El Senado en la desechada iniciativa de reforma electoral

Luego de numerosos titubeos y esperas, finalmente el 4 de marzo la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados su muy anunciada iniciativa de reformas a la Constitución en materia electoral. Misma que el pasado miércoles fue desechada por no haber alcanzado en dicha cámara la mayoría calificada requerida.

Inmediatamente después de la presentación de la iniciativa presidencial, reiteradamente anunciada y repetidamente pospuesta, aunque también rápidamente desaprobada, aparecieron diversos análisis, estudios e informes sobre aquélla. Son de calidad desigual en cuanto a rigor analítico, extensión y profundidad. Tal vez el más rescatable sea el publicado (en 23 páginas) el pasado día 10 por el Observatorio Permanente de Integridad Electoral, OPINE, aunque sin dejar de tener sus “asegunes”.

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De entrada, ese informe señala que “la iniciativa deja pasar la oportunidad de atender problemas que siguen sin resolverse en la gobernanza mexicana. No hay (en la iniciativa) mecanismos efectivos para frenar la sobrerrepresentación legislativa, no ofrece respuestas integrales frente a la violencia política que golpea los procesos territoriales, se ignora la complejidad técnica que entraña la elección judicial y no propone ningún mecanismo para democratizar la vida interna de los partidos políticos ni para reducir el control que sus dirigencias ejercen sobre candidaturas y recursos”.

Y tiene razón. Salvo por una cosa: más que pretender resolver problemas, el verdadero propósito de la propuesta presidencial fue –y seguirá siendo, ahora con el anunciado plan B– crear las condiciones para la vuelta al partido de Estado.

Aunque la iniciativa presidencial ya fue desechada, vale la pena abordar aquí una de las propuestas que contenía, porque seguramente volverá a ser presentada en un futuro cercano, aunque se supone que no en el llamado Plan B. Es la relativa a la reconfiguración que se pretendió hacer a la composición del Senado. Antes, téngase presente el espectáculo grotesco, denigrante y aun gangsteril que el oficialismo se vio en la necesidad de protagonizar para lograr en septiembre de 2024, en esa Cámara, la mayoría calificada que le permitió aprobar la llamada reforma al Poder Judicial. No quiere el grupo hoy instalado en el poder volverse a exhibir de esa manera con otro ejercicio similar.

Si con su fuerza electoral, actual y previsible en el futuro, Morena calcula que no le será posible asegurar la mayoría calificada de las dos terceras partes del Senado, necesaria para reformar la Constitución, la solución encontrada fue sencilla: modificar el número total de 128 a 96 senadores. Y asunto resuelto.

La iniciativa proponía al efecto que, en lugar de elegirse por cada entidad federativa dos senadores de mayoría relativa y uno atribuido a la primera minoría –más 32 de representación proporcional por lista nacional, para sumar 128 senadores–, se suprimieran los 32 de representación proporcional y quedaran sólo los 96 primeros (dos de mayoría y uno de primera minoría por estado). De esta manera, como Morena considera factible ganar toda elección presidencial en las 32 entidades –que es cuando se elige también a los senadores–, aseguraría de entrada 64 escaños y también la mayoría calificada en esta cámara.

Ese fue sin duda uno de los objetivos centrales de la iniciativa desechada el miércoles. Se alegó que la eliminación de los senadores de representación proporcional o “pluris” obedecía al propósito de que cada estado tenga igualdad de representación en el Senado, como –dicen– dicta la doctrina federalista.

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De no haber sido ese uno de los objetivos centrales de la fallida iniciativa, y que sin duda lo seguirá siendo, ¿estaría Morena dispuesto a aceptar que, para mantener la igualdad de representación por entidad en el Senado, cada estado se convierta en una circunscripción en la que se elijan cuatro senadores por el sistema de representación proporcional pura? De esta manera se preservaría el principio federalista.

O bien, ¿aceptarían Morena y el gobierno que, para efecto de determinar la mayoría calificada en el Senado, en lugar de ser de las dos terceras partes de sus integrantes, fuera de las tres cuartas partes en esta Cámara? Si la respuesta en ambos casos es negativa, quedará claro cuál es el verdadero objetivo de esta propuesta.

Para concluir la presente nota, cabe mencionar que en la exposición de motivos de la iniciativa se encuentra una perla negra. En uno de sus pasajes se lee: “En los 40 años de la oscura etapa neoliberal se modificaron 496 artículos de la Constitución para despojar al pueblo de México de sus derechos y conquistas”. Ah, caray, ¿a qué Constitución se estará refiriendo? Porque la vigente Carta Magna mexicana sólo tiene 136 artículos.