Encampañados: Elecciones judiciales, un gran reto para la ciudadanía

Opinión
/ 3 abril 2025

La impartición de justicia es una tarea fundamental del Estado que abona a la consolidación de los sistemas democráticos y fortalece el Estado de derecho, por lo que es importante conocer las candidaturas que pretenden acceder a los diversos cargos

Apenas hace dos días iniciaron las campañas para la elección de cargos judiciales en el ámbito federal, cuyo período está marcado del 30 de marzo al 28 de mayo, lapso en el que las candidaturas podrán dar a conocer sus perfiles, sus trayectorias y propuestas para que la ciudadanía pueda elegir, el próximo 1 de junio, a quienes serán las personas encargadas de impartir justicia.

En ese ámbito federal cada ciudadano deberá elegir: a) Ministras y ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, b) Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, c) Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, d) Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e) Magistraturas de Circuito y f) Jueces y juezas de Distrito.

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Para ello se diseñaron seis boletas distintas, cada una con un color específico (morado, verde menta, verde turquesa, coral, rosa y amarillo) que contiene el nombre de la elección, la entidad federativa, distrito electoral, circunscripción correspondiente, autoridad postulante y nombres completos de las candidaturas, además contarán con un recuadro en la parte superior, dividido en dos, a fin de que el electorado pueda poner ahí el número asignado a la candidatura de su preferencia, ya que todas estarán identificadas con un número de uno o dos dígitos.

Además de lo anterior, la ciudadanía de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas también deberán elegir integrantes de los Poderes Judiciales locales.

No habrá financiamiento público o privado para las campañas, por lo que las candidaturas deberán financiarlas con sus propios recursos hasta por los montos marcados como topes para cada tipo de candidatura, siendo el menor de 220 mil 326.20 pesos para Juzgados de Distrito y el máximo de un millón 468 mil 841.33 pesos para ministras y ministros de la Suprema Corte.

Habrá que considerar también que las candidaturas no pueden comprar anuncios en radio y televisión, ni pagar publicidad en medios, imprimir propaganda en materiales distintos al papel, además de que deberán cumplir con las restantes reglas sobre propaganda electoral para cualquier otro tipo de elección, conforme al catálogo de infracciones publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para este inédito proceso.

Estas peculiaridades representan un gran reto a la ciudadanía que deberá informarse de una cantidad mayúscula de perfiles y cargos, cuya información podrá encontrar mayormente en redes sociales, en donde se centrará gran parte de la actividad de las campañas y en foros o espacios públicos donde las mismas participen.

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Ante tal reto, se ha difundido con especial énfasis la plataforma Conóceles, la cual contiene información curricular de todas las candidaturas y que puede ser filtrada por entidad federativa, sección electoral, sexo y poder de la unión postulante; dicha plataforma había sido utilizada en procesos anteriores como una herramienta de información y transparencia en la presentación de las candidaturas que, si bien ha sido útil, en sus inicios no tuvo mucho auge entre las candidaturas ni entre la ciudadanía, debido a que en esas elecciones sí había más opciones para hacer campaña.

La impartición de justicia es una tarea fundamental del Estado que abona a la consolidación de los sistemas democráticos y fortalece el Estado de derecho, por lo que es importante conocer las candidaturas que pretenden acceder a los diversos cargos que se elegirán el próximo 1 de junio, por ello es de suma importancia utilizar las fuentes de información a nuestro alcance para conocer, evaluar, discernir y elegir a las personas que en el futuro realizarán esta importante labor.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila; Maestra en Justicia y Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste; Especialista en Justicia Electoral y Maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral y Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.

Es magistrada en el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Fue consejera del Instituto Electoral de dicho estado de 2015 a 2020. Con anterioridad a este nombramiento, se desempeñó como secretaria general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila, además durante periodos de licencia fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Monterrey del TEPJF, en la cual se encuentra habilitada, para dicho cargo, al día de hoy. También laboró en el Poder Judicial del Estado de Coahuila en diversos cargos judiciales en la Sala Colegiada Civil y Familiar y en juzgados del fuero común en materias Civil, Mercantil, Familiar y Penal.

Entre sus actividades de actualización y formación continua destacan los cursos y seminarios en materia de igualdad de género, derechos humanos, políticas públicas, planeación estratégica, justicia abierta, así como cursos específicos en diversos temas electorales. Además, ha combinado sus responsabilidades como servidora pública con las de docente y ha participado como autora en revistas especializadas en materia electoral y capítulos de obras colectivas.

Forma parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), es fundadora de la Red +Mujeres Coahuila y miembro de la Red de Mujeres en Plural (MenP), Red de Mujeres Líderes de las Américas (MLA), Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos (AMMEL), Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM), la Barra Mexicana de Abogados (BMA), del colectivo 50+1 Capítulo Coahuila y de la Asociación de Licenciadas en Derecho de Coahuila.

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