El fin de la transparencia en México y el reto de fortalecer el Estado democrático

La transparencia constituye un factor fundamental para el fortalecimiento de la democracia a nivel global, estando estrechamente vinculada al concepto de gobernanza democrática. En este contexto, desempeña un papel crucial al procurar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública generada por las instituciones de la administración pública moderna.

El derecho humano a la información, reconocido por la sociedad y que más tarde se transforma en una política de transparencia, comenzó a gestarse en el siglo 21 como una respuesta al fenómeno de la opacidad en los gobiernos, la ausencia de responsabilidad por parte de los gobernantes y las graves dificultades que enfrenta la administración pública en cuanto a su eficacia, eficiencia y legitimidad.

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En México, la coalición de la sociedad civil conocida como Grupo Oaxaca desempeñó un papel crucial a nivel nacional en el impulso de la Ley de Transparencia y en la creación de un organismo garante encargado de salvaguardar este derecho para los ciudadanos mexicanos. Esta institución, que inicialmente fue el IFAI y actualmente se conoce como INAI, se caracteriza por ser un organismo autónomo, con presupuesto y patrimonio independiente, con el objetivo de resolver las controversias relacionadas con el acceso a la información.

Su conformación y evolución no fue sencilla, para ello tuvieron que realizarse diversas reformas a la constitución, principalmente en el artículo sexto, el cual establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, propiciando que se conformaran organismos garantes en las entidades federativas, que robustecieron sus normativas existentes. Es así como el concepto de transparencia comienza a consolidarse en la ciudadanía, siendo un impulsor para incorporar otros elementos fundamentales de las democracias: como la rendición de cuentas, el derecho a saber, el gobierno abierto, la integridad, el combate a la corrupción y la utilización de la inteligencia artificial en la administración pública, entre otros.

Este proceso no habría sido posible sin el apoyo y la colaboración de diversos actores de la sociedad, como organizaciones civiles tales como Fundar, Artículo 19, CIMTRA e IMCO, entre otras, así como de las universidades públicas y privadas del país y de numerosos académicos que contribuyeron en la elaboración, diseño e implementación de la política de transparencia en México.

De tal forma que la transparencia es un valor en el cual los ciudadanos pueden acceder a la superficie del Estado para conocer y valorar la información pública y, con el apoyo de la tecnología de la información y en la actualidad con la inteligencia artificial, hacer que la sociedad se encuentre más informada, logrando así que esta pueda tomar mejores decisiones respecto al actuar de los funcionarios que laboran dentro de las instituciones públicas.

Por lo que el fin de la transparencia radica en promover el derecho fundamental de los ciudadanos de acceder a la información pública gubernamental, permitiendo así el acceso a los archivos de las instituciones que conforman la administración pública actual. No obstante, este proceso se ve obstaculizado por fenómenos como la resistencia y la opacidad de los funcionarios públicos, los cuales perpetúan la problemática en cuestión.

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Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con una nueva historia que trazar en el camino de este tema, ya que a partir de la ausencia del organismo garante a nivel nacional en puerta, ya no se velará por este derecho de los mexicanos como lo conocimos, sino que será una nueva instancia gubernamental la que asuma sus funciones, y que esto se pueda replicar en las 32 entidades federativas. Ante este escenario, se presentan dos posibles caminos: el primero consiste en esperar las directrices que emita la administración pública federal, mientras que el segundo, similar a la acción tomada por los organismos de la sociedad civil y la academia hace 20 años, implica trazar una estrategia conjunta para seguir fortaleciendo el Estado democrático.

En consecuencia, la participación de la ciudadanía y el conocimiento acumulado por académicos y expertos en la materia son factores esenciales para trazar una ruta efectiva hacia la nueva etapa de la transparencia en México. Este proceso no debe limitarse a un esfuerzo unidireccional del gobierno, sino que debe ser el resultado de una colaboración estrecha entre la ciudadanía como principal beneficiaria de la información pública y de los representantes de las instancias gubernamentales.

El autor es investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH