Pase Turístico Nuevo León: No es turismo, se llama movilidad humana

En noviembre de 2021, los gobiernos de Nuevo León (Samuel García, quien había asumido el cargo un mes antes), Coahuila (Miguel Ángel Riquelme) y Tamaulipas (Francisco García Cabeza de Vaca) se reunieron para hablar sobre seguridad regional. Entre los acuerdos anunciados estuvieron la actualización de los padrones vehiculares, el fortalecimiento de la tecnología para detectar placas y una mayor coordinación entre las tres entidades. No era, entonces, un problema desconocido. Los gobiernos del noreste ya habían reconocido que la movilidad de vehículos entre los tres estados exigía intercambio de información, tecnología y coordinación.

Cinco años después, el gobierno del nuevo Nuevo León propone otra respuesta: un Pase Turístico para los vehículos con placas foráneas. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Los vehículos? ¿La tecnología? ¿El problema de seguridad? ¿O simplemente la voluntad de no continuar una política pública que ya había sido acordada? Porque quizá el problema no sea la amnesia, sino algo más grave: la ausencia de continuidad institucional.

Porque si desde 2021 los gobiernos ya sabían que necesitaban mejores padrones, tecnología para identificar vehículos y coordinación interestatal, la pregunta es inevitable: ¿qué hicieron durante estos cinco años?, ¿por qué ahora el ciudadano tiene que hacer el trabajo que los gobiernos dijeron que harían? ¿Acaso no saben los bromistas gobernantes –que no dejan, cada que se encuentran, de reiterarse la amistad compartida entre ellos y la fraternidad de los estados, con todas las arengas regionalistas de las que hacen uso– que todos los días miles de trabajadores, estudiantes, comerciantes, proveedores, pacientes y familias cruzan las fronteras administrativas entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas? No son turistas, son personas que trabajan, estudian, compran, reciben atención médica, hacen negocios o visitan a sus familias. Está claro, el noreste funciona como una región integrada, aunque sus gobiernos continúen pensando en términos de fronteras estatales.

Una persona que vive en Saltillo y trabaja en Monterrey –y viceversa– no se siente turista. Un estudiante tamaulipeco que acude a las universidades regiomontanas tampoco. Una familia que cruza la frontera estatal por razones médicas, mucho menos. El funcionario ve una placa foránea; el ciudadano ve su vida cotidiana. Sin embargo, para efectos administrativos, todos pueden convertirse simplemente en “vehículos foráneos”. Y ahí está el problema.

Un gobierno tiene derecho a procurar seguridad, identificar vehículos y mejorar sus mecanismos de control. Nadie cuestiona ese objetivo. Lo que debe ponerse en duda es el método. Si ya existen cámaras, lectores de placas, bases de datos, sistemas de inteligencia y antecedentes de coordinación interestatal, ¿por qué la solución tiene que comenzar nuevamente con un trámite que debe realizar el ciudadano? Esta interrogante no corresponde solamente a Nuevo León; aplica también para Coahuila y Tamaulipas.

Porque mientras Nuevo León legisla, reglamenta y prepara la aplicación del ahora famoso Pase Turístico, la respuesta institucional de Coahuila y Tamaulipas ha sido llamativamente discreta. ¿Dónde están los congresos de los otros estados? ¿Dónde están los gobernadores de las entidades que no consensúan con quien impone la nueva reglamentación? ¿Acaso no revisaron el orden del día del 21 de noviembre de 2021? ¿Dónde están los alcaldes de los municipios que mantienen una relación cotidiana con Nuevo León para defender los intereses de sus ciudadanos? ¿Será que también piensan que la angustia y la incertidumbre de muchos, ante medidas que inevitablemente resultarán recaudatorias, son una broma?

Y quizá ahí está el verdadero problema: la falta de sensibilidad y seriedad por parte de quienes gobiernan. El funcionario ve una frontera estatal; el ciudadano, una ciudad a la que necesita llegar. El funcionario ve un registro; el ciudadano, un trámite más. El funcionario ve una política pública; el ciudadano padece sus consecuencias. Esa distancia, entre lo que ve el gobierno y lo que vive la gente, debería preocuparnos mucho más que la disputa partidista alrededor del Pase.

Quizás los gobernantes no se han dado cuenta de que las ciudades crecieron, las economías se integraron y las personas aprendieron a vivir cruzando fronteras estatales que para ellas son apenas líneas en un mapa. Entonces, ¿cuál es el problema concreto que pretende resolver Nuevo León con el Pase Turístico? Si es contaminación, que regulen emisiones. Si es seguridad, que fortalezcan la tecnología y el intercambio de información. Si es estancia prolongada, que busquen métodos para registrar a quienes permanecen. Si es congestión, que diseñen políticas de movilidad. Pero pareciera que el lugar común, la recaudación, es más importante que todo lo demás.

Por otra parte, el asunto es que todo esto evidencia la falta de acuerdos, no sólo entre los municipios de Nuevo León, sino también con los gobernantes de los estados circundantes. Porque si la justificación termina reducida a “porque trae placas de otro estado”, el argumento resulta sumamente débil. Una matrícula foránea no convierte automáticamente a nadie en delincuente, contaminante o infractor, ¿o sí?

En ese sentido, el Pase Turístico no es solamente una discusión sobre placas, sino sobre gestión de gobiernos. En 2021 hablaron de coordinación; en 2026 discutimos sobre permisos y, una vez más, el ciudadano termina pagando las consecuencias de la falta de coordinación, sensibilidad y responsabilidad institucional.

En una región donde las personas cruzan diariamente de un municipio a otro para trabajar, estudiar, comprar o atenderse, una aplicación desigual de la norma terminaría generando incertidumbre. Ahora toca ver cómo defenderán los gobernadores, los congresos y los alcaldes de Coahuila y Tamaulipas a su gente. ¿Lo harán? Al final no hablamos de turismo, sino de movilidad humana. Así las cosas.