La desbandada del PRI hacia Morena −conformada por grandes figuras de ese partido, donde incluso hay exgobernadores− se percibe plena de oportunismo.
Sin embargo, la frialdad del recibimiento por parte de Claudia Sheinbaum y de Mario Delgado tiene un tufo de desaire, si es que ellos pensaban que serían recibidos con grandes fiestas.
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No es lo mismo abandonar el PRI por desacuerdos con su partido y otra acercarse a negociar integrarse con el enemigo tradicional. Eso significa traicionar a los votantes que les dieron el cargo, esos que estaban en contra de la 4T. Podrían haberse mantenido como independientes.
Es evidente la falta de cultura política de nuestros gobernantes, que no tienen compromiso moral con ningún proyecto que implique una visión de país.
Nuestros políticos cambian de partido como los deportistas cambian de camiseta cuando los ficha otro equipo.
Nuestra política ha adquirido un significado laboral, por una parte, y empresarial por otra. De ahí se deriva la corrupción, pues los políticos de hoy carecen de convicciones.
A final de cuentas “la chamba” se la da el elector con su voto, pues confía en que dentro del partido político que le respalda va una visión que él mismo como ciudadano y su candidato comparten. Por tanto, cuando cambia de partido dentro de la vigencia del cargo obtenido bajo las siglas de un partido, entonces se da un latrocinio, robo, abuso de confianza lo cual moralmente constituye un delito que no está legislado con la visión jurídica que debiese existir.
Los derechos políticos de la persona en el cargo público no deben estar por encima del compromiso asumido con quien le dio su voto, teniendo otras opciones entre las cuales decidirse.
Incluso, no es lo mismo renunciar a un partido y quedar como independiente, que irse a ofrecer lambisconamente con quien antes era el enemigo a vencer.
El INE debiese promover una legislación que impida a un político en funciones −en cargo de elección popular−, ya sea alcalde, gobernador o legislador, cambiar de partido y si sucede, sancionarlo con la renuncia, pues usurpa el cargo con la encomienda que le otorgó el electorado que le dio el triunfo.
¿Quién es el propietario del cargo? Definitivamente es el ciudadano votante en primer lugar, −y en segundo−, el partido que ejerció su presupuesto invirtiéndolo para ganar la elección.
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Por lo pronto, el electorado, −desde la sociedad civil−, debe castigarlo con el escarnio y señalarlo como un ladrón... sea quien sea.
Un legislador que puede cambiar de partido se presta a que el Ejecutivo pueda comprar su voto en una elección importante, cambiando la correlación de fuerzas que puede impulsar una ley en un sentido u otro.
TRAGEDIA EN TEXCALTITLÁN
Después de la defensa de los pobladores de este municipio en contra de quienes les cobraban derecho de piso y la muerte de once delincuentes, se ha confirmado la desaparición de una familia completa de apellido Huicoechea −conformada por ocho miembros−, además de otras seis personas de esa localidad, sumando en total 14 secuestrados.
De estas víctimas cuatro son menores de edad: Keyli Nataly de año y medio, Dilan Tadeo de 4, Lucero de 13 y Edwin de 14 años. ¿Qué sucederá cuando los medios de comunicación internacionales y la UNICEF descubran que la delincuencia organizada en México arremete contra infantes?
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LA ASF ¿IMPARCIAL?
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se inconformó porque un juez liberó a Rosario Robles de responsabilidades por la “estafa maestra”, sin poder fincarle responsabilidades después de un proceso judicial iniciado hace casi seis años, de los cuales casi tres años ella pasó en prisión.
Sin embargo, no ha investigado a Ignacio Ovalle por su posible responsabilidad en el desfalco de 15 mil millones a Segalmex en este sexenio. Sólo ha involucrado a funcionarios menores. ¿Nunca se enteró Ovalle del destino de este monto siendo el director general? Si no lo supo es malo, pero si lo sabía, aún es peor.
¿A usted qué le parece?
El autor es presidente de la Academia Mexicana de Comunicación
