El derecho a un hogar: de la especulación a la vivienda adecuada
Cuando el poder político y el negocio inmobiliario son la misma cosa, los intereses personales se imponen y la vivienda se vuelve un privilegio cada vez más caro
El pasado martes (24/03/2028) subí a la máxima tribuna de la Cámara de Diputados para defender una reforma que, aunque para algunos parece un simple juego de palabras, tiene potencial para cambiar la vida de millones de familias. En el Congreso aprobamos modificar la Ley de Vivienda para dejar atrás el viejo concepto de vivienda “digna y decorosa” y transitar hacia el modelo de “vivienda adecuada”.
Para los saltillenses, el problema de la vivienda no es un debate teórico; es una crisis que se sufre todos los días. En nuestra ciudad, el costo de las casas se ha encarecido hasta un 30 por ciento anual. El salario promedio de un trabajador formal ronda los 18 mil pesos mensuales, pero para acceder al crédito de la casa más modesta, que no baja de un millón de pesos, le exigen comprobar ingresos por más de 30 mil. Le piden ganar casi el doble de su salario real sólo para tener un techo.
Esta brecha absurda empuja a nuestra gente a los extremos. Por un lado, tenemos a más de 25 mil saltillenses sobreviviendo en asentamientos irregulares en las faldas de la sierra, sin drenaje y soportando tandeos de agua. Por otro, a los trabajadores que logran comprar una casa en la periferia los condenamos a perder hasta tres horas de su vida todos los días, atrapados en el tráfico para llegar a su empleo en Derramadero o Ramos Arizpe.
¿Cómo llegamos a esto? A nivel nacional, arrastramos el fracaso de la política de vivienda masiva implementada entre los años 2000 y 2012, una etapa donde se priorizó la cantidad sobre la calidad urbana. Se construyeron casas lejos de todo, sin servicios básicos ni transporte, diseñadas únicamente para facilitar el negocio de las constructoras. El saldo de esa ambición desmedida son más de 6.1 millones de viviendas abandonadas en el país.
Y en Coahuila, el problema tiene un agravante. Aunque los medios oficialistas ataquen a quien se atreve a señalarlo, la verdad debe decirse: los empresarios inmobiliarios no deben ser los mismos que gobiernan. Cuando el poder político y el negocio inmobiliario son la misma cosa, los intereses personales se imponen y la vivienda se vuelve un privilegio cada vez más caro, pasando por encima del bienestar de la sociedad, porque eso es lo que beneficia personalmente a quienes gobiernan.
La reforma que acabamos de aprobar viene a corregir este desastre. La frase “vivienda digna y decorosa”, que proviene de la ley anterior, era una aspiración subjetiva que dejaba a las autoridades hacer lo que quisieran sin rendir cuentas, pues no definía exactamente qué quiere decir eso. En cambio, el nuevo concepto de “vivienda adecuada” incorpora siete elementos obligatorios dictados por la ONU: accesibilidad para todos, adecuación cultural en sus materiales, asequibilidad para que pagarla no te deje sin comer, disponibilidad de servicios básicos, habitabilidad para protegerte del clima y el hacinamiento, seguridad jurídica contra desalojos y una ubicación cercana al empleo y fuera de zonas de riesgo.
Al aprobar este dictamen, respaldamos con hechos el proyecto de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien tiene la meta histórica de construir 1.8 millones de viviendas durante su sexenio. Y porque la Presidenta conoce el reto industrial de nuestra región, ha instruido triplicar la meta en Coahuila, proyectando más de 80 mil nuevas casas.
Para lograrlo, le devolvimos el poder al Estado. Facultamos legalmente al Infonavit y al Fovissste para que no sean sólo prestamistas, sino que vuelvan a adquirir suelo, construir directamente y ofrecer esquemas como el arrendamiento social con opción a compra. Este modelo beneficiará especialmente a nuestros jóvenes y a las mujeres jefas de familia.
Hicimos nuestra parte a nivel federal, dotando al país de una legislación de primer nivel que reivindica la vivienda como un derecho humano y no como una mercancía. Ahora, el balón está en la cancha de los estados. Los congresos locales, incluido el de Coahuila, tienen la obligación constitucional de subsanar su atraso y armonizar sus leyes. Saltillo merece dejar de ser el paraíso de la especulación para convertirse en una ciudad donde el derecho a un hogar sea una realidad para todas y todos.
Diputado federal
