La pluralidad que el PRI exige y la que niega en Coahuila
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Recientemente fuimos testigos del rechazo a la propuesta de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Durante el debate público y legislativo, los representantes del PRI repitieron un mismo argumento: afirmaron que nuestro movimiento busca establecer una dictadura (una extravagancia que, repetida mil veces, no deja de sonar ridículo) y acabar con la pluralidad política en el país.
Esta crítica es evidentemente injusta y omite los datos de la realidad. Ignoran que Morena no ha tenido mayoría calificada durante la mayor parte del tiempo que ha sido gobierno a nivel federal. En México no se ha suprimido el debate ni el disenso.
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De hecho, el propio rechazo a la reforma de la Presidenta es la prueba concreta de ello: no se logró la mayoría calificada y la propuesta no avanzó. Si fuéramos la dictadura que denuncian, esa reforma habría sido aprobada sin ningún obstáculo.
Pero es necesario analizar este discurso desde la perspectiva de nuestro estado. Resulta totalmente contradictorio escuchar al PRI defender la pluralidad política a nivel nacional cuando en Coahuila el gobierno del estado está obsesionado con el control político absoluto de la entidad. Acá no quieren dejar nada suelto.
En Coahuila, el gobierno estatal actúa como un operador electoral y como una casa de campaña del PRI. Prácticamente todos los apoyos gubernamentales se entregan a través de las estructuras del partido, utilizando a las conocidas lideresas en mecanismos de coacción del voto.
A esto se suman los esquemas mediante los cuales se exige a los empleados públicos, tanto estatales como municipales, que voten por el PRI. El condicionamiento llega al grado de obligarlos a reunir a una cantidad específica de personas para que también emitan su voto por el partido oficial en el estado, bajo la amenaza de perder su empleo si no cumplen con la cuota, y usan para ellos plataformas tecnológicas donde se tienen que registrar las personas anotadas y subir evidencias del voto. Ha sido denunciado públicamente varias veces, sin que ninguna investigación seria se haya realizado.
Estas prácticas han convertido a Coahuila en el ejemplo del “carro completo”. La falta de pluralidad y el control del Congreso local es tal, que solo en dos periodos legislativos en toda la historia del estado el PRI no ha tenido mayoría calificada.
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Esta situación demuestra que en el PRI no hay ninguna preocupación genuina por la supuesta pérdida de pluralidad ni por la falta de consideración a las minorías políticas a nivel nacional. Lo que vemos es un ejercicio de proyección: acusan a nivel federal las prácticas que ellos mismos aplican rigurosamente a nivel estatal.
La realidad es que Coahuila se beneficiaría mucho de acabar con esa dinámica de concentración absoluta del poder. Un esquema que hoy les permite controlar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y que integra a una buena parte del poder empresarial local, específicamente en su vertiente de los negocios inmobiliarios. Esa situación no es compatible con la pluralidad real de la sociedad coahuilense y mucho más temprano de lo que se imaginan va a cambiar.