El problema está en que la seguridad no nos importa

“Más vale prevenir que lamentar”, reza con sabiduría la voz popular. No hace falta ser particularmente inteligente, ni contar con una preparación académica específica para encontrar, además del acierto, el valor que estas cinco palabras, reunidas en la oración anterior, contienen.

El problema es que, de espaldas al más elemental sentido común, los seres humanos en general, y los mexicanos en particular, decidimos con insana frecuencia desoír el consejo. No es que desconozcamos el aforismo o que no comprendamos su valor, sino que nos queda claro que prevenir no es algo que ocurre sólo con pronunciar la palabra prevención.

Y es que eso requiere mucho más que voluntarismo o buenas intenciones. Prevenir implica un compromiso con la obtención de un resultado concreto que obliga a utilizar un método y a seguir una fórmula para medir constantemente la realidad y contrastarla con aquello que nos propusimos.

Prevenir implica renunciar a la arrogancia de considerar que basta con una idea providencial para corregir lo que está mal, para reencauzar la realidad o para trocar la decepción en motivo de celebración.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que Coahuila lleva más de cuatro años de retraso en el proceso de armonizar las reglas locales con lo establecido por la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, expedida por el Congreso de la Unión en mayo de 2022.

Entre otras cosas, la nueva legislación impuso a todas las entidades de la República la obligación de establecer un “examen de valoración integral”, además de pruebas teóricas y prácticas, como requisito indispensable para expedir licencias de conducir.

¿Por qué razón se estableció ese requerimiento en una Ley como la señalada? Porque históricamente en México la expedición de las licencias de conducir ha sido un procedimiento exclusivamente recaudatorio y, salvo muy contadas excepciones, un mecanismo para garantizar la seguridad en las calles.

La nueva legislación, por otra parte, deriva de los compromisos internacionales que México adquirió al sumarse al Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, cuyo propósito fundamental es reducir, al menos en la mitad, las muertes ocasionadas por accidentes viales.

Porque sí, en nuestro país mueren miles de personas cada año a raíz de accidentes viales que pudieron prevenirse. Y una de las muchas formas de evitar que ello ocurra es que quien no tenga los conocimientos y habilidades mínimos para conducir esté impedido para hacerlo.

La alta siniestralidad en accidentes viales es una realidad que nos golpea cotidianamente en la cara, pero que preferimos ignorar. Por eso en Coahuila seguimos evadiendo la responsabilidad de actualizar las normas y, sobre todo, poner al día los procedimientos para expedir licencias... lo cual sigue costando vidas humanas.