Día de la niñez en México: reflexión obligada

Hoy 30 de abril se celebra el día de la niñez en México. Parece un día propicio para, además de festejar con juguetes y dulces a quienes representan el 28 por ciento de la población en el país, hagamos una reflexión sobre el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Apenas el mes pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó un estudio en el que expone cuáles son las condiciones sociales y económicas de la niñez y adolescencia. Además, describe el contexto en materia de educación, salud y alimentación, mostrando las problemáticas que implican riesgos para garantizar estos derechos.

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También se analiza el marco normativo, el diseño y los mecanismos de coordinación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024 (PRONAPINNA 2021-2024), la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) y el presupuesto de la oferta gubernamental para la atención de los riesgos; asimismo se comparten experiencias internacionales sobre políticas, programas y acciones que han resultado efectivos para mejorar el ejercicio de los derechos a la educación, la salud y la alimentación nutritiva y de calidad.

Las conclusiones de dicho estudio revelaron que las personas en etapa de niñez y adolescencia son uno de los grupos de la población que experimentan una mayor desigualdad para el ejercicio de sus derechos, en virtud de los estereotipos relacionados con una incapacidad de tomar decisiones debido a la edad.

Esta situación implica que, hasta 2022, aproximadamente el 45 por ciento de las niñas y niños vivía en situación de pobreza. Además, existe un limitado desarrollo infantil temprano que pone en riesgo el derecho a la educación, lo que se observa de manera acentuada en la edad escolar, sobre todo en aquellas personas que cuentan con alguna discapacidad, pues tienen menores oportunidades para el aprendizaje en casa y su tasa de asistencia escolar es menor, por lo que su acceso a los servicios educativos es limitado y no reciben la atención necesaria para su desarrollo académico.

Respecto a las personas adolescentes se identificó que los hombres enfrentan mayores riesgos de repetir grados, no concluir niveles educativos y obtener peores resultados de aprendizaje, debido a factores como la pobreza, la violencia escolar, las normas de género y la necesidad de trabajar.

El documento enfatiza que las principales acciones gubernamentales, para atender las barreras en el ejercicio de los derechos, tienen que ver con transferencias monetarias que no garantizan el acceso a cuidados o educación, no están condicionados y no cuentan con mecanismos que garanticen la permanencia en el sistema educativo; se identificó que sí existen intervenciones en materia de salud para vigilar el desarrollo infantil y prevenir la condiciones de discapacidad que afecten el desarrollo físico, mental y cognitivo.

No obstante, se identifican vacíos en la atención al abandono escolar debido al embarazo adolescente, así como la ausencia de acciones para prevenir o atender el trabajo infantil.

De igual forma, la mayor parte de la población infantil no tiene asegurado su derecho a la salud, pues viven en lugares que carecen de servicios primarios y no tienen acceso al servicio de vacunación completo; el consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como la falta de actividad física puede exacerbar el riesgo de desarrollar enfermedades y complicaciones, además de que la población adolescente enfrenta retos en materia de salud sexual y reproductiva. Finalmente, los métodos de disciplina violentos siguen siendo una herramienta de crianza, lo que afecta el bienestar mental de las personas en esta etapa de la vida.

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En este rubro existen una mayor cantidad de programas focalizados en las distintas problemáticas que han tenido resultados positivos para atender nutrición de calidad, sobrepeso u obesidad, lactancia materna, servicios de salud sexual y reproductiva, y de atención a violencia.

El estado de cosas actual demuestra que, si bien se ha avanzado en el reconocimiento de dichas personas como sujetos de derecho, persisten retos que deben ser abordados mediante políticas públicas que atiendan de manera integral los problemas que enfrentan en el ejercicio de sus derechos, lo que nos debe preocupar y ocupar como sociedad, pues al cuidar y proteger a cada niña, niño y adolescente estamos protegiendo el futuro.