Desaparición de personas: un pequeño avance al que aún le falta mucho

En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) publicamos en el 2017 el estudio “El registro estadístico de la desaparición, ¿delito o circunstancia?”, como parte de una serie de investigaciones sobre las desapariciones y las capacidades –reales– del Estado mexicano para prevenirlo, reducirlo y sancionarlo.

Ante dicha publicación, la Comisión Nacional de Búsqueda reaccionó con apertura y disposición a trabajar. Pese a las evidencias de avances y a que nuestro apoyo era totalmente gratuito para el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, en 2018, con la instalación del nuevo gobierno, la CNB rescindió el convenio y se cerró a toda posibilidad de colaboración.

Finalmente, el pasado viernes 27 de marzo el Gobierno Federal presentó su análisis acerca de tal estadística, un informe donde se confirmó todo lo que desde el ONC habíamos publicado 9 años antes.

Según los hallazgos, de las más de 132 mil personas registradas como desaparecidas, un tercio corresponde a registros imposibles de validar; otro tercio a personas que tal vez desaparecieron, pero de las que hay evidencia de que ya no lo están –aunque siguen registradas como desaparecidas–; y el último tercio a “tan sólo” 43 mil casos que, si bien cuentan con registros completos, no se ha logrado su localización.

Antes de celebrar dicha presentación, se debe considerar: 1) Que es una tragedia que en un país existan 132 mil registros de personas desaparecidas. 2) Que si bien en más de 46 mil registros hay información incompleta, no se puede asegurar que sean registros inválidos.

3) Que si un tercio de los registros carece de los elementos mínimos para que el Estado pudiese activarse y localizar a una persona, es porque los usuarios no han sido debidamente capacitados o sensibilizados en el uso adecuado del instrumento. 4) Que si un tercio de los registros es incompleto, también se debe al pobre seguimiento que se le da a cada registro.

5) Que si era tan fácil localizar personas gracias al cruce de datos, ¿por qué nadie lo hizo antes? 6) Que haya indicios de actividad de un ciudadano reportado como desaparecido no implica que sea él y que no siga extraviado. Se debe acreditar la prueba de vida y evitar algún tipo de suplantación de identidad.

7) Que si son 46 mil personas las desaparecidas, las autoridades deben reconocer que son demasiadas para un país no en guerra. 8) Que independientemente de que las personas desaparecidas sean 132 mil o 46 mil, es inaceptable que a ello correspondan sólo 3 mil carpetas de investigación.

Falta un verdadero ejercicio de rendición de cuentas sobre qué sí y qué no se ha hecho; cómo se han usado los recursos; cómo se ha atendido a las víctimas; qué redes de complicidad y corrupción se han desarticulado en las instituciones; por qué no existen personas sentenciadas por el delito de desaparición; qué se planea efectuar para que el delito no siga creciendo y qué recursos extraordinarios se destinarán para tal fin.

Desde el ONC refrendamos la disposición y el compromiso para donarles nuestra experiencia y conocimiento a las autoridades. Estamos conscientes de que un delito que no se atiende está destinado a crecer.

@frarivasCoL

Director del ONC