Desarrollo vs. crecimiento desigual y pobreza
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Es inadmisible que el 80 por ciento de las personas más pobres del mundo (por carencia en ingresos, aunque se relaciona con otras carencias sociales) vivan en zonas rurales, donde el ingreso resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas
El desarrollo y crecimiento desigual de los países −y al interior de ellos− ha colocado el análisis de sus causas como un asunto prioritario tanto en la agenda pública como en la de los gobiernos. Es claro y existe consenso respecto a que la desigualdad surge de condiciones históricas y sociales. Estos aspectos subrayan la importancia de la existencia de las Entidades Fiscalizadoras Superioras (EFS), como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que a través del control externo cuidan que los recursos públicos sean ejercidos con base en las normas que los rigen, preferentemente con enfoques preventivos; en nuestro caso, con fuerte presencia y comunicación con los titulares de los tres órdenes de gobierno y con capacitación continua. La política social es fundamental, pero hay que reforzarla permanentemente. Se requiere política de territorio, no de escritorio.
Las causas de la desigualdad son estructurales y vastas. Al respecto, el libro “Dependencia y Desarrollo en América Latina”, de Henrique Cardoso y Enzo Faletto, presentó la tesis de que se trata de una condición inherente e intrínseca otorgada a la región en la dinámica de la economía global.
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De tal suerte, los países con actividades de alto valor agregado, ya sea por el conocimiento técnico que implica o la etapa de las cadenas productivas de alto valor, se encuentran en una posición privilegiada, que difícilmente podrán alcanzar rápidamente aquellas naciones con tendencia a procesos de bajo valor agregado en la economía global o actividades primarias.
Esta dinámica de la desigualdad no parece tan lejana cuando se analiza la desigualdad económica al interior de cada país, siendo replicada en el comportamiento de las economías nacionales; en un país federal, dentro de cada orden de gobierno.
Los entornos urbanos, casi siempre mejor comunicados entre sí y con actividades de más alto valor agregado que los rurales, producen –en términos nominales y estrictamente económicos– una mayor riqueza.
Si se observa, una parte importante de la población mundial reside en zonas rurales, y estos espacios tienen un “papel central” para asegurar la soberanía alimentaria, así como para el desarrollo en general. A pesar de esto, la población rural se enfrenta a problemas complejos, como el cambio climático, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a servicios como conectividad, educación, atención a salud y servicios básicos, como el agua.
En este contexto, el pasado junio de 2025, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 6 de julio como el Día Mundial del Desarrollo Rural. Se trata de un recordatorio y la puesta en marcha de una agenda de atención pública para resolver la brecha de desigualdad ensanchada entre lo rural y lo urbano. Al final de cuentas, los entornos rurales albergan a una proporción mayor de la población mundial y es inadmisible que el 80 por ciento de las personas más pobres del mundo (por carencia en ingresos, aunque se relaciona con otras carencias sociales) vivan en zonas rurales, donde el ingreso resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas.
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Las poblaciones rurales se enfrentan a un mundo de por sí desigual, que reproduce y maximiza las desigualdades al interior de sus países. Eso ocurre aunque el 80 por ciento de los alimentos del mundo son producidos en explotaciones agrícolas familiares, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). A pesar de eso, la mitad de la población rural en el mundo carece de cobertura sanitaria, frente al 22 por ciento en zonas urbanas.
Por ello, es prioritario que el gasto público sea evaluado por su impacto para garantizar la eficiencia, el aprovechamiento para enfrentar el gran desafío del combate a la pobreza. Así como a la disponibilidad del agua, el acceso a la educación y el apoyo de recursos a la población con menores ingresos.
