Décadas de continuidad: la prioridad de lo visible sobre lo necesario

En la discusión pública contemporánea suelen usarse expresiones como “pan y circo” para describir una práctica recurrente en la política: la tendencia a privilegiar acciones de alto impacto simbólico y mediático por encima de soluciones estructurales. Sin embargo, más que un recurso retórico simplista, esta lógica puede observarse con claridad en la forma en que se priorizan las obras públicas.

La lógica política suele favorecer proyectos que generan visibilidad inmediata: inauguraciones, cortes de listón, fotografías oficiales y resultados que pueden comunicarse con facilidad en el corto plazo. Eso que tanto les gusta a los gobernantes. En contraste, la infraestructura pluvial –esa que ocurre bajo tierra, fuera de la mirada pública– permanece frecuentemente relegada, a pesar de su impacto directo en la vida cotidiana de las ciudades.

No es casualidad. La política, en múltiples ocasiones, ha privilegiado el espectáculo sobre la prevención. Se apuesta por la obra que se ve antes que por la que protege; por el aplauso inmediato antes que por la solución duradera. En ese sentido, la referencia al “pan y circo” resulta útil no como descalificación, sino como una forma de describir una tensión estructural: la que existe entre la rentabilidad política inmediata y la responsabilidad pública de largo plazo.

Sin embargo, la realidad suele corregir esas prioridades. Cuando llegan las lluvias, desaparece el discurso, las avenidas colapsan, los vehículos quedan varados, las colonias se inundan y las pérdidas económicas y humanas se acumulan. Es entonces cuando la ciudad evidencia lo que la política muchas veces evita atender: la fragilidad de su infraestructura y la postergación de decisiones fundamentales.

Lo más preocupante es que esta situación no es nueva, ni accidental. En entidades como Coahuila, donde durante décadas ha gobernado prácticamente una misma fuerza política, se ha consolidado un modelo de gestión caracterizado por la preferencia de obras de relumbrón y de alto impacto visual, frecuentemente asociadas al lucimiento personal o incluso a la rentabilidad electoral, mientras que las inversiones menos visibles –como la infraestructura pluvial– han quedado en un segundo plano. El resultado es una continuidad de problemas que no distingue administraciones, pero sí evidencia prioridades.

Por supuesto, la seguridad pública, la paz social, el crecimiento económico y la estabilidad institucional son temas indispensables en cualquier agenda de gobierno. Sin embargo, concentrar el debate político únicamente en aquello que produce mayor rentabilidad electoral deja fuera problemas estructurales que afectan de manera directa la vida cotidiana de la población.

En este sentido, el problema hídrico no se reduce únicamente a la infraestructura pluvial, sino a un conjunto más amplio de decisiones de política pública que han sido históricamente postergadas. A ello se suma una dimensión adicional que rara vez se discute con suficiente profundidad: la gestión del agua también ha estado atravesada, en distintos momentos y niveles, por dinámicas de concentración de decisiones, contratos y beneficios en manos de unos cuantos actores. Más que un sistema orientado exclusivamente al interés público, en ocasiones ha operado como un campo donde convergen intereses económicos y políticos que terminan influyendo en la forma en que se planea, se ejecuta y se administra este recurso estratégico.

El problema, por tanto, no es únicamente técnico, sino profundamente político; se ha consolidado una cultura de la obra visible, mientras se posterga la construcción de sistemas complejos, menos fotogénicos, pero decisivos para la vida urbana.

Las lluvias, sin embargo, no distinguen entre gobiernos ni discursos. No reconocen colores partidistas ni campañas de comunicación. Simplemente ocurren y exponen lo que no se hizo a tiempo. Es precisamente en estos episodios donde la retórica triunfalista pierde consistencia: las etiquetas de “mejores gobiernos” se confrontan con una realidad que no admite discursos, sólo resultados.

Quizá ha llegado el momento de cambiar el centro del debate público. No bastará con discutir nuevas vialidades u obras visibles: se requiere exigir una política integral del agua, con visión de largo plazo que incluya prevención, territorio, ecosistemas y gestión del riesgo. De otro modo, estos gobiernos no mejorarán absolutamente nada en cuestión de inundaciones y serán incapaces de frenar la autorización de nuevos desarrollos habitacionales o industriales en cauces de arroyos, zonas inundables o áreas con alta vulnerabilidad.

Promover incentivos para instalar sistemas de captación pluvial en viviendas, edificios públicos e industrias, de manera que parte del agua de las tormentas pueda almacenarse y utilizarse posteriormente, disminuyendo tanto el riesgo de inundación como la presión sobre otras fuentes de abastecimiento.

Porque ciudades verdaderamente modernas no son aquellas donde sus gobernantes presumen sus grandes obras para seguir manteniéndose en el poder, sino aquellas que mejor resisten y protegen a su población. Es nada más cuestión de observar las peripecias que tienen que realizar los habitantes de “la mejor ciudad para vivir” (mientras no llueva). Una cosa es cierta: las lluvias no tienen memoria política, pero sí consecuencias; y cada tormenta recuerda, con precisión incómoda, aquello que nunca se construyó a tiempo, la promesa incumplida y la solución que nunca se tomó para hacer que nuestras comunidades vivan mejor. Así las cosas.