que haya reportes de asistencia o de envíos de componentes no prueba que esas potencias estén combatiendo, ni confirma cada cargamento de misiles del que se habla. Hace falta rigor antes de dar por ciertas esas versiones. Pero si más potencias entran al juego, la crisis puede empeorar mucho. Y mientras se negocia sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte importante del petróleo que consume el planeta, vale la pena recordar que una guerra regional puede sacudir el comercio y los precios de la energía en todo el mundo, y también en nuestras casas.
¿Qué hay detrás de tanta exhibición de fuerza? Petróleo, rutas marítimas, minerales estratégicos, territorios, mercados. El dinero paga los ejércitos, y los ejércitos protegen el dinero. No digo que todas las guerras se expliquen por la economía; también pesan la seguridad, la historia, el nacionalismo y la religión. Pero sería ingenuo pasar por alto cuánto importa quién controla los recursos y cuánto pesa eso en las decisiones de las potencias. Se pelea por la riqueza de un territorio mientras se destruye la vida de quienes lo habitan. Y casi nunca son los que se benefician quienes ponen los muertos.
Tampoco hace falta una guerra para que el poder haga daño. En América Latina lo sabemos bien: basta un cambio en los salarios, en el empleo o en la protección social para trastornar la vida de millones sin disparar una sola bala. Cuba es el ejemplo más persistente. Lleva desde 1962 bajo un embargo estadounidense que la Asamblea General de la ONU ha pedido levantar una y otra vez. Al gobierno cubano hay que señalarle sus errores y sus restricciones, claro. Pero ¿por qué las familias tienen que pagar por una disputa entre Estados? ¿Qué culpa tienen los niños, los enfermos, los ancianos? Cuando escasean las medicinas, los alimentos o el combustible, quienes lo sufren no son los funcionarios, sino la gente común.
Hay una contradicción que me duele en particular. Algunos gobernantes hablan de defender la vida y la dignidad humana y, al mismo tiempo, aceptan el sufrimiento de pueblos enteros como un costo más de sus estrategias. Esa distancia entre lo que se dice y lo que se hace se vuelve insoportable cuando las víctimas dejan de ser cifras y tienen cara, nombre y familia. En los refugios de Rehovot, la vida del vecino importaba, y a nadie se le ocurría preguntarle de dónde venía. Bastaba con que estuviera ahí, asustado como nosotros.
Tal vez esa sea la lección que les falta aprender a quienes gobiernan: ninguna victoria, sea económica, territorial o militar, devuelve una vida perdida. Las guerras se deciden arriba, pero quienes las pagan, una y otra vez, son los de abajo. Esa es la tragedia.
