Día del Trabajo: A propósito del 1 de mayo

Antes de la incorporación del Artículo 123 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el país vivía un contexto de profunda desigualdad laboral, caracterizado por largas jornadas, bajos salarios y ausencia de derechos para los trabajadores.

Este escenario dio lugar a conflictos sociales como la Huelga de Cananea y la de Río Blanco, ambas reprimidas violentamente, pero fundamentales para visibilizar las condiciones de explotación. A ello se sumaron propuestas reformistas como el Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, que ya planteaba demandas como la jornada de ocho horas y el salario mínimo. Estas tensiones sociales desembocaron en la Revolución Mexicana, un movimiento que no sólo buscó cambios políticos, sino también justicia social y laboral. En este contexto, el Constituyente de 1917, reunido en Querétaro, incorporó por primera vez derechos laborales a nivel constitucional, dando origen al Artículo 123 como respuesta a décadas de luchas y exigencias de los trabajadores.

Sin embargo, lo que nació como una conquista social frente a la explotación terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una promesa incumplida. La historia del Artículo 123 no sólo explica su origen, también exhibe su contradicción actual: derechos conseguidos que hoy no se garantizan plenamente.

En México, la justicia laboral es un caso ejemplar de simulación institucional: un sistema que presume derechos avanzados, pero que en la práctica deja a millones de trabajadores sin protección real. No se trata de falta de leyes, sino de algo más incómodo: la normalización de su incumplimiento.

Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el país ha sostenido un discurso progresista en materia laboral. El Artículo 123 convirtió a México en referente internacional, pero más de 100 años después, ese logro histórico funciona más como símbolo que como realidad. La distancia entre lo que la ley promete y lo que el trabajador vive es, sencillamente, insostenible. Néstor de Buen Lozano lo advirtió hace décadas: el derecho laboral mexicano es protector en el papel, pero débil en su aplicación.

Lo grave es que esa debilidad no se ha corregido; se ha institucionalizado. Se ha vuelto parte del funcionamiento normal del sistema. Durante años, esa lógica permitió prácticas abiertamente contrarias al espíritu de la ley. La reforma laboral de 2019 se presentó como una ruptura con ese pasado. Nuevas instituciones, tribunales, voto sindical libre, organismos como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sin embargo, cambiar las reglas no cambió las prácticas.

Los datos confirman lo que la experiencia cotidiana ya muestra. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor del 55 por ciento de los trabajadores en México se encuentra en la informalidad (ENOE, 2025). Es decir, más de la mitad de la fuerza laboral está fuera del alcance efectivo de la ley. No es una falla menor, es la evidencia de que el sistema laboral no cubre a la mayoría.

La Organización Internacional del Trabajo ha sido clara: la informalidad implica exclusión de derechos. En términos simples, en México hay millones de personas que trabajan, pero que jurídicamente están desprotegidas. Hablar de justicia laboral en ese contexto resulta contradictorio. Y aun dentro del empleo formal, la situación dista de ser satisfactoria. Salarios bajos, jornadas extendidas, inestabilidad. El empleo existe, pero no garantiza bienestar. Trabajar no asegura una vida digna; en muchos casos, apenas permite sobrevivir.

Este es el punto donde el discurso se rompe por completo. Porque la justicia laboral no se mide por lo que dicen las leyes, sino por cómo viven los trabajadores. Y en México, muchos viven con ingresos insuficientes, sin capacidad de ahorro, con miedo constante a perder el empleo. En ese contexto, exigir derechos no es una opción real: es un riesgo.

Aquí es donde el papel del sector empresarial deja de ser secundario y se vuelve central. La Ley Federal del Trabajo no se incumple sola. Detrás de cada omisión hay decisiones. Durante años, parte del empresariado optó por estrategias que privilegiaron la reducción de costos sobre el cumplimiento de derechos. Y lo hizo con márgenes amplios de tolerancia institucional. Hoy, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ha introducido cierta presión externa. Pero depender de mecanismos internacionales para hacer cumplir derechos básicos revela una debilidad estructural: el Estado no ha sido capaz de garantizar por sí mismo lo que la Constitución promete.

Claramente, no se trata de un diagnóstico, sino de falta de voluntad política. México no necesita más reformas simbólicas ni discursos sobre la dignidad del trabajo. Necesita hacer algo mucho más simple y mucho más difícil: aplicar la ley. Sancionar el incumplimiento, reducir la informalidad, fortalecer la inspección laboral y garantizar que los derechos no dependan del tipo de empleo.

Porque mientras la justicia laboral siga siendo selectiva, seguirá siendo injusta. Y mientras millones de trabajadores queden fuera del sistema, la legalidad laboral en México no será un logro histórico, sino una simulación vigente; con todo esto, difícilmente se puede celebrar el Día del Trabajo. Así las cosas.