El costo global del America First

El lema “America First” apareció por primera vez en la política estadounidense a principios del siglo 20, pero se hizo famoso en la década de 1940 con el movimiento llamado America First Committee. Este comité estaba formado por políticos, empresarios y ciudadanos que defendían que Estados Unidos no debía involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, sino concentrarse en sus propios intereses nacionales.

Décadas después, Donald Trump retomó el lema “America First” durante su campaña presidencial de 2016 y lo convirtió en el principio central de su política exterior y económica. Bajo esta idea promovió priorizar la economía y los empleos estadounidenses, renegociar acuerdos comerciales, reducir la participación en algunos acuerdos internacionales y fortalecer el control migratorio. Al momento, ese es el móvil; es lo que usted ha visto que su administración promueve.

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Todo ello teniendo como ruta crítica el desacato a las normas internas de los Estados Unidos y, hacia afuera, de lo estipulado por el Derecho Internacional, que son los principios fundamentales para el funcionamiento de los estados modernos. Desacato total y absoluto a un sistema cuyo objetivo principal es mantener el orden, la cooperación y la paz entre los Estados. Este sistema jurídico, que fue implementado para mantener la paz y evitar conflictos, establece reglas que permiten resolver disputas entre países mediante negociaciones, tratados o tribunales internacionales en lugar del uso de la fuerza; contrario a lo que estamos viendo, en concreto: la fuerza y las armas por encima de la negociación.

Las consecuencias están a la vista. El problema es que no sólo se afecta al país que gobierna, sino a la comunidad internacional, comprometiendo la paz y la estabilidad de las naciones, debilitando las instituciones democráticas, cuestionando e ignorando las reglas del juego, disminuyendo la confianza de la población en las instituciones del Estado. ¿Será consciente de esto?

Y no sólo eso, también ha provocado una polarización social en su país, creando tensiones y protestas en el mundo, generando conflictos, cuestionando la credibilidad del sistema democrático, causando conflictos internacionales, precedentes que otros líderes podrían seguir en el futuro, con el potencial de alterar la forma en que funcionan las democracias. Alguien decía: “Estamos asistiendo al nacimiento de otro orden mundial”, pero no es un orden, es un caos que genera terror y miedo por todas partes, porque pareciera que este nuevo liderazgo mundial está por encima de la normatividad establecida.

Quizá ni lo tenga en cuenta, pero cuando un líder político desafía normas legales o internacionales, el impacto puede ser profundo. Puede afectar la confianza en las instituciones, la estabilidad política y las relaciones entre países. Por esta razón, el respeto a las leyes y al Derecho Internacional es considerado un elemento esencial para el funcionamiento de las democracias y para la convivencia entre los Estados.

Basta con recordar que durante su primer mandato se retiró de varios acuerdos globales, como el Acuerdo de París sobre cambio climático. Esta decisión fue legal desde el punto de vista del Derecho Internacional, porque los tratados suelen permitir retirarse. Sin embargo, muchos países y organizaciones criticaron la decisión porque debilitaba los esfuerzos globales contra el cambio climático. Luego reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladó la embajada estadounidense allí, decisión que fue criticada por varios países y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que el estatus de Jerusalén es un tema disputado en el conflicto entre Israel y Palestina.

Otro aspecto lo representan las políticas migratorias, como las restricciones de entrada a ciudadanos de ciertos países o la separación de familias en la frontera, que fueron criticadas por organismos por posibles conflictos con normas internacionales sobre derechos humanos. Y lo más controversial, las presiones, sanciones y amenazas que ha hecho a otros países, afectando el equilibrio del sistema internacional.

Sólo para quedar claros, no es a él a quien le compete, sino al Derecho Internacional, que regula las relaciones entre Estados y establece principios para evitar conflictos, como el de no intervención, que establece que ningún Estado debe interferir en los asuntos internos de otro. O como la prohibición del uso o amenaza de la fuerza, que en la Carta de las Naciones Unidas establece que los Estados deben abstenerse de usar o amenazar con recurrir a la fuerza contra otros países; por supuesto, asunto que no le ha importado en lo más mínimo.

Ya ni digamos si las amenazas militares son una violación al derecho internacional, ni qué decir de las acciones militares. Ha olvidado, por supuesto, que “el que siembra tormentas, cosecha tempestades”, amenazando a diestra y siniestra, creando tensiones diplomáticas y deterioro de las relaciones entre países involucrados.

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Las organizaciones internacionales pueden emitir declaraciones, recomendaciones o resoluciones, así como promover el diálogo o ejercer presión mediante sanciones, críticas públicas o negociaciones cuando consideran que un gobierno afecta la cooperación internacional. Sin embargo, en la práctica su capacidad es limitada, ya que generalmente sólo pueden recomendar o persuadir sin obligar a los gobernantes y a los Estados a cambiar su conducta.

Una cosa es cierta: la presidencia de Donald Trump puso en evidencia las tensiones existentes entre el nacionalismo político y la cooperación internacional. Analizar este fenómeno permitirá comprender mejor los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas y la importancia de mantener un equilibrio entre los intereses nacionales y el respeto a las normas que regulan las relaciones entre los Estados. Lo que hoy está pasando –la terrible guerra– no se puede ni debe permitirse, pues los costos humanos al momento han sido muy altos y todo a costa del America First. Así las cosas.